Cuando todavía era candidato a la Presidencia de Chile, José Antonio Kast se animó a una apuesta arriesgada: ponerle fecha a sus resultados.
El 25 de agosto de 2025 presentó el «Desafío 90», un plan diseñado por el economista Bernardo Fontaine que comprometía 90 medidas para los primeros 90 días de gobierno en seguridad, migración, economía, salud y vivienda.
Esos 90 días se cumplieron este martes 9 de junio, aunque recién este jueves se cumplen tres meses desde que Kast asumió la Presidencia.
El mandatario derechista llega a la fecha con su ministra de Seguridad ya destituida, una aprobación del 40% y estudiantes manifestándose en la calle.
El documento original del plan, que Fontaine entregó al presidente electo el 9 de enero, nunca se hizo público completo. Eso le permitió al Gobierno administrar qué mostrar y cuándo, pero también alimentó las sospechas de la oposición sobre cuánto había realmente detrás del anuncio.
El propio Kast empezó a estirar los plazos antes de tiempo: en mayo, cuando llevaba unos 50 días en La Moneda, pidió a sus críticos tener paciencia durante seis meses antes de juzgar su gestión.
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Una promesa cumplida de 440
A falta de una rendición oficial medida por medida, la evaluación más detallada que circula es la de sus adversarios políticos.
Doce centros de pensamiento progresistas —Chile 21, Nodo XXI y Rumbo Colectivo, entre otros— revisaron, con apoyo de la fundación alemana Friedrich Ebert, 440 compromisos verificables tomados de las bases programáticas del entonces candidato y de sus 18 planes complementarios.
El informe, titulado «Más allá de la metáfora», concluyó que solo una medida ha sido cumplida por completo: el refuerzo presupuestario de la Contraloría General de la República.
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Casi el 80% de los compromisos, según el estudio, no ha comenzado a ejecutarse, y en una treintena de casos el Ejecutivo tomó decisiones que van en sentido contrario a lo prometido.
El título del informe no es casual. Alude a la promesa de expulsar a 300.000 migrantes irregulares, que el propio Kast terminó describiendo como una «metáfora» una vez que llegó al poder.
La Moneda rechaza ese balance.
En su primera Cuenta Pública ante el Congreso, el pasado 1 de junio, el presidente derechista exhibió avances en control fronterizo, lucha contra el crimen organizado y destrabe de inversiones, al tiempo que anunció medidas nuevas, entre ellas un «registro de vándalos».
Afuera del Congreso, en Valparaíso, sindicatos y estudiantes protestaban mientras él hablaba.
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El golpe vino por el lado de la seguridad
Kast ganó las elecciones con la promesa de mano dura contra la delincuencia. Por eso resultó tan costoso que su primera crisis de gabinete estallara justamente en ese rubro.
El 19 de mayo, con apenas 69 días de gobierno, el presidente le pidió la renuncia a la ministra de Seguridad Pública, la exfiscal Trinidad Steinert, después de semanas de cuestionamientos —incluso desde el oficialismo— por la falta de un plan concreto contra el crimen.
La oposición ya preparaba una interpelación en su contra. Con Steinert también se fue la vocera de Gobierno, Mara Sedini. Ningún presidente chileno había tocado su gabinete tan rápido desde 1990.
«No esperaba hacer este cambio de gabinete», reconoció Kast al anunciarlo, aunque lo justificó por el «sentido de urgencia» que atraviesa el país.
Las encuestas acompañan el desgaste: a fines de mayo, un 39% aprobaba la gestión presidencial y un 56% la desaprobaba.
Y después, la calle
Dos días después de la Cuenta Pública, el 3 de junio, miles de estudiantes universitarios y secundarios marcharon por el centro de Santiago. Fue la primera movilización masiva contra el Gobierno desde el cambio de mando del 11 de marzo, convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) con apoyo de gremios docentes y organizaciones sociales.
El detonante fue el ajuste fiscal. El recorte presupuestario alcanza unos 197.700 millones de pesos chilenos —cerca de 220 millones de dólares— solo en educación, concentrado en la educación superior, y se suma a reducciones en salud pública.
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Para los manifestantes, el argumento del déficit no se sostiene cuando el mismo Gobierno impulsa una rebaja del impuesto a las empresas del 27% al 23% y acaba de autorizar un nuevo endeudamiento.
La marcha, sin autorización en parte de su recorrido, terminó con choques entre encapuchados y Carabineros, hidrantes y gases lacrimógenos en pleno centro de la capital.
Kast no dio señales de retroceder.
Tras el cambio de gabinete defendió las «medidas impopulares» de sus primeros meses como un costo necesario para ordenar las cuentas y recuperar la confianza de los inversionistas.
Kast tiene todavía otra fecha en el calendario, una que fijó él mismo en campaña cuando defendía su plan de recortes: «En 18 meses más, si yo soy presidente, júzguenme y pídanme el cargo». Ese plazo sigue corriendo.
Con medios locales
