Para Daniel Noboa, Ecuador vive desde 2024 un «conflicto armado interno» entre el Estado y las bandas criminales, que ha llevado al país latinoamericano a, por ejemplo, registrar en 2025 un récord de 9.281 asesinatos.
En ese marco, el jueves 18 de junio, el mandatario derechista declaró la «guerra total» contra esos grupos, luego de que dos sicarios adolescentes mataran a Carlos Alberto Suástegui Villanueva, un supuesto cabecilla de la banda criminal Los Águilas, en la puerta del aeropuerto de Guayaquil.
Mediante el decreto 424, Noboa dispuso una serie de medidas para endurecer su persecución de las organizaciones delictivas, entre ellas, la posibilidad de que militares extranjeros cuenten con inmunidad para participar en operaciones contra esas pandillas en el país.
¿Qué dispone el decreto de Noboa?
El texto reza que «el personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos» por Ecuador.
«Desde hoy los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte y preparado, y que ya no pelea solo»
«A partir de esta decisión, militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad», señaló Noboa en un breve video publicado en redes sociales por la Presidencia del país.
La medida, añadió el mandatario, es «fruto de meses de trabajo, especialmente con la última reunión en el Pentágono«, ocurrida el pasado 15 de junio, junto al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.
De esta manera, prometió Noboa, «desde hoy los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte y preparado, y que ya no pelea solo».
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¿Qué países podrían apoyar militarmente a Ecuador?
En el decreto, la única alusión explícita es a Estados Unidos, ya que destaca como marco tres acuerdos bilaterales que han permitido que miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses y el personal civil del Departamento de Guerra sean habilitados a operar «temporalmente» en Ecuador bajo «privilegios, exenciones e inmunidades» como las que recibe el personal diplomático.
Cabe destacar que Ecuador ya recibe apoyo estadounidense, sobre todo en inteligencia, pero también ha colaborado con acciones en el país, aunque hasta el momento sin la presencia de tropas en el terreno.
El caso más conocido fue la asistencia que un helicóptero militar estadounidense brindó al Ejército ecuatoriano en el bombardeo de marzo de 2026 en un supuesto campamento narco en Sucumbíos, cerca de la frontera con Colombia. Ese ataque, según ‘The New York Times‘, terminó impactando en realidad en una finca lechera.
Del decreto se desprende que esas concesiones que Ecuador garantiza al personal militar estadounidense se extenderán a los integrantes de Fuerzas Armadas de otros países aliados.
En una entrevista con ‘Radio Marejada’ del 3 de junio, Noboa aseguró que, en su cruzada contra los grupos criminales, cuenta con apoyo político o tecnológico de la Europol, Brasil, Israel, Canadá, Estados Unidos y México.
Además, en los últimos dos años, según recopila el medio local ‘Primicias‘, el mandatario ecuatoriano ha firmado pactos de cooperación en seguridad con Francia, Reino Unido, la Unión Europea, Uruguay, Argentina y Perú.
En ninguno de estos casos, aclara ‘Primicias’, se contempla el envío de tropas o de unidades policiales a Ecuador. Esa opción debe quedar consagrada en nuevos acuerdos bilaterales, conforme a la legislación de los países firmantes, que deben ser ratificados en Ecuador por la Corte Constitucional, como ocurrió en el caso de Estados Unidos.
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¿Cuáles son las dudas que se plantean sobre el decreto?
Tanto en Ecuador como en Estados Unidos, la presencia de militares en el terreno para realizar operaciones contra las bandas criminales genera resistencia.
En el país latinoamericano, en el referendo constitucional de noviembre de 2025, un 60% de los ciudadanos votó en contra del establecimiento de bases militares extranjeras. Algunos críticos señalan que las decisiones de Noboa, si bien no han llegado al punto de plantear esa opción, quedan en entredicho con la voluntad expresada en las urnas.
Por otro lado, en mayo de este año, un grupo de al menos 20 congresistas demócratas pidieron en una carta a Hegseth la suspensión «inmediata» de las operaciones conjuntas contra el narcotráfico en Ecuador, alegando el posible incumplimiento de las Leyes Leahy, «que prohíben la asistencia a fuerzas de seguridad extranjeras implicadas de manera creíble en graves violaciones de derechos humanos sin medidas efectivas para llevar a los responsables ante la Justicia».
De manera más amplia, el concepto de «conflicto armado interno» ha sido cuestionado por la Corte Constitucional de Ecuador, que ya ha emitido tres fallos desfavorables contra medidas de Noboa.
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Asimismo, en marzo de este año, ocho relatores especiales de Naciones Unidas cuestionaron, entre otras cosas, que el Gobierno de Ecuador designe a organizaciones criminales como «grupos terroristas» porque esta clasificación podría utilizarse «para justificar medidas ilegales», como restricciones de derechos humanos y utilización ilícita de la fuerza.
Por otra parte, organizaciones defensoras de DD. HH. han denunciado en repetidas ocasiones presuntos abusos por parte de militares y policías y, según recoge Amnistía Internacional, la Fiscalía registra unos 43 casos de posibles desapariciones forzadas desde 2023.
Por último, la propia efectividad de las medidas, del uso de la fuerza y del lenguaje bélico es cuestionada cuando Ecuador mantiene una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina.
Con EFE y medios locales
