En La Guaira, los vecinos no tuvieron tiempo para esperar a las autoridades. Con palas, picos y sus propias manos removieron los escombros de los edificios que se derrumbaron el miércoles 24 de junio por la noche, cuando dos terremotossacudieron el centro y el norte de Venezuela en menos de un minuto.
«Le pedimos a nuestra presidenta Delcy Rodríguez que por favor se acerque por aquí. Necesitamos ayuda urgente«, relató uno de ellos a France 24, luego de pasar la noche buscando sobrevivientes sin maquinaria ni equipos.
El balance oficial es provisional: al menos 188 muertos, más de 1.500 heridos y 157 desaparecidos. La presidenta encargada declaró el estado de emergencia y describió a La Guaira, el estado más golpeado, como una zona de desastre.
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Los dos sismos ocurrieron con segundos de diferencia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El primero, de magnitud 7,2, se registró hacia las 18:04 hora local cerca de San Felipe, en el estado de Yaracuy. Treinta y nueve segundos más tarde golpeó el segundo, de magnitud 7,5, con epicentro cercano a Yumare.
Los especialistas explican que se trató de un doblete sísmico, algo poco habitual. Los temblores afectaron el aeropuerto de Maiquetía, el más importante del país, y obligaron a suspender clases, metro y suministro de gas en la capital.
Y mientras las cifras de víctimas, desaparecidos y damnificados se acumulan, los equipos de rescate siguen sin llegar a La Guaira, y la falta de una red de atención de emergencias se suma al rosario de carencias de un país precarizado en casi todos los aspectos.
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Los vecinos, solos ante los escombros
En las zonas más castigadas, el reclamo era el mismo: la ayuda oficial no llegaba o tardaba demasiado.
Bomberos y policías no daban abasto, advertían sobre el riesgo de nuevas réplicas y pedían lo más básico, maquinaria pesada y agua potable. Algunos de ellos eran vistos en videos de redes sociales pidiendo prestados celulares para iluminarse cuando llegaban a edificios derrumbados en Caracas, a falta de insumos tan básicos como linternas.
Por la autopista que une La Guaira con la capital se veían vecinos en moto que bajaban cargando herramientas para sumarse a los rescates.
Detrás de esa parálisis hay un Estado vaciado. El periodista Luis Carlos Díaz, defensor de los derechos digitales, cuenta, en diálogo con France 24, que un bombero venezolano cobra unos diez dólares al mes y que un profesor de ingeniería puede ganar cerca de un dólar al mes, en un país donde el salario perdió casi todo su valor.
La tragedia atraviesa también las fronteras. En Venezuela viven unos 240.000 colombianos registrados ante su consulado, aunque Bogotá estima que podrían ser hasta 1,5 millones. La cancillería colombiana reportó al menos tres colombianos como posibles desaparecidos bajo los escombros y tuvo que cerrar su consulado en Caracas, dañado por el sismo.
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Una red humanitaria desmantelada
La emergencia golpea a un país que ya estaba en una situación de vulnerabilidad extrema.
Antes de los terremotos, cerca de 12,4 millones de venezolanos necesitaban algún tipo de ayuda humanitaria, según la plataforma HumVenezuela.
Al rosario de necesidades se suma un marco legal afiliado con una estructura represiva creada durante el Gobierno de Nicolás Maduro, con el objetivo de limitar el margen de maniobra de actores humanitarios y percibidos como de oposición.
Desde noviembre de 2024 rige una ley que obliga a las organizaciones no gubernamentales a pedir autorización del Estado para funcionar, conocida por sus críticos como «ley antiONG», que la Misión de investigación de la ONU describió como un posible punto de no retorno en el cierre del espacio cívico.
Un año antes, el Tribunal Supremo de Justicia había intervenido la Cruz Roja Venezolana para reestructurarla. El Gobierno defendió las dos medidas: presentó la ley como una herramienta contra el lavado de dinero y atribuyó la intervención de la Cruz Roja a una investigación por presunto maltrato a voluntarios.
Luis Carlos Díaz sostiene que esa política dejó al país sin buena parte del personal técnico e independiente que hoy sería clave para actuar sobre el terreno.
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Después de un informe parlamentario sobre supuestas irregularidades en la petrolera Citgo (filial estadounidense de la estatal PDVSA), que fue presentado en octubre de 2024 y salpicó a varias ONG, distintas organizaciones humanitarias abandonaron el país o retiraron a su personal.
La oficina de derechos humanos de la ONU registró que al menos tres cesaron actividades en medio de denuncias de vigilancia y represalias. A las que resistieron, agrega Díaz, el chavismo las confinó a unos pocos estados, de manera que ni siquiera estaban presentes en zonas como La Guaira.
El cerco a quienes ayudan
Uno de los casos más famosos es el de Manuel Tique, trabajador humanitario colombiano del Consejo Danés para los Refugiados, detenido en septiembre de 2024 al cruzar la frontera para dar un taller sobre el reparto de alimentos y medicinas. Pasó 17 meses preso sin juicio y recuperó la libertad en febrero de este año, después de que la presión de Estados Unidos y la caída de Nicolás Maduro forzaran la salida de varios extranjeros detenidos.
Human Rights Watch, que documentó torturas en las cárceles durante la ola represiva posterior a las elecciones de 2024, llegó a contar decenas de extranjeros tras las rejas.
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Para Díaz, el daño alcanza incluso la capacidad de contar lo que sucede. Venezuela no tiene un registro de viviendas que permita saber cuánta gente habita cada edificio, dice, por lo que el balance oficial terminará muy por debajo del real.
A eso se suman los controles cambiarios, que impiden que las remesas de la diáspora lleguen de forma directa y obligan a giros indirectos, que no están disponibles para montos grandes.
Aun así, aclara, todavía quedan actores confiables para canalizar la ayuda, como Cáritas y el Programa Mundial de Alimentos.
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El mundo manda rescatistas
La respuesta del exterior, en cambio, se movió rápido.
Los primeros equipos en ponerse a disposición fueron de la región.
El Salvador alistó a 300 rescatistas y paramédicos con 50 toneladas de equipo y medicamentos. Colombia, por su parte, despachó un primer contingente de 63 rescatistas entrenados para entrar en estructuras colapsadas, con perros de búsqueda y dos aviones militares.
México envió personal militar y sanitario, y España sumó un avión con efectivos de su Unidad Militar de Emergencias y bomberos de Madrid. Francia anunció 85 rescatistas y Portugal alrededor de cincuenta.
A esa primera línea se le agregó una larga fila de ofrecimientos.
Estados Unidos despachó equipos de búsqueda de Virginia y California, otra señal del acercamiento entre Washington y Caracas desde la detención de Maduro a comienzos de año. Alemania puso seis aviones de transporte a disposición.
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Otras ofertas siguen en el aire: Ucrania, en plena guerra con Rusia, propuso sumar a sus equipos de emergencia y aguarda respuesta de Venezuela y de los europeos; China se declaró preparada para brindar «toda la ayuda posible»; Turquía, que enterró a decenas de miles en su propio terremoto de 2023, prometió seguir apoyando tras una llamada entre cancilleres.
En el plano institucional, la ONU activó sus equipos de búsqueda urbana, la Unión Europea hizo lo mismo con su sistema satelital Copernicus y el Banco Mundial dijo evaluar cómo ayudar con asistencia técnica y coordinación.
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Toda esa movilización abre una pregunta: si la ayuda llegará a quien la necesita.
El líder opositor Edmundo González Urrutia pidió que entre «sin condicionamientos ni intermediarios» y se reparta directamente a los afectados. Mientras tanto, en La Guaira, los vecinos seguían cavando.
Con EFE, Reuters y medios locales











