39 días han pasado desde que la Central Obrera Boliviana anunció un paro indefinido, que el presidente Rodrigo Paz ha contestado con diferentes fórmulas: de la búsqueda de consensos a la represión policial.
Este lunes 8 de junio, poco después del mediodía, el mandatario promulgó la denominada Ley de Regulación de los Estados de Excepción, con la que busca responder a la radicalización de muchos manifestantes que llaman a su renuncia.
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La norma faculta al presidente a declarar el estado de excepción por decreto supremo ante riesgos a la seguridad del Estado, amenazas externas, conmoción interna o desastres naturales. En esos casos, brinda a la Policía un rol importante, con respaldo limitado de las Fuerzas Armadas.
En su discurso para anunciar la entrada en vigor del instrumento, también puso en cuestión la presencia de grupos ligados al narcotráfico en el occidente del país y sostuvo que el futuro de Bolivia no puede quedar atado a «recursos de origen ilícito».
La tensión social continúa en alza en Bolivia. Luego de semanas de protestas y bloqueos, las ciudades de La Paz y El Alto encaran problemas de abastecimiento, falta de combustibles y serias dificultades para trasladar productos básicos.
«La aprobación de la ley que reglamenta los estados de excepción podría desalentar a los grupos que usan la fuerza. El Estado boliviano se encontraba maniatado, sin cómo responder», analiza el economista e investigador social boliviano Roberto Laserna.
La promulgación se produce en un contexto de creciente radicalización de las movilizaciones encabezadas por sectores que exigen la salida del presidente Paz y que han desestimado reiterados llamados al diálogo.
Paz endurece su postura: niega su renuncia y habla de “narcoterrorismo”
El presidente Rodrigo Paz gobierna el país desde hace siete meses, sumido en problemas fiscales y de abastecimiento de hidrocarburos. Paz denunció este lunes que «narcoterroristas» impulsan las protestas que exigen su renuncia, las que ahora podrían ser controladas con militares.
“Promulgo esta norma porque está bajo la lógica de defender a las grandes mayorías de aquellos que nos quieren atacar e irrumpir este proceso democrático y constitucional”, dijo Paz en un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo, según reporta el diario local El Deber.
Los cerca de 100 bloqueos liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Campesina ‘Tupac Katari’ y otros movimientos afines al expresidente Evo Morales afectan a ocho de las nueve regiones de Bolivia.
Sin embargo, el economista e investigador social Roberto Laserna analiza que Morales «ha aprovechado el conflicto, pero no ha logrado controlarlo», además señala que la base del expresidente «es pequeña, consistente y cada vez más radical».
“Nuestra mano está extendida para seguir siempre en el diálogo, siempre en el diálogo, pero cuídense de los infiltrados y de los violentos. Y a los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó (Sebastián) Marset, sus días están contados”, aseguró Paz, en alusión al uruguayo señalado de narcotráfico y capturado en marzo pasado en Santa Cruz.
«El presidente Paz responde a un aumento de presión. Algunas ciudades, pero especialmente La Paz están muy afectadas por los bloqueos. Conozco testimonios de personas con días de espera para poder ingresar a la ciudad» detalla Laserna.
Muchos de los sectores movilizados aseguran haber votado por Paz, pero sostienen que sus promesas de campaña siguen sin materializarse.
El conflicto ha escalado desde el pasado fin de semana, cuando miembros de la COB que han sido detenidos en intentos de despeje de las vías han comenzado a denunciar torturas y malos tratos, y aumentado en consecuencia tanto el número de movilizados como de cortes de carretera.
San Julián: un alcalde en la clandestinidad
El intento fallido de desbloquear la carretera que conecta a Santa Cruz con la regió nde Beni, el pasado sábado desató una nueva ola de violencia en San Julián, municipio boliviano clave en la producción de soya del país.
Tras el operativo, grupos afines al bloqueo reforzaron sus posiciones y atacaron varias propiedades del municipio, entre ellas la vivienda del alcalde Carlos Vaca, que fue asaltada y saqueada.
«Yo ahorita estoy en la clandestinidad, hasta que se apacigüen los ánimos. Entraron a mi domicilio, lo saquearon, como lo hicieron en otros domicilios de otras personas que supuestamente habíamos organizado el desbloqueo», comentó Vaca al diario local El Deber.
Según la autoridad local, las agresiones fueron una represalia contra quienes participaron en conversaciones con el Gobierno. Desde entonces, Vaca permanece oculto junto a su familia, mientras que los policías destacados en la zona también tuvieron que retirarse.
Con EFE y medios locales
