Una larga saga judicial que involucra a uno de los apellidos más potentes de la vida pública colombiana sumó el que podría ser su capítulo definitivo el jueves 4 de junio.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmó la condena de 28 años y tres meses de cárcel contra el ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
El máximo tribunal colombiano ratificó el fallo en segunda instancia, que lo halló culpable de los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambos agravados, por su rol en la creación y el financiamiento del grupo paramilitar ‘Los doce apóstoles’ –creado en 1992 en el municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia, al noroeste del país–, y por estar implicado en el asesinato de Camilo Barrientos, en 1994.
La Corte Suprema rechazó las objeciones de la defensa de Uribe Vélez contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Antioquia el 25 de noviembre de 2025 y consideró al hermano del exmandatario derechista como «coautor penalmente responsable» de los hechos que se le imputan, siendo «delitos de lesa humanidad».
Aunque el alto tribunal consideró que «no procede recurso alguno» contra su decisión, el abogado defensor Jaime Granados, también letrado de Álvaro Uribe Vélez en sus causas judiciales, prometió continuar «defendiendo la inocencia de Santiago, pues los 16 años de conocimiento de este caso nos permiten advertir que está siendo injustamente condenado».
Según informó este viernes 5 de junio el diario colombiano ‘El Tiempo‘, Granados solicitó a la Sala Penal del Supremo que acepte un recurso extraordinario de casación, que es una herramienta judicial cuyo objetivo es revisar si los tribunales inferiores aplicaron correctamente la ley, y no volver a evaluar los hechos ya juzgados.
Las claves del fallo del Supremo contra Uribe Vélez
El inicio de la investigación contra Santiago Uribe Vélez se remonta a 1995, tres años después de la creación del grupo paramilitar ‘Los doce apóstoles’, una organización formada por ganaderos, empresarios, policías y un sacerdote que ejecutó, según el fallo de 605 páginas de la Corte Suprema, «acciones criminales de limpieza social» en diversos municipios del norte del departamento de Antioquia.
Aunque inicialmente la causa fue archivada en 1999, se reactivó a partir de 2010 al conocerse nuevos testimonios que vinculaban al ganadero Uribe Vélez como cabecilla del grupo. Sin embargo, no fue hasta febrero de 2016 que el hermano menor del expresidente colombiano fue encarcelado de forma preventiva por dos años, mientras que el fallo de primera instancia en noviembre de 2024 lo absolvió porque, pese a reconocer la existencia de ‘Los doce apóstoles’, el juez encontró errores procesales y manifestó dudas sobre el principal testigo de la causa.
Un año después, entonces, llegó la sentencia en segunda instancia, a cargo del Tribunal Superior de Antioquia, que fijó la condena de 28 años y 4 meses de prisión, ratificada el jueves por el Supremo.
En su fallo, el máximo tribunal desestimó la consideración de la defensa de que los delitos ya habían prescrito y que Uribe Vélez no debería haber sido juzgado por ellos. Por el contrario, la Corte subrayó que los crímenes imputados al ganadero eran «ultrajes especialmente lesivos de la dignidad humana que degradan de forma grave los más caros intereses del ser humano» y que «se enmarcaron en el ataque sistemático y generalizado contra la población civil del norte del departamento de Antioquia», por lo que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Para el alto tribunal, en el análisis de las pruebas y los testimonios quedó evidenciado «el liderazgo que el procesado ejercía sobre el grupo criminal, junto con la fuerza pública, para coordinar asesinatos selectivos» y, contrario a lo planteado por la defensa, consideró que el Tribunal Superior de Antioquia actuó correctamente al analizar los testimonios en su conjunto, y no por separado como hizo la corte de primera instancia, un error que se traduce en un análisis «parcial y fragmentado» para «magnificar supuestas contradicciones internas y detalles accesorios».
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Del mismo modo, la Corte Suprema rechazó por ausencia de pruebas la teoría planteada por la defensa sobre un supuesto «complot» transnacional –que involucraría supuestamente al Gobierno de Venezuela, narcotraficantes y senadores opositores al uribismo– para conseguir la culpabilidad de Santiago Uribe Vélez; y también desestimó el pedido para absolver al hermano del expresidente colombiano por el homicidio del conductor de bus Camilo Barrientos, al señalar que su nombre integraba una «lista negra» de ‘Los doce apóstoles’, por lo que Uribe Vélez, como líder, tenía control sobre esos listados.
Un reporte del Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), publicado en noviembre de 2025, indicó que las actividades de ‘Los 12 Apóstoles’ resultaron en al menos 525 homicidios, siendo los municipios de Yarumal (181 víctimas), Valdivia (134) y Santa Rosa de Osos (89) los más afectados.
La sombra del paramilitarismo rodea al expresidente Uribe
Tras conocerse la decisión del Supremo contra su hermano Santiago, el expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que es «un tema devastador para mi familia», la cual «está muy abatida» por un fallo que él consideró «muy injusto».
Sin embargo, el dictamen judicial vuelve a extender la sombra del paramilitarismo sobre el exmandario, quien también ha sido denunciado por sus presuntos vínculos con esos grupos armados ilegales en sus años como gobernador de Antioquia (1995-1997, etapa en la que su hermano comandaba ‘Los doce apóstoles’).
Una de esas causas lo relaciona indirectamente con la masacre de El Aro, en la que 17 campesinos fueron asesinados en octubre de 1997, un proceso que se reactivó a inicios de este año.
Otros señalamientos apuntan al impulso que Álvaro Uribe Vélez dio, como gobernador de Antioquia, a las cooperativas privadas de seguridad ‘Convivir’, organizaciones que, según recogió la JEP, funcionaron como una suerte de fachada legal para masacres y homicidios selectivos coordinados por grupos paramilitares.
No obstante esto, hasta ahora no se ha probado la existencia de nexos entre el exmandatario y esas organizaciones armadas.
Por su parte, en su reacción al fallo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró en su cuenta de X que Colombia debe «liberarse de la gobernanza paramilitar que dejó en la región del norte de Antioquia» el grupo de ‘Los doce apóstoles’.
«Yo quiero doblar esa página y garantizar un acuerdo nacional que pase porque esa época no se repita. Las diferencias entre los colombianos no se resuelven destripando al otro sino construyendo una senda segura y permanente de convivencia. Los métodos de Santiago Uribe Vélez no se deben repetir más en Colombia», concluyó.
Con EFE y medios locales
