La gestación subrogada mueve millones de dólares en todo el mundo y Colombia se ha convertido en uno de los principales destinos de esta industria en América Latina. Sin embargo, el país sigue operando en un vacío legal: aunque la práctica solo está permitida con fines altruistas, agencias intermediarias, clínicas y bufetes de abogados han construido un mercado que puede alcanzar los 100.000 dólares por proceso. Mientras parejas extranjeras viajan al país en busca de tratamientos más accesibles y menos restricciones que en otras naciones, cada vez más mujeres colombianas encuentran en la gestación subrogada una fuente de ingresos en medio de la precariedad económica. Quince años después de que la Corte Constitucional advirtiera la necesidad de regular esta actividad, persisten las dudas sobre quién se beneficia realmente del negocio, qué derechos tienen las mujeres gestantes y cuáles son los límites éticos de una industria en plena expansión. Reportaje de Herminia Fernández y Julián Ramírez Castro para France 24.
Ana González sabe exactamente lo que viene: las inyecciones de progesterona, los controles médicos, nueve meses de un embarazo que no terminará con un bebé en sus brazos. Ya lo vivió. Esta será su segunda vez como gestante subrogada.
No lo llama sacrificio. Lo llama trabajo.
Tiene tres hijos y un salario que no alcanza. Su meta en esta ocasión es diferente: un lote. «Así sea un lote para una casa», dice. «Esa es mi meta». Como ella, cientos de mujeres en Colombia recurren a la gestación subrogada como salida económica, en un mercado que opera sin cifras oficiales: no se sabe cuántas mujeres subrogan, cuántos extranjeros utilizan el proceso ni qué rangos de precios se manejan.
Lo paradójico es que en Colombia la subrogación solo está permitida con fines altruistas. Ana lo sabe. Y aun así, no duda en llamarlo lo que es: «Un empleo más».
El precio de un embarazo en este país varía según a quién se le pregunte. Para Ana, entre 15.000 y 20.000 dólares si todo sale bien. Para las clínicas y bufetes de abogados que coordinan el proceso, hasta 100.000 dólares por contrato. La diferencia entre esas dos cifras revela quién se queda con qué.
Nelfi, una mujer bogotana que se acerca los 40 años, también subrogó. Ella terminó de comprar su casa con el resultado de su primera subrogación. Hoy acompaña a otras mujeres en el proceso y ayuda a padres intencionados a aprender los cuidados del recién nacido. Su postura es favorable a la subrogación, pero no acrítica. «Tenía muy claro lo que iba a hacer: cuidar un bebé que no era mío, protegerlo, dejarlo crecer, nacer y entregárselo», dice. Lo que no tenía tan claro era lo que vendría después. «Se podría mejorar el acompañamiento post-parto de las gestantes», admite con la mesura de quien ya pasó por eso y vio a otras quedarse solas.
El vacío legal que se volvió industria
Colombia no prohíbe la gestación subrogada. Tampoco la permite. Desde 2009, cuando la Corte Constitucional identificó por primera vez el vacío normativo, el país lleva quince años sin respuesta legislativa. El Ministerio de Justicia contabiliza 18 iniciativas presentadas ante el Congreso. Ninguna prosperó.
«No existen cifras confiables en la materia», reconoce el viceministro para la Promoción de la Justicia, Yefferson Dueñas.
En ese silencio creció un mercado. Colombia es hoy uno de los principales destinos de turismo reproductivo en América Latina. Padres intencionales llegan desde Europa, Asia y Estados Unidos atraídos por una combinación difícil de encontrar en otro lugar: costos relativamente bajos, abogados especializados, clínicas consolidadas y una legislación que no cierra la puerta para padres solteros u homoparentales.
Lo que en Italia constituye un delito perseguible en cualquier parte del mundo, y en Francia una práctica restringida, en Colombia es una zona gris que el mercado ha sabido habitar. El proceso completo puede costar hasta 100.000 dólares. La mayor parte de ese dinero no llega a las mujeres que gestan.
Este proceso en Estados Unidos puede costar en promedio 250.000 dólares de acuerdo con el Fertily Center de Las Vegas, restringido a ciertos estados del país.
Subrogar entre la necesidad como motor y el altruismo como condición
Santiago Martínez lleva años acompañando procesos de gestación subrogada en Colombia. Desde su oficina en Bogotá, donde los carteles publicitarios del sector conviven con los expedientes legales, defiende que el proceso puede hacerse éticamente. Pero no esquiva la pregunta incómoda.
«Es verdad que en Colombia estamos en un contexto social muy difícil y habrá personas que lo realizan por razones económicas», admite. «Pero no debe pasar». Para el abogado, la clave está en los filtros: médicos, psicológicos, sociales. Si el proceso se hace bien, argumenta, la motivación altruista puede prevalecer sobre la económica.
El problema es que esos filtros no siempre existen. Y cuando existen, no siempre funcionan.
Diana Bernal, profesora de Bioderecho y Bioética en la Universidad del Rosario en Bogotá, va más lejos. Para ella, el debate no debería centrarse en juzgar a las mujeres que subrogan por dinero, sino en preguntarse por qué lo necesitan. «Muchas cosas en la vida se hacen por razones económicas sin que esto implique que sea ni bueno ni malo», dice. «A la mujer es a la que no tenemos que juzgar».
Lo que sí cuestiona Bernal es a la sociedad que permite que una mujer tenga que prestar su cuerpo para acceder a una vivienda, un derecho consagrado en la Constitución colombiana. En ese sentido, la gestación subrogada no es solo un debate bioético. Es también un síntoma de fallas estructurales en la sociedad colombiana.
El turismo reproductivo, dice, hay que llamarlo por su nombre. «Vienen, y salen del país. Muchas veces ni siquiera están los nueve meses». La regulación, para Bernal, no es opcional. Es urgente.
El viceministro Dueñas comparte el diagnóstico, aunque con más cautela en la solución. El gobierno busca, dice, un camino intermedio: “ni prohibición total ni mercado abierto”. Una regulación con fines altruistas que establezca reglas claras. «Lo que se busca es que no se generen prácticas que comercialicen e instrumentalicen a la mujer».
El sueño de unos, el riesgo de otras
Ben quiere intentarlo de nuevo. Su hija Jingshu, «pacífica y brillante» en chino, tiene pocos meses de nacimiento y es el resultado de un proceso de subrogación en Colombia, y él ya piensa en un segundo proceso. Como padre homoparental, la experiencia en el país, dice, fue positiva por lo que describe como «buena atención médica, abogados eficientes, respeto a las personas LGBTI, la posibilidad real de llevarse a su hija a casa, al otro lado del planeta». Pero reconoce que algo falta. «Esta industria aún necesita ser gestionada de manera adecuada», dice.
La demanda de padres intencionales extranjeros no para de crecer. Las regulaciones se endurecen en Europa y Asia, y cada nueva restricción en otro país es, en la práctica, un cliente más para el mercado colombiano. Las clínicas se consolidan. Los bufetes de abogados especializados se multiplican. Y las mujeres que gestan siguen siendo la parte más expuesta y menos remunerada de una cadena que mueve millones.
Reportaje de Herminia Fernández y Julián Ramírez Castro.
Producción de Julián Ramírez Castro
Cámara de Juan Carlos Zapata
Edición de Diana Rodríguez
