“Un cajero automático para ICE”, así han definido los grupos de defensa de los inmigrantes el proyecto de ley de 70.000 millones de dólares que en la madrugada de este 5 de junio recibió el visto bueno del Senado estadounidense, y que permitirá el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
De esta agencia depende precisamente el brazo antinmigración de la Administración Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE, y el llamado zar de la frontera, Tom Homan, celebró la decisión con un mensaje claro.
«Vamos a seguir arrestando gente, vamos a seguir deteniendo gente y vamos a seguir deportando personas», prometió en entrevista con ‘CBS News’.
Con el disenso de un solo senador republicano, la Cámara Alta aprobó por 52-47 un escueto proyecto de una docena de páginas, que se saltó la configuración reglamentaria, que debería incluir detalles e instrucciones específicas, gracias a que la mayoría conservadora activó el proceso de resolución presupuestaria.
Las reservas de los demócratas al paquete, luego de las violentas redadas migratorias que dejaron dos ciudadanos estadounidenses muertos en Minnesota, causaron un cierre parcial del Gobierno federal, por la negativa a financiar el DHS.
Luego de meses de caos en los aeropuertos y de demoras en operaciones de otras agencias como la Guardia Costera o la Administración Federal de Emergencias (FEMA), el Congreso accedió a poner fin al cierre, dejando el financiamiento de la operación migratoria para una votación separada.
La vía rápida para el proyecto bandera
El nuevo paquete se suma a los 170.000 millones de dólares aprobados en la Grande y Hermosa Ley, el proyecto de recortes fiscales, aprobado también por la vía de la resolución presupuestaria el año pasado, y permitirá financiar la aplicación de la ley migratoria hasta el final del mandato de Trump.
Para el presidente, es una importante victoria, porque significa garantizar la ejecución de su proyecto bandera, la deportación masiva más grande de la historia, independientemente de los resultados de las elecciones de medio término y del creciente rechazo que las encuestas muestran hacia esa ofensiva.
Un sondeo de AP y el Centro NORC para Investigación de Asuntos Públicos reveló que 6 de cada 10 estadounidenses consideran que el país ha dejado de ser seguro para los inmigrantes, y que un tercio de ellos (la mayoría de origen hispano) conocen a alguien que ha comenzado a llevar consigo pruebas de ciudadanía o estatus migratorio o lo hacen ellos mismos.
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El financiamiento libera 30.000 millones de dólares para ICE, incluyendo la construcción de nuevos centros de detención, y garantiza recursos para la Patrulla Fronteriza (CBP) incluso más allá del periodo de Trump, hasta 2029.
«Sus opciones son infinitas en cuanto a lo que pueden hacer con este dinero», le advirtió a la agencia AP Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, una organización de defensa de los inmigrantes.
«Es algo tan difícil de aceptar como ciudadano que paga impuestos, que nuestros dólares vayan a esta enorme máquina de deportaciones masivas, mientras los estadounidenses luchan por cubrir los costes sanitarios, tener acceso a comida, mientras pagan tanto en gasolina», se quejó Cárdenas.
En sentido contrario se pronunció el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien celebró que el paquete «garantizará que nuestras operaciones críticas de seguridad nacional continúen a pesar de cualquier intento demócrata de mantener a nuestros grandes empleados patriotas como rehenes en el futuro”.
Los alzados del 6 de enero también cubiertos
Uno de los puntos más polémicos del presupuesto aprobado por el Senado es que no incluyó prohibiciones contra el fondo de 1.800 millones de dólares propuesto por Trump para compensar a sus aliados que actuaron durante la toma del Capitolio, que pueden reclamar indemnizaciones por la supuesta persecución judicial que habrían sufrido durante el Gobierno de Joe Biden.
No incluye tampoco recursos para otro de los proyectos más controversiales de Trump, el salón de baile de la Casa Blanca, cuya seguridad se creía que podría ser financiada mediante este paquete.
Ahora el proyecto debe ser considerado por la Cámara de Representantes, y si ésta da el visto bueno sin objeciones quedará listo para la firma del presidente.
La Administración ha modificado su abordaje de la política migratoria, suspendiendo las cuestionadas redadas y sustituyéndolas por mecanismos que permitan la eliminación de protecciones, incluyendo las demoras en la renovación del estatus de Acción Diferida para los llamados ‘Dreamers’.
Esto deja a los beneficiarios en un limbo migratorio que en cualquier momento puede volverse en su contra. Como ya lo confirmó el DHS, continúan las ferias de reclutamiento y la contratación de nuevos agentes de ICE, lo que significa que seguramente siguen también en pie los planes para nuevas escaladas antinmigración.
Con AP y EFE
