Primer acto. La función interrumpida
El martes 14 de diciembre de 2004 parecía un día cualquiera en la vida de Adela Alvarado. Su hija, Mónica Alejandrina, estudiante de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, salió de casa alrededor de las diez de la mañana. Estaba cerca de graduarse, pero todavía tenía que entregar un trabajo y reunirse con algunas compañeras. Su padre, como hacía habitualmente, le ofreció ir a recogerla más tarde. Ella le respondió que no hacía falta.
“No vayas por mí. No sé a qué hora voy a salir”, recuerda Adela que le dijo. Horas después, cerca de las seis de la tarde, las compañeras de Mónica llamaron a la casa para preguntar por ella. Nunca llegó a la universidad. Su padre salió a buscarla, recorriendo el trayecto que hacía todos los días desde el Estado de México, donde vivía la familia, hasta Ciudad de México. Pensó en un accidente. Caminó la ruta. Revisó hospitales. No encontró nada.
Adela supo entonces que algo estaba mal. “Mónica no era una persona amiguera ni de salir a bailes. No era normal que no regresara a casa”, cuenta. Esa noche, mientras esperaban noticias, reunió a sus hijos para rezar un rosario por el mal presentimiento que tenía.
La familia intentó denunciar la desaparición, pero chocó rápidamente con la burocracia. Primero acudieron a autoridades del Estado de México. Después fueron a Ciudad de México. Les dijeron que no podían levantar la denuncia porque el caso no correspondía a su jurisdicción. En aquel momento, recuerda Adela, no existían mecanismos especializados de búsqueda para personas desaparecidas. “Lo único que podemos hacer es darles esta hoja para que ustedes le pongan una foto y la peguen donde crean”, les dijeron en una oficina de atención.
La familia empezó entonces a buscar por su cuenta. Pegaron fichas en postes, calles y estaciones de transporte. Una mujer aseguró haber visto a Mónica subir a un automóvil oscuro cerca de una estación del Metro. Pero cuando los familiares regresaron a buscar a la testigo, la mujer ya no quiso hablar. “Los habían amenazado”, dice Adela.
Días después de la desaparición, comenzaron las llamadas. Del otro lado de la línea exigían dinero a cambio de Mónica mientras lanzaban amenazas contra ella y la familia. Los mensajes llegaban desde el teléfono celular de la propia joven, lo que para la familia era prueba de que seguía viva y estaba retenida. Con el tiempo también descubrirían otro detalle: un compañero de universidad había entregado el trabajo académico que Mónica llevaba aquel día, aunque ella nunca llegó al campus.
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En aquellos años, la familia depositó sus esperanzas en la Agencia Federal de Investigación (AFI), la institución encargada de combatir secuestros y uno de los cuerpos de seguridad más visibles durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006). La AFI estaba dirigida entonces por Genaro García Luna, quien años después sería condenado en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico. Cuando comenzaron a recibir llamadas exigiendo un rescate por Mónica, los agentes instalaron equipos de rastreo en el pequeño consultorio que el esposo de Adela tenía dentro de la casa. La familia creyó que, por fin, alguien estaba buscando a su hija.
Pero la investigación pronto se estancó. Durante seis meses, la extinta AFI mantuvo a la familia aislada esperando llamadas de rescate. Ante la inacción oficial, fueron Adela y su esposo quienes investigaron por su cuenta: cruzaron registros telefónicos y descubrieron que el aparato de Mónica estaba en manos del compañero de universidad que había entregado el trabajo por ella. “Así como fue la pandemia, así nos tuvieron”, dice Adela. “Nada más imagínate con ese dolor, esa desesperación y esas ganas de buscar”, recuerda.
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El joven argumentó que el celular había sido un regalo de Mónica porque quería alejarse de su propia familia. Para los padres, aquella versión era absurda. Sin embargo, antes de avanzar en la búsqueda, las autoridades concentraron parte de la investigación en descartar a la propia familia como responsable de la desaparición. Tuvieron que presentar cartas, mensajes y pruebas de la relación cercana que mantenían con su hija. “Después de tiempo dijeron: ‘Ah, okay, entonces ustedes no le hicieron nada, vamos a buscarla’”, recuerda Alvarado.
La experiencia, dice, se repite constantemente entre familiares de personas desaparecidas en México, donde muchas autoridades todavía responden con frases que minimizan las denuncias. “No se preocupe, se fue con el novio, al rato regresa y le va a traer un nietecito”, recuerda haber escuchado en muchos casos.
Meses más tarde, el joven fue citado y posteriormente condenado a 21 años de prisión por su participación en el caso de desaparición. Hoy, más de dos décadas después, está a meses de recuperar su libertad, aunque los verdaderos responsables siguen libres, denuncia la madre.
Además, pese a la detención del compañero, sigue sin saberse la suerte y el paradero de Mónica. «Él no ha dicho a quién se la entregó», ha afirmado Alvarado en varias ocasiones.
“A partir de ese momento nuestra vida cambió muchísimo”, confiesa. En 2004, cuando Mónica desapareció, México todavía estaba lejos de reconocer oficialmente la dimensión de la crisis de desaparecidos que hoy vive.
La historia de Adela y de su hija, sin embargo, sería una de las que años después sacaría a la luz internacional el drama de la desaparición forzada, en el documental ‘Tempestad’, de la directora Tatiana Huezo.
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Segundo acto. “Maquillaje”
Adela se maquilla frente a un pequeño espejo en Paseo de la Reforma en Ciudad de México. Una multitud la rodea, pero ella continúa concentrada en su transformación. Es 10 de mayo de 2026 y en México miles de personas celebran a las madres, pero Adela y decenas de familiares de personas desaparecidas desde hace años no celebran y, en cambio, se reúnen en varios puntos del país para intentar hacer visible las desapariciones de sus seres queridos.
Primero la base blanca. Después la boca roja. Luego una peluca colorida y un traje de lentejuelas. Ella es lo único llamativo en una marcha cargada de fotografías de personas y pancartas. El personaje aparece poco a poco: “Salchicha”, la payasa con la que durante años Adela trabajó en espectáculos circenses siguiendo la tradición familiar.
“Desde hace muchos años aquí en México, cuando protestaban los médicos, iban con su bata blanca, su estetoscopio colgado; si iban los bomberos, pues con su casco, su uniforme, su camión. Y entonces cuando sucede lo de mi hija y nosotros queríamos llamar la atención de los periodistas, siendo yo payaso, mi familia payaso, dijimos: pues vamos a vestirnos de payaso, así vamos a llamar la atención”, relata Adela.
“Al pasar las cortinas, Adela se queda atrás y Salchicha está al frente”, dice. “Esa pena y ese dolor deben quedar atrás de esas cortinas”, cuenta.
Hoy vive desplazada tras recibir amenazas relacionadas con el caso de su hija. Dice que ya no se siente segura ni siquiera con los mecanismos de protección que le brindó el Estado.
“Nos dijeron: ‘Ya saben lo que se siente que alguien de la familia no esté. Ahora desaparecemos a la mamá’”, relató. Adela ya no realizó nunca más funciones circenses. La desaparición de Mónica, cuenta, dividió profundamente a la familia y muchos tuvieron que desplazarse por temor a las represalias y amenazas.
A sus casi 70 años, Adela sigue esperando respuestas. Desde hace más de tres años lucha para que las autoridades exhumen un cuerpo que podría ser el de Mónica y le practiquen pruebas de ADN. “¿Y si no es? Ya perdimos más de tres años y hay que buscar otra ruta”, dice.
Dos décadas después, el país acumula más de 128.000 personas desaparecidas y no localizadas, mientras estimaciones independientes calculan que existen más de 70.000 cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado, según documentó en un informe reciente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Una reciente resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) asegura, además, que la desaparición en México se ha convertido en un fenómeno “generalizado” y ligado tanto al crimen organizado como, en algunos casos, a la “aquiescencia” o tolerancia de agentes estatales. El Gobierno mexicano rechazó el informe, calificándolo como “tendencioso” y “sesgado”, insistiendo en que no existe una política de desaparición desde el Estado.
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Tercer acto. “Una vida suspendida”
Adela escucha esas disputas con distancia: “México necesita toda la ayuda que otros países le puedan dar. No es que vengan a meterse físicamente a buscar, pero sí necesitamos orientación sobre cómo identificar tantos cuerpos”, asegura.
Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González Saravia comentó a France 24 que la respuesta institucional frente a las desapariciones ha avanzado en comparación con hace dos décadas, aunque reconoce que la crisis sigue rebasando las capacidades del Estado.
“Desde hace 15 años prácticamente se empezó un proceso de construcción de capacidades de Estado para responder a la problemática de desaparición. Es el impulso de las familias lo que ha llegado a construir todas estas condiciones de búsqueda, investigación e identificación”, reconoció la funcionaria. Sin embargo, advirtió que persisten rezagos profundos, especialmente en la identificación de cuerpos y el acceso a la justicia para las familias.
Para Adela, esa acumulación convierte la búsqueda en una carrera contra el tiempo. “Dicen que, al ritmo actual, se necesitarían más de 50 años para identificar los cuerpos que ya existen”, afirma. “Yo ya tengo casi 70. No voy a aguantar 50 años más”. En ese desgaste, explica, muchas madres buscadoras también terminan desapareciendo de otra forma: asesinadas, enfermas o consumidas por el dolor.
“Todos pensamos lo mismo: si yo me muero, ¿quién va a seguir buscando a mi hijo?”.
“Sí, lo minimizan bastante”, revira Adela al consultarle sobre la respuesta oficial. “Porque nosotros, que conocemos a las familias, sabemos cuántas hay, cuántos son y que además hay familias que por amenazas no han levantado un acta, no han ido a poner su queja. Sabemos que hay familias que no aparecen en las listas, entonces hay más desaparecidos de los que se supone”, asegura.
Después de más de dos décadas buscando, Adela ya no habla solamente de justicia para su hija, sino de supervivencia para las familias que siguen buscando en México. “Es tener una vida suspendida”, dice. “Las familias tenemos un hoyo negro en el alma y ese hoyo negro no se termina hasta que tengamos a nuestro desaparecido con nosotros”, concluye.
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