Duro pronunciamiento de un juez federal al veto migratorio del presidente Donald Trump para personas de 39 países.
En un dictamen recogido en más de 100 páginas, el magistrado, John McConnell Jr., anuló una serie de políticas del mandatario republicano con las que ordenó suspender los procesos migratorios como asilo, residencia y ciudadanía para personas provenientes de las naciones a las que impuso prohibición de viaje, incluidos territorios de África, Asia, América Latina y Medio Oriente.
“Reclama una “autoridad legal y reglamentaria que no posee, toma decisiones sin las explicaciones razonadas que debe proporcionar”
El juez aseguró que se trató de una medida “ilegal” y señaló a Trump de usar “pretextos de seguridad nacional” para interferir en medidas que no le corresponden y sin seguir el debido proceso y evaluaciones necesarias para esos casos.
MacConnell explicó que con esas medidas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) reclama una “autoridad legal y reglamentaria que no posee, toma decisiones sin las explicaciones razonadas que debe proporcionar, actúa sin tener en cuenta los intereses de confianza de los solicitantes que debe considerar y justifica sus acciones con pretextos de ‘seguridad nacional’ que enmascaran sentimientos antiinmigrantes que tiene prohibido permitir que influyan en su toma de decisiones”.
“En términos legales, esto significa que las acciones del USCIS son contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas”, agrega.
El fallo llega tras una demanda presentada el pasado marzo por una coalición de organizaciones de servicios para inmigrantes y sindicatos que impugnaban el conjunto de políticas adoptadas desde noviembre por el USCIS, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.
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«Sumieron la vida de innumerables inmigrantes en un limbo legal”
Trump implementó las medidas tras el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional. Y con ello, dificultaba la permanencia y la entrada al país de inmigrantes de decenas de países.
McConnell, nombrado por el entonces presidente demócrata Barack Obama, afirmó que esas políticas «sumieron la vida de innumerables inmigrantes que viven en Estados Unidos en un limbo legal indeterminado».
El magistrado subrayó que los afectados habían cumplido con los procedimientos legales promulgados por el Congreso y adoptados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración mediante reglamento y, sin embargo, habían estado «atrapados en la espera, durante meses, de solicitudes de beneficios que el USCIS se negaba a resolver».
«La retención de las resoluciones por parte del USCIS no se debe a ninguna irregularidad cometida por estas personas; más bien, surge únicamente del hecho de haber nacido en el país», señaló en referencia a las naciones blanco del veto de Trump.
Ante este panorama, el juez ordena a las autoridades implicadas reiniciar de inmediato esos trámites migratorios.
«El estado de derecho debe aplicarse a todos por igual y, como se evidencia en este caso, el USCIS no ha ‘cumplido la ley’ ni ha ‘actuado correctamente (…) De hecho, la agencia ha violado las mismas leyes de inmigración que el Congreso le encomendó administrar, así como las leyes administrativas que rigen sus acciones», subrayó McConnell.
La presidenta y directora ejecutiva de la ONG Democracy Forward, Skye Perryman, señaló que el dictamen del juez ratifica un principio fundamental: “el Gobierno federal no puede cerrar las vías legales de inmigración ni discriminar a las personas por su origen”.
“Estas políticas ilegales causaron un daño enorme a familias, trabajadores, solicitantes de asilo y comunidades de todo el país, quienes quedaron en la incertidumbre, sin poder trabajar, acceder a protección ni seguir adelante con sus vidas”, remarcó.
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Con Reuters y AP
