De la erosión democrática a la supresión explícita de las elecciones.
Durante años, Nicaragua transitó un proceso gradual de concentración de poder. Daniel Ortega regresó a la Presidencia en 2007 y, desde entonces, modificó las reglas del sistema político para garantizar su permanencia. Primero eliminó los límites a la reelección; luego subordinó al Poder Judicial, al Legislativo, a las fuerzas de seguridad y al sistema electoral; finalmente, encarceló o expulsó a sus principales adversarios políticos antes de las elecciones de 2021.
Sin embargo, la declaración pronunciada por Ortega el pasado domingo 19 de julio marca un punto de inflexión. “Aquí no habrá más elecciones para que intenten tomar el gobierno y el poder”, recalcó durante la conmemoración del triunfo de la Revolución Sandinista.
“Jamás, jamás, jamás (…) Se acabaron los días en que los partidos apoyados por los yanquis (Estados Unidos) y los somocistas volvían al poder; nunca más”, insistió, al referirse a la posibilidad de futuros comicios.
Hasta ahora, el oficialismo había preservado al menos la arquitectura formal de la democracia electoral, aunque vaciada de contenido. Las elecciones seguían existiendo, aun cuando fueran ampliamente cuestionadas por organismos internacionales y celebradas sin competencia real. Pero ahora, con esta declaración, Ortega parece abandonar incluso esa ficción.
Y es que la democracia no muere en un solo día, sino que suele morir por etapas. En Nicaragua, probablemente estamos presenciando la última de ellas, destacan los analistas.
“Ortega reconoció públicamente cuál ha sido siempre su verdadera intención: impedir que su proyecto tiránico sea sometido a cualquier forma de competencia democrática”, declaró a la agencia de noticias Reuters Félix Maradiaga, quien fue aspirante a la Presidencia por la oposición y estuvo encarcelado en Nicaragua entre 2021 y 2023 antes de ser expulsado a Estados Unidos.
Las más recientes declaraciones de Ortega más que una demostración de fuerza sintetizan “una confesión de miedo”, subrayó.
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“Una dictadura familiar en toda regla”
La afirmación de Ortega no surge en el vacío. Apenas meses antes, el gobernante impulsó una profunda reforma constitucional que transformó la estructura del Estado nicaragüense, la cual apunta a legalizar la dictadura mediante los cambios en la Carta Magna.
La enmienda creó la figura de “copresidenta” para Rosario Murillo, esposa de Ortega, amplió el mandato presidencial, eliminó la independencia de poderes y redefinió a Nicaragua como un Estado “revolucionario y socialista”. Además, incorporó elementos que fortalecen el control sobre la sociedad civil, oficializó el despojo de la nacionalidad a opositores y redujo aún más el espacio para proyectos políticos alternativos.
“Revela el rostro de una dictadura que, sin pudor alguno, se ha atrincherado en el poder”
“Todo lo que está ahora en la reforma es lo que, de hecho, ha estado pasando en Nicaragua: una dictadura de facto. Lo nuevo es que ahora estará en la Constitución”, destacó a la agencia de noticias AFP la excomandante sandinista Dora María Téllez.
Con el paso de los años, Nicaragua se ha alzado como una dictadura olvidada en la región, donde a diferencia de presiones y sanciones recurrentes en naciones como Cuba o Venezuela, Ortega ha podido avanzar prácticamente sin reparos en su proyecto de poder unificado.
Danny Ramírez Ayérdiz, abogado nicaragüense y fundador del Centro Interamericano de Asistencia Legal en Derechos Humanos, que investiga los abusos del Gobierno de Ortega y Murillo desde Argentina, afirmó que el anuncio “revela el rostro de una dictadura que, sin pudor alguno, se ha atrincherado en el poder (…) Esto indica un nivel potencialmente mayor de represión contra quienes exigen la destitución del gobierno o la celebración de elecciones”.
La reforma también resuelve una cuestión central: la sucesión política. Rosario Murillo, quien pasó de portavoz gubernamental a vicepresidenta y posteriormente a copresidenta, queda constitucionalmente situada como heredera natural del poder, mientras que figuras como Laureano Ortega Murillo aparecen cada vez más integradas en la estructura de mando.
Más que una modificación institucional, el cambio representa la consolidación de un modelo familiar de poder.
Para los expertos, la declaración pone de manifiesto la realidad del régimen bipersonal de los Ortega, a la vez que revela el temor de la pareja a que un movimiento de oposición pueda arraigarse en el país.
“Ortega y Murillo temen, evidentemente, que la más mínima apertura política pueda crear las condiciones para que la disidencia se manifieste y amenace su control del poder (…) En lugar de organizar unas elecciones fraudulentas, han optado por eliminar por completo la competencia electoral”, señaló Tiziano Breda, analista sénior de Armed Conflict Location & Event Data, una organización sin ánimo de lucro que monitorea la violencia política.
Nicaragua se ha transformado en una “dictadura familiar en toda regla”, enfatizó Breda.
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¿Hacia los pasos de Cuba o China?
Uno de los principales interrogantes que surgen bajo este panorama es si aún queda algo de democracia en Nicaragua. Si se entiende como la existencia de elecciones competitivas, separación de poderes, libertad de expresión y garantías para la oposición, la mayoría de los indicadores internacionales apuntan a que Nicaragua dejó de ser una democracia hace varios años.
De hecho, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha acusado al Gobierno de Ortega y Murillo de construir un “Estado autoritario” y cometer violaciones sistemáticas de derechos humanos. Desde las protestas de 2018 —cuya represión dejó más de 300 muertos, según organismos internacionales— el país ha registrado un deterioro acelerado de sus libertades públicas.
La oposición organizada prácticamente fue extinguida por Ortega dentro del territorio nacional. Más de 5.000 organizaciones han sido clausuradas desde 2018, centenares de dirigentes políticos, religiosos, periodistas y activistas han sido encarcelados o forzados al exilio, a quienes incluso les ha retirado la ciudadanía nicaragüense.
Además, al menos 46 personas continúan detenidas por razones políticas, de acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Las democracias no se construyen de un día para otro y las dictaduras tampoco. Pero el reconocimiento de Ortega al destacar que no habrá más elecciones revela su plan para consolidar el poder en manos de una bancada política única: el partido sandinista, con lo que lleva al país a un sistema similar al de otras naciones con regímenes de partido único como China y Cuba.
Así lo destacó Juan Sebastián Chamorro, candidato en 2021 que estuvo encarcelado hasta su liberación en Estados Unidos en 2023 junto con más de 200 presos políticos.
En términos prácticos, Nicaragua se asemeja hoy más a un sistema de partido hegemónico que a una democracia electoral. La novedad es que Ortega ahora está dispuesto a admitirlo públicamente.
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El dilema de la oposición: exilio, fragmentación y resistencia
La oposición nicaragüense enfrenta una paradoja: nunca había contado con un rechazo tan amplio hacia el Gobierno en determinados sectores, pero tampoco había estado tan debilitada organizativamente.
Los principales aspirantes presidenciales de 2021 —entre ellos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro— fueron encarcelados y posteriormente expulsados del país. Otros dirigentes se encuentran dispersos entre Costa Rica, Estados Unidos, España y diversos países latinoamericanos.
Desde el exilio, Maradiaga interpretó las palabras de Ortega como “una confesión de miedo” más que una demostración de fortaleza. “Reconoció públicamente cuál siempre ha sido su verdadera intención: impedir que su proyecto tiránico sea sometido a cualquier forma de competencia democrática”, declaró a Reuters.
No obstante, el exilio presenta limitaciones evidentes. La distancia dificulta la articulación de un movimiento político capaz de generar presión interna, especialmente en un contexto de vigilancia estatal, criminalización de la disidencia y control casi absoluto de los medios de comunicación.
La experiencia histórica muestra que las transiciones democráticas en sistemas altamente cerrados suelen producirse por una combinación de factores: fracturas dentro de las élites gobernantes, presión internacional sostenida, movilización social y deterioro económico. Hoy, ninguno de esos elementos parece suficientemente desarrollado en Nicaragua.
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¿Qué alternativas le quedan al país?
La primera posibilidad es la continuidad. Ortega tiene 80 años y Rosario Murillo, 75, pero la reforma constitucional parece diseñada para garantizar la permanencia del proyecto político más allá de ambos líderes.
Un segundo escenario contempla una transición pactada en el mediano plazo, impulsada por una combinación de presión internacional y dificultades económicas. Estados Unidos mantiene sanciones contra miles de funcionarios y familiares vinculados al régimen, mientras la Unión Europea y organismos multilaterales continúan denunciando violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, la experiencia reciente en Cuba y Venezuela demuestra que las sanciones, por sí solas, raramente producen cambios políticos inmediatos.
Existe también un tercer escenario: una eventual crisis sucesoria. La institucionalización de la copresidencia busca precisamente evitarla, pero el modelo depende en gran medida del liderazgo personal de Ortega y de la cohesión de las élites políticas, militares y económicas que sostienen al régimen.
“Es uno de los regímenes autoritarios más fuertes de la región. Es el Corea del Norte tropicalizado a nivel latinoamericano”
En entrevista con France 24, Yunova Acosta, activista política y líder juvenil nicaragüense, resaltó que existen vías políticas alternas desde el exilio, como Ciudadanos por la Libertad, junto a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que, señaló se siguen organizando desde el exilio, pero reconoció los desafíos a los que se enfrentan. “Es un reto organizar las bases de estos partidos políticos, ya que muchos están fuera y otros viven silenciados dentro de sus municipios y departamentos porque en Nicaragua no se puede hablar de organización civil ni elecciones”.
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Ante las dificultades, Acosta pone el foco en la necesidad de presión por parte de la comunidad internacional. “Es una labor conjunta de la oposición nicaragüense y la comunidad internacional, porque hemos visto en los últimos meses a la comunidad internacional muy contundente con los casos de Venezuela, Cuba, y Nicaragua, quizás por un tema económico debido a que no podemos ofrecer lo que otros países en dictadura pueden, y tener interés político y económico, pero hemos llegado a la conclusión de que es uno de los regímenes autoritarios más fuertes de la región. Es el Corea del Norte tropicalizado a nivel latinoamericano”.
Por tanto, insiste en que forzar un eventual retorno de la democracia en Nicaragua requiere un trabajo conjunto entre organismos multilaterales, gobiernos democráticos y la oposición nicaragüense.
“Las dictaduras parecen inamovibles hasta que dejan de serlo”, señalan diversos estudios sobre transiciones políticas. El problema para la oposición nicaragüense es que no existe, por ahora, un mecanismo claro que permita transformar el descontento social en una alternativa política viable.
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El fin de una era democrática… ¿hasta cuándo?
Paradójicamente, Daniel Ortega llegó al poder como uno de los símbolos latinoamericanos de la lucha contra una dictadura. Cuarenta y siete años después de la Revolución Sandinista, es acusado por organismos internacionales de haber construido un sistema político que reproduce muchas de las características que combatió.
Sus palabras sobre el fin de las elecciones poseen, por ello, un peso histórico. No representan únicamente una declaración política: constituyen la admisión de que el proyecto sandinista contemporáneo ya no busca legitimarse mediante las urnas.
La pregunta sobre si la democracia está liquidada en Nicaragua encuentra una respuesta cada vez más difícil de esquivar. Para numerosos observadores internacionales, ese proceso concluyó hace tiempo; lo que ocurrió esta semana fue que el propio presidente decidió anunciarlo.
La incógnita que permanece abierta no es si Nicaragua sigue siendo una democracia, sino cuánto tiempo podrá sostenerse un sistema que ha renunciado explícitamente a uno de los principios esenciales de cualquier régimen democrático: la posibilidad de que el poder cambie de manos.
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Con Reuters, AP y AFP
