SANTO DOMINGO. — El clamor ciudadano se transforma hoy en una denuncia frontal contra el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), una institución llamada a predicar con el ejemplo de la modernidad y la eficiencia, pero que opera bajo esquemas propios de hace tres décadas. La pregunta que resuena con fuerza entre miles de ciudadanos es clara y directa:
¿A dónde va a parar el dinero recaudado por concepto de legalización y certificación de títulos?
Las instalaciones de la entidad reflejan una realidad lamentable. Quienes acuden en busca de un servicio básico se encuentran con una metodología totalmente inapropiada, marcada por la carencia absoluta de tecnología que permita sincronizar y agilizar los procedimientos. Lejos de representar un avance para el país, los procesos actuales configuran un retroceso institucional inaceptable.
El negocio del «Servicio VIP» y reglas absurdas
La indignación de los usuarios se agrava al constatar las condiciones en las que se presta el llamado «servicio VIP», por el cual los ciudadanos deben desembolsar 1,300 pesos.
A cambio de este pago, lejos de obtener agilidad real, se impone una regla tan absurda como extenuante: obligar al usuario a presentarse desde tempranas horas de la mañana para recibir su documento recién a las 2:00 de la tarde de ese mismo día. Una logística que vulnera el tiempo y la dignidad de los contribuyentes.
Un impuesto a la pobreza y al desempleo
El fondo del problema trasciende la deficiencia logística; se trata de una carga económica profundamente injusta para las familias de menores ingresos.
El sistema actual exige a los ciudadanos —en su gran mayoría personas sin empleo que realizan sacrificios económicos titánicos— el pago de tarifas obligatorias para certificar un título universitario. Este trámite, que debería ser un servicio público y gratuito, se ha convertido en un lujo inaccesible.
Resulta una contradicción lacerante que quienes ya sufren el flagelo del desempleo, y a quienes las empresas les exigen dicha certificación como requisito indispensable para postularse a una plaza laboral, sean castigados por el Estado con cobros monetarios para validar sus propios méritos académicos.
Llamado a la rendición de cuentas
Ante este escenario de ineficiencia y cobros cuestionables, la ciudadanía exige respuestas inmediatas al titular de la institución, Lic. Rafael Santos Badía.
Los afectados instan al funcionario a abandonar los despachos climatizados, recorrer personalmente las instalaciones de la MESCYT y constatar de primera mano el calvario diario que padecen los dominicanos más vulnerables. La gestión pública no puede seguir convirtiendo la educación y el acceso al trabajo en un negocio oneroso a espaldas de las necesidades del pueblo.
