Hay algo que dice mucho de cómo se encuentra Perú en este 2026: los dos candidatos presidenciales que van al balotaje el 7 de junio llegan con unos porcentajes de apoyo mínimo en la primera vuelta. Sumada la votación de ambos, el resultado es de apenas un 29,22%, el registro más bajo para dos finalistas en la historia del país.
Mientras que Keiko Fujimori obtuvo el 17,19% de los votos en la primera ronda, Roberto Sánchez alcanzó el 12,03%, unos 21.210 votos por delante del político de extrema derecha Rafael López Aliaga.
Entre Fujimori y Sánchez no llegan ni al 30% del electorado. Y sin embargo, uno de los dos gobernará Perú por los próximos cinco años.
En todo caso, ninguno de los dos llega en una posición fuerte. Ambos representan sectores minoritarios de un país que desconfía de su clase política, que ha tenido nueve presidentes en diez años y que el día de las elecciones enfrentó fallas logísticas, colegios que abrieron tarde y un enorme y confuso tarjetón que incluía, por primera vez en más de tres décadas, senadores nacionales y regionales.
Así las cosas, la legitimidad de quien gane el domingo 7 de junio estará bajo la lupa desde el primer día de gestión.
Para el analista político Hernán Chaparro, el problema no es tanto de legitimidad como de capacidad para construir alianzas.
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«Desde 2001, ningún gobierno tuvo mayoría congresal. Los que lograron gobernar fueron los que supieron hacer alianzas, tanto en el Congreso como con sectores sociales», señala Chaparro, profesor e investigador de la Universidad Católica del Perú, en diálogo con France 24.
Los que no lo lograron, agrega, tuvieron lunas de miel cada vez más cortas.
Keiko Fujimori: la herencia como bandera
En 2016, Keiko Fujimori intentó tomar cierta distancia del apellido que carga. Esta vez no.
A lo largo de esta campaña, abrazó el legado de su padre sin miedo, a punto tal que hizo público que Alberto Fujimori, antes de morir en 2024, le pidió que volviera a presentarse. Este es su cuarto intento a la Presidencia y el más abiertamente fujimorista de todos.
Mano dura contra la inseguridad
En su plan de gobierno, «Perú con Orden», la inseguridad es el eje de todo su discurso y en eso tiene respaldo con números: según encuestas recientes, es la principal preocupación de los peruanos, marcados por años de incremento de homicidios y casos de extorsión.
Para atacar el problema de la inseguridad, propone construir cuatro megapenales de máxima seguridad con administración temporal de las Fuerzas Armadas, una red de videovigilancia interconectada en las 24 regiones del país y el despliegue de patrulleros inteligentes.
Además, en el debate del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el pasado 31 de mayo, planteó la posibilidad de desplegar de manera conjunta policías y militares en las calles.
Asimismo, quiere restablecer los «jueces sin rostro», una figura muy cuestionada en los años noventa por vulnerar garantías procesales básicas.
Al incremento de la delincuencia, Fujimori le suma un elemento que resuena en gran parte de América Latina: la migración irregular.
En un país con 1,6 millones de venezolanos, de los cuales cerca del 14% no tiene residencia autorizada, promete expulsar a ciudadanos indocumentados y articular un corredor humanitario para quienes quieran regresar a su país.
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2. Inversión privada, telemedicina y alineamiento con la derecha regional
En economía, apuesta por la inversión privada como motor del crecimiento, con incentivos tributarios y estabilidad macroeconómica como condiciones para atraer capital.
Su plan ofrece también sostener la disciplina fiscal, aunque los economistas han señalado una tensión que no está resuelta: promete obras, infraestructura y programas sociales cuyo financiamiento se desconoce.
En salud, la propuesta más concreta es la telemedicina a escala nacional, que tiene sentido en un país donde la geografía hace que llegar a un hospital pueda implicar días de viaje. También quiere ampliar el programa Beca 18 y fortalecer el fondo para enfermedades de alto costo, un problema crónico que afecta a miles de familias cada año.
En educación, plantea laboratorios digitales en colegios públicos con especial énfasis en zonas rurales y amazónicas.
En lo que refiere a política exterior y geopolítica, Fujimori se encuentra claramente dentro de la ola de gobiernos de derecha que ha ganado terreno en la región. Menciona a Javier Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa y Rodrigo Paz como referentes y busca alinearse con la Administración de Donald Trump. «Faltan Colombia y Perú», dijo antes de la primera vuelta.
Lo que Fujimori no puede controlar del todo es su propio historial. Pasó más de un año en prisión preventiva investigada por lavado de activos en el marco del caso Odebrecht, aunque la causa fue anulada por el Tribunal Constitucional a finales de 2025.
Para una parte del electorado, eso basta para descartarla. Para otra, es precisamente la supuesta persecución política de la que fue víctima lo que la hace creíble.
Roberto Sánchez: del sombrero de Castillo a un discurso moderado
Roberto Sánchez llegó a esta segunda vuelta literalmente con el sombrero de campaña de Pedro Castillo. No es una metáfora: hace campaña con el mismo sombrero característico del expresidente preso y condenado a más de once años por su fallido intento de disolver el Congreso en 2022.
Sánchez fue el único ministro que sobrevivió a los cinco cambios de gabinete del turbulento gobierno de Castillo; y en estas elecciones incorporó en sus listas a dos hermanos del expresidente, a un sobrino y a su cuñada.
Eso le dio una base electoral sólida en el sur andino y en zonas rurales donde el expresidente sigue siendo una figura popular, pero encuentra dificultades para ampliarla hacia el centro urbano. Y eso explica en parte lo que ocurrió en estos últimos días de campaña.
1. Un plan que cambió de un día para el otro
El pasado 1 de junio, horas después del debate con Fujimori, Sánchez presentó un plan de gobierno completamente nuevo.
El documento original que había registrado ante el JNE fue reemplazado por uno de 114 páginas —22 más que el anterior— construido con cuatro agrupaciones aliadas: Ahora Nación, Primero la Gente, Partido Cívico Obras y Venceremos. Lo llamó «programa de consenso».
La Asamblea Constituyente, que en el plan original era el eje central y articulador de todo lo demás, aparece ahora como uno de varios componentes de una reforma democrática más amplia.
La Constitución de 1993, que antes calificaba como ilegítima en su origen, ahora dice que necesita una «reforma de consenso» sometida a consulta popular. El giro es real, aunque incompleto: Sánchez no renuncia a la Constituyente, solo la baja en la jerarquía del discurso.
Para Chaparro, el movimiento de Sánchez revela un rasgo de carácter antes que una convicción programática.
«Es la demostración de que es alguien que gira rápido y que siempre está buscando acumular poder. Usó a Antauro Humala en la primera vuelta y cuando ya no le sirve, lo deja de lado», sostiene el analista.
La pregunta, dice, es si ese giro de último momento será suficiente para convencer al centro.
2. Más Estado, más redistribución y sus propias contradicciones
En economía, su propuesta es la más alejada del modelo actual: mayor presencia del Estado, redistribución de recursos, nacionalización de activos estratégicos, incluido el mayor yacimiento de gas del país. Al mismo tiempo, en el nuevo plan dice que respetará los tratados de libre comercio y la independencia del Banco Central.
En seguridad, su enfoque es más institucional que operativo. Propone la creación de una Policía de Investigaciones y reformar la institución desde adentro, en lugar de construir más cárceles.
En el debate del 31 de mayo, también vinculó el auge criminal a lo que llama «política mafiosa», una lectura que, sin pruebas concretas, vincula la delincuencia con redes de poder que, según él, controlaron el Congreso durante años, incluyendo a Fuerza Popular.
En educación prometió una «revolución educativa» con mejores condiciones para docentes y alumnos. En salud, ampliar la cobertura pública y mejorar las condiciones del personal sanitario.
Su candidatura también tiene sus propias sombras: una investigación fiscal por presunto fraude en aportes de campaña y la cercanía con Antauro Humala. Su relación con el hermano de Ollanta, exreo condenado por la muerte de policías en el alzamiento conocido como el ‘Andahuaylazo’ en 2005, es algo por lo que Sánchez ha sido cuestionado.
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Lo que queda por decidir
El 7 de junio los peruanos elegirán entre dos candidatos que comparten un diagnóstico del país —corrupción, desigualdad, Estado débil e inseguridad—, pero que discrepan radicalmente en las causas y en las soluciones. Ella propone más mercado, más orden y más mano dura. Él plantea más Estado, más redistribución y una nueva Constitución que redefina las reglas del juego.
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Los dos llegan al balotaje con ciertas contradicciones, cuestionamientos y sin una mayoría sólida detrás.
A eso se suma un fenómeno inédito en una segunda vuelta peruana: un sector organizado que llama abiertamente a votar en blanco o anular el voto y que, por primera vez, se percibe como una fuerza con identidad propia.
Lo que sí es seguro es que quien gane heredará un país agotado de la inestabilidad, con nueve presidentes en diez años y un Congreso que ha demostrado ser más un obstáculo que una palanca de gobierno. La pregunta no es solo quién gana el balotaje. Es si el ganador va a poder hacer algo con eso.
Con AP, EFE, AFP y medios locales
