Un estado de excepción después de un acuerdo. La madrugada del sábado 20 de junio, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, decretó el estado de excepción en el país, tras siete semanas de bloqueos de carreteras, movilizaciones y desabastecimiento.
«Llega un momento en que no actuar deja de ser prudencia y se convierte en irresponsabilidad. Ese momento ha llegado», afirmó el mandatario en una alocución televisada, antes de anunciar: «Luego de haber agotado todas las instancias de diálogo, de haber alcanzado acuerdos con quienes tenían demandas legítimas, de haber identificado con claridad a quienes utilizaban la violencia para intentar desestabilizar Bolivia, hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional».
La medida llega horas después de que el Gobierno de Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) firmaran un acuerdo para pacificar el país. El pacto se selló en la casa de Gobierno, en La Paz, con la rúbrica del propio presidente y del máximo dirigente de la central, el minero Mario Argollo, quien manifestó que a partir de ese momento se estaban «levantando las medidas de presión a nivel nacional».
Sin embargo, el texto fue rechazado por los otros dos sectores en conflicto: los sindicatos campesinos de La Paz y los seguidores de Morales (2006-2019).
En consecuencia, Paz declaró el estado de excepción «para liberar las carreteras del país», en palabras del presidente, quien sosutuvo que «los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares».
La medida no supone la suspensión de derechos, pero sí «quedan prohibidos los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos», detalló la Presidencia Boliviana.
Además, se ordenó el «apoyo temporal» de las Fuerzas Armadas a la Policía para «proteger rutas estratégicas, infraestructura esencial y garantizar el abastecimiento».
Un acuerdo fugaz
El acuerdo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) se anunció después de una reunión a puertas cerradas entre una delegación sindical y cinco ministros, tras una semana de tira y afloje en la que la cuestión de los detenidos durante las protestas se había vuelto el principal obstáculo.
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La COB reclamaba la libertad de los manifestantes como condición para avanzar, mientras el Ejecutivo se resistía a conceder una amnistía general.
La salida quedó escrita en el acuerdo: una comisión legal integrada por el Gobierno, la COB y el Ministerio Público se encargará de gestionar la liberación de los detenidos y de revisar uno por uno los procesos abiertos.
El pacto, que el Gobierno se comprometió a cumplir en un plazo máximo de 90 días, está compuesto por una larga lista de compromisos.
El Ejecutivo se obligó a no impulsar normas que criminalicen la protesta, a respetar el fuero sindical y a no perseguir en lo judicial ni en lo político a los dirigentes movilizados. En el plano económico, descartó privatizar empresas públicas estratégicas, prometió revisar la ley de pensiones y abrir una mesa para discutir el reparto de recursos entre el Estado central y las regiones, además de medidas contra la suba de precios de la canasta familiar.
Una protesta dividida
El pacto, desde luego, no apagó el conflicto.
La Federación Departamental de Campesinos de La Paz, que encabeza los bloqueos desde el 6 de mayo, no se sumó al pacto, y los sectores afines al expresidente Evo Morales descartaron sentarse a dialogar. Su reclamo de fondo persiste: que Paz renuncie. Pero el presidente perdió la paciencia horas más tarde con el sorpresivo anuncio de estado de excepción.
«Lo que hoy enfrenta Bolivia es una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un gobierno constituido y debemos llamarla por su nombre: un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo», manifestó Paz en el mensaje televisado.
Mientras la COB empezaba a levantar sus medidas, estos grupos continuaron con los cortes de vías. El acuerdo con la Central Obrera, la organización sindical más grande de Bolivia, despejó una parte del tablero, pero los sectores más duros de la movilización no dieron muestras de ceder.
Los sectores campesinos cercanos a Evo Morales, a quien el oficialismo acusa de alentar las protestas, mantienen su propio pliego de peticiones y desconfían de la negociación. Su dirigente, Vicente Salazar, cuestionó la credibilidad de la COB por sentarse a negociar con el Gobierno y reclamó una amnistía presidencial para los detenidos.
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De una ley de tierras al pedido de renuncia
La revuelta empezó a comienzos de mayo, cuando la COB, la Federación de Campesinos Túpac Katari y otros sectores iniciaron bloqueos indefinidos en el departamento de La Paz.
El detonante fue la promulgación de la Ley 1720, que habilitaba a usar la pequeña propiedad rural como garantía de créditos bancarios, pero que Paz anuló a los pocos días.
Para entonces el reclamo ya había cambiado. A las demandas económicas se sumó una consigna política que unió a gran parte de los movilizados: la renuncia del presidente, en el poder desde octubre tras casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo.
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El trasfondo del conflicto es la peor crisis económica que atraviesa el país en mucho tiempo. La caída de la producción de gas, la escasez de dólares y la falta de combustible erosionaron el poder de compra e hicieron crecer el malestar social que terminó volcándose a las rutas.
Hospitales en emergencia y rutas cerradas
El costo de los 50 días de bloqueos se siente cada vez con más rigor en la vida diaria.
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La Paz y El Alto quedaron casi completamente cercadas, con comercios cerrados y rutas bloqueadas incluso para las emergencias médicas. Los hospitales del departamento llegaron a declararse en emergencia por la falta de oxígeno, medicamentos y alimentos. Se registraron muertes vinculadas a los cortes, entre ellas personas que no alcanzaron a recibir atención médica a tiempo.
La parálisis también golpeó a las exportaciones, sobre todo las mineras, una de las pocas fuentes de divisas que le quedan al país.
Las pérdidas financieras por los bloqueos de vías superan los 2.500 millones de dólares, según un comunicado del Gobierno.
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Bolivia apunta a «reponer» embajadores con Colombia
El Gobierno de Paz buscará restituir embajadores con Colombiauna vez que se conozcan los resultados de la segunda vuelta presidencial que disputarán este domingo 21 de junio el izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, informó este viernes el canciller boliviano, Fernando Aramayo.
«El momento en que se reconfigure el Gobierno (colombiano), que tengamos el resultado (de la segunda vuelta) y que tengamos un nuevo ministro o ministra de Relaciones Exteriores vamos a extender la mano a Colombia para reponer embajadores», declaró Aramayo durante un encuentro con medios internacionales, en La Paz.
El ministro indicó que cuando se conozca al nuevo Gobierno colombiano, la Administración de Paz le planteará «una relación respetuosa» de la soberanía de Bolivia y «de los canales y los mecanismos diplomáticos» cuando corresponda expresar opiniones respecto a temas de los dos países.
«Somos países que comparten una historia de hermanamiento, relaciones de amistad, económico-comerciales, culturales. Estamos ansiosos para poder abrir los brazos prontamente al Gobierno que se reconfigure, resultante de este proceso electoral que vienen viviendo», añadió.
Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, el pasado 20 de mayo por considerar una «injerencia» las declaraciones del presidente de ese país, Gustavo Petro, quien calificó de «insurrección popular» las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen la renuncia de Paz.
Con EFE y medios locales
