El acuerdo con Nueva York se produce tras la compra de Intermex
NUEVA YORK.– Western Union deberá mantener durante tres años sus sucursales y servicios de envío de remesas en Nueva York, además de limitar los aumentos de tarifas al ritmo de la inflación, como condición tras la adquisición de International Money Express, Inc. (Intermex).
El compromiso fue obtenido por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS), organismo que ya aprobó la operación y continuará supervisando el cumplimiento del acuerdo.
La medida busca garantizar que los neoyorquinos mantengan acceso a servicios financieros esenciales, especialmente para el envío de dinero a familiares y personas cercanas en otros países.
Western Union cuenta con aproximadamente 3,000 puntos de atención autorizados en todo Nueva York y permite enviar dinero a más de 200 países y territorios mediante sus plataformas digitales y establecimientos físicos.
Por su parte, Intermex atiende a más de 6,000 consumidores neoyorquinos al año y facilita remesas hacia más de 60 países. Sus establecimientos están ubicados, entre otros lugares, en el Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Westchester y Long Island, con especialización en transferencias hacia Latinoamérica y el Caribe.
Tras la adquisición, Western Union controlará una parte significativa de las remesas enviadas por clientes neoyorquinos hacia Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú.
Condiciones para proteger a los consumidores
El acuerdo establece que las sucursales de Intermex permanecerán abiertas y adoptarán la marca Western Union. La empresa deberá mantener, como mínimo, la misma presencia física en los códigos postales donde operaban esas oficinas al momento de la adquisición.
Además, Western Union tendrá que continuar ofreciendo en esos establecimientos servicios minoristas de envío de remesas desde Nueva York hacia los seis países contemplados en el acuerdo.
Las tarifas de los servicios minoristas tampoco podrán aumentar por encima del ritmo de la inflación durante los tres años establecidos.
Como parte de la supervisión, Western Union deberá entregar al DFS informes durante ese período con información sobre cancelaciones de servicios y sus motivos, comunicaciones con clientes relacionadas con disponibilidad y precios, así como datos sobre el número y valor de las remesas presenciales y digitales por ubicación, método y país de destino.
La empresa también deberá financiar una auditoría independiente, aprobada por el DFS, un año después de la adquisición para verificar el cumplimiento de las condiciones.
La Oficina del Fiscal General podrá adoptar medidas de cumplimiento o extender los términos del acuerdo si determina que Western Union viola sus disposiciones.
El caso fue gestionado por funcionarios de la Oficina Antimonopolio de Nueva York, con participación de Benjamin Cole, Amy McFarlane y Elinor Hoffmann, además de la economista jefe Chitra Marti. La oficina forma parte de la División de Justicia Económica.
