Luego de siete semanas de conflicto, el Gobierno de Rodrigo Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) firmaron este viernes 19 de junio un acuerdo para pacificar el país. El pacto se selló en la casa de Gobierno, en La Paz, con la rúbrica del propio presidente y la del máximo dirigente de la central, el minero Mario Argollo, y empezó a destrabar un conflicto que mantuvo cercada la sede del Ejecutivo.
«A partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional«, anunció Argollo ante los medios tras la firma, y aseguró que el Gobierno se comprometió a cumplir de inmediato lo suscrito.
«Con estos 50 días ya no hay más Occidente y Oriente, somos una sola Patria”, expresó Paz, en su discurso en la Casa Grande del Pueblo.
El acuerdo llegó después de una reunión a puertas cerradas entre una delegación sindical y cinco ministros, tras una semana de tira y afloje en la que la cuestión de los detenidos durante las protestas se había vuelto el principal obstáculo.
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La COB reclamaba la libertad de los manifestantes como condición para avanzar, mientras el Ejecutivo se resistía a conceder una amnistía general.
La salida quedó escrita en el acuerdo: una comisión legal integrada por el Gobierno, la COB y el Ministerio Público se encargará de gestionar la liberación de los detenidos y de revisar uno por uno los procesos abiertos.
El pacto, que el Gobierno se comprometió a cumplir en un plazo máximo de 90 días, está compuesto por una larga lista de compromisos.
El Ejecutivo se obligó a no impulsar normas que criminalicen la protesta, a respetar el fuero sindical y a no perseguir en lo judicial ni en lo político a los dirigentes movilizados. En el plano económico, descartó privatizar empresas públicas estratégicas, prometió revisar la ley de pensiones y abrir una mesa para discutir el reparto de recursos entre el Estado central y las regiones, además de medidas contra la suba de precios de la canasta familiar.
Una protesta dividida
El pacto, sin embargo, no apaga el conflicto.
La Federación Departamental de Campesinos de La Paz, que encabeza los bloqueos desde el 6 de mayo, no se sumó al pacto, y los sectores afines al expresidente Evo Morales descartaron sentarse a dialogar. Su reclamo de fondo persiste: que Paz renuncie.
Mientras la COB empieza a levantar sus medidas, estos grupos continúan con los cortes de ruta que todavía golpean al país. El acuerdo con la central obrera, la organización sindical más grande de Bolivia, despeja una parte del tablero, pero los sectores más duros de la movilización no ceden.
Los sectores campesinos cercanos a Evo Morales, a quien el oficialismo acusa de alentar las protestas, mantienen su propio pliego y desconfían de la negociación. Su dirigente Vicente Salazar cuestionó la credibilidad de la COB por sentarse a negociar con el Gobierno y reclamó una amnistía presidencial para los detenidos.
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De una ley de tierras al pedido de renuncia
La revuelta empezó a comienzos de mayo, cuando la COB, la Federación de Campesinos Túpac Katari y otros sectores iniciaron bloqueos indefinidos en el departamento de La Paz.
El detonante fue la promulgación de la Ley 1720, que habilitaba a usar la pequeña propiedad rural como garantía de créditos bancarios, pero que Paz anuló a los pocos días.
Para entonces el reclamo ya había cambiado. A las demandas económicas se sumó una consigna política que unió a gran parte de los movilizados: la renuncia del presidente, en el poder desde octubre tras casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo.
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El trasfondo del conflicto es la peor crisis económica que atraviesa el país en mucho tiempo. La caída de la producción de gas, la escasez de dólares y la falta de combustible erosionaron el poder de compra e hicieron crecer el malestar social que terminó volcándose a las rutas.
Hospitales en emergencia y rutas cerradas
El costo de los 50 días de bloqueos se siente cada vez con más rigor en la vida diaria.
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La Paz y El Alto quedaron casi completamente cercadas, con comercios cerrados y rutas bloqueadas incluso para las emergencias médicas. Los hospitales del departamento llegaron a declararse en emergencia por la falta de oxígeno, medicamentos y alimentos. Se registraron muertes vinculadas a los cortes, entre ellas personas que no alcanzaron a recibir atención médica a tiempo.
La parálisis también golpeó a las exportaciones, sobre todo las mineras, una de las pocas fuentes de divisas que le quedan al país.
Según un comunicado del Gobierno, las pérdidas financieras por los bloqueos de caminos superan los 2.500 millones de dólares.
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Bolivia apunta a «reponer» embajadores con Colombia
El Gobierno de Paz buscará restituir embajadores con Colombiauna vez que se conozcan los resultados de la segunda vuelta presidencial que disputarán este domingo 21 de junio el izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, informó este viernes el canciller boliviano, Fernando Aramayo.
«El momento en que se reconfigure el Gobierno (colombiano), que tengamos el resultado (de la segunda vuelta) y que tengamos un nuevo ministro o ministra de Relaciones Exteriores vamos a extender la mano a Colombia para reponer embajadores», declaró Aramayo durante un encuentro con medios internacionales, en La Paz.
El ministro indicó que cuando se conozca al nuevo Gobierno colombiano, la Administración de Paz le planteará «una relación respetuosa» de la soberanía de Bolivia y «de los canales y los mecanismos diplomáticos» cuando corresponda expresar opiniones respecto a temas de los dos países.
«Somos países que comparten una historia de hermanamiento, relaciones de amistad, económico-comerciales, culturales. Estamos ansiosos para poder abrir los brazos prontamente al Gobierno que se reconfigure, resultante de este proceso electoral que vienen viviendo», añadió.
Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, el pasado 20 de mayo por considerar una «injerencia» las declaraciones del presidente de ese país, Gustavo Petro, quien calificó de «insurrección popular» las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen la renuncia de Paz.
Con EFE y medios locales
