Begoña Gómez, la pareja sentimental del presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, será juzgada por un jurado popular por los posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de fondos públicos, según lo resuelto el sábado 20 de junio por el magistrado Juan Carlos Peinado.
El juez ordenó la retirada del pasaporte a Gómez, le prohibió salir del país y le impuso una comparecencia quincenal en el juzgado, al considerar que «a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la justicia».
La petición de medidas cautelares fue realizada por las acusaciones populares que encabeza la organización ultraconservadora Hazte Oír, que ha pedido 24 años de prisión para la acusada.
Tanto la Fiscalía como los abogados de la defensa se opusieron previamente a estas acciones preventivas, con el argumento reiterado de que no hay motivos para continuar con esa causa judicial, que han rebatido desde la instrucción.
Fuentes cercanas a Gómez, citadas por el periódico ‘El País’, adelantaron que apelaría la imposición de las cautelares, incluida la retención de su pasaporte.
La apertura del juicio oral no puede recurrirse ante la Audiencia de Madrid, según recordó el juez en la resolución de este sábado.
Peinado también argumentó la retirada del pasaporte a Gómez al sostener que los agentes de las fuerzas de seguridad que fungen como escoltas de la acusada podrían colaborar «en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar» una «fuga» de la acusada, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos».
Esta declaración despertó la indignación del mayor sindicato policial, JUPOL, quien definió la hipótesis como «una auténtica barbaridad» y pidió «una rectificación», en un comunicado. Otros tres sindicatos policiales también condenaron las palabras del juez.
Cristina Álvarez, exasesora de Gómez, también será juzgada por los mismos delitos y le fueron impuestas las mismas medidas cautelares, mientras que el empresario Juan Carlos Barrabés será procesado por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.
La Audiencia de Madrid tiene pendiente resolver los recursos interpuestos por la defensa de Gómez contra la decisión de Peinado de imputarla, en abril de este año.
«Indicios racionales de criminalidad»
La causa contra Gómez comenzó en abril de 2024 con la orden del juez Peinado de investigar una posible apropiación indebida y corrupción en los negocios, centrada en una cátedra y máster en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que ella codirigía.
La denuncia fue interpuesta por el autodenominado sindicato Manos Limpias —otra organización ligada a la extrema derecha y opositora al Gobierno—, basada en informaciones de prensa.
Peinado fundamenta la decisión de abrir el juicio oral a Gómez al señalarla de «aprovechar» su condición de esposa del presidente del Gobierno para acceder a la codirección de la cátedra en la UCM, según la resolución de este sábado, de 84 páginas, que habla de «indicios racionales de criminalidad de un hecho delictivo».
En otro documento difundido en abril, Peinado remarcó el «cambio en la trayectoria profesional» de Gómez, después de que su esposo llegara a la Moncloa, sede del Ejecutivo. Incluso, se apoyó en la falta de estudios universitarios de la pareja del presidente para justificar su deliberación.
El magistrado sostuvo que desde que Sánchez asumió como jefe del Gobierno, a mediados de 2018, «se tomaron determinadas decisiones públicas» favorables a la cátedra de Gómez en la UCM y a su proyecto laboral «que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional».
El juez insistió previamente en investigar a Gómez por el rescate de la aerolínea Air Europa, multó con 5.000 euros al abogado de la acusada e intentó imputar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones, Félix Bolaños. Sin embargo, instancias judiciales superiores revirtieron esas iniciativas al considerarlas basadas en «conjeturas» e incluso señalaron al juez de «omitir» información relevante para forzar los señalamientos.
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El Gobierno denuncia persecución
«Begoña Gómez es inocente», declaró el oficialista Partido Socialista español (PSOE) en una publicación en redes sociales, en la que aseguró que la pareja del presidente del Gobierno «lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente».
Algunos ministros también se pronunciaron, como el titular de Transportes, Óscar Puente, quien definió como una «ignominia» la decisión judicial.
«Es imposible no indignarse ante tamaña desvergüenza. Que este señor siga siendo juez dice mucho de cómo funcionan algunos en este gremio», agregó Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados.
Pero la oposición conservadora denunció que el Gobierno «ataca a jueces, fiscales y medios de comunicación, al tiempo que intenta silenciar a los partidos de la oposición», en palabras de Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular.
En el palacio de La Moncloa, interpretaron las medidas cautelares y la apertura del juicio oral como una decisión que «solo atiende a motivos políticos», según fuentes citadas bajo anonimato por la agencia EFE.
El pronunciamiento, también citado por el diario ‘El País’, usa adjetivos como «obsesión» o «desproporción» para definir la actuación de Juan Carlos Peinado. Además, define la alusión a la posibilidad de que la Policía podría colaborar en una supuesta fuga como «otro ejemplo del despropósito» del magistrado.
La Justicia arrincona al PSOE
La causa judicial contra Begoña Gomez no es la única que gravita en el entorno del presidente del Gobierno.
Varios aliados cercanos de Pedro Sánchez, entre ellos el exnúmero tres del Partido Socialista Santos Cerdán y el exministro de Transportes José Luis Ábalos están siendo investigados por presuntos sobornos relacionados con obras públicas, contratos de petróleo y gas y la adquisición de mascarillas durante la pandemia. Ellos niegan haber cometido irregularidades.
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Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de España investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, una de las figuras de más notoriedad dentro del PSOE, por acusaciones sobre una presunta red de tráfico de influencias, lavado de activos y otros delitos.
El magistrado de la causa contra Zapatero en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, rechazó aplicar al expresidente del Gobierno las mismas medidas cautelares solicitadas en el caso de Begoña Gómez.
Calama no advirtió riesgo de fuga, dado que «el investigado es una persona de pública notoriedad» y que tal circunstancia «dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento».
La acusación popular del caso de Zapatero —quien se declara inocente de los cargos— también está integrada por organizaciones vinculadas a la ultraderecha.
Con EFE, Reuters y medios locales
