Liberia se suma a una lista de países que han acordado con Donald Trump para recibir a los migrantes que su administración intenta expulsar de manera masiva.
“En cumplimiento del acuerdo, entre las personas que sean trasladadas de Estados Unidos a Liberia se incluirán ciudadanos o nacionales de países africanos y del hemisferio occidental que cuenten con autorización médica para viajar”, dijo Jerolinmek Piah, ministro de Información de Liberia, el 18 de agosto.
Explicó que tienen previsto acoger hasta 1.200 personas procedentes de Estados Unidos en el plazo de doce meses. La mayoría procede de países latinoamericanos, explicaron sus autoridades. “Algunos son de Venezuela, Cuba, Colombia y otros», agregó Piah.
Sobre las condiciones y otros detalles del acuerdo, el Gobierno liberiano publicó un comunicado que explica que los migrantes que deseen podrán solicitar asilo. Además, serán recibidos «con plena hospitalidad liberiana» y «serán libres de abandonar el país cuando lo deseen».
Además, dejó en claro que “quienes sean trasladados no son criminales y no están siendo procesados bajo ninguna circunstancia, ni por la legislación estadounidense ni por la liberiana».
Primer vuelo con 20 deportados
Los primeros 20 deportados llegaron al Aeropuerto Internacional Roberts, en las afueras de Monrovia, la capital de Liberia. Sin embargo, no se ha facilitado información sobre sus nacionalidades. Previamente, las autoridades informaron que su traslado sería «digno, seguro y oportuno».
El acuerdo de Liberia lo convierte en uno de los más grandes receptores del continente africano, luego de que Washington llegara a convenios similares con los Gobiernos de El Salvador, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo (RDC), Guinea Ecuatorial, Camerún, Ghana, Sierra Leona y la República Centroafricana (RCA).
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En la mayoría de los casos, los deportados de terceros países han obtenido protección legal contra la repatriación después de que los jueces de inmigración estadounidenses dictaminaran que corrían el riesgo de sufrir torturas u otros abusos en sus países de origen.
De acuerdo a ‘Third Country Deportation Watch’ -una iniciativa conjunta de ‘Refugees International’ y ‘Human Rights First’, que se basa en solicitudes de acceso a registros públicos, noticias y otras fuentes-, la administración Trump firmó acuerdos con al menos 35 países para deportar a personas de otras nacionalidades, entre ellos Liberia y otros 13 destinos africanos.
Más de 23.000 personas han sido enviados a 26 países en virtud de estos acuerdos.
La organización ‘Witness at the Border’ ha rastreado 209 vuelos realizados por la Administración Trump solo en junio, la cifra más alta que han monitoreado desde que iniciaron el registro en enero de 2020.
Desde enero de 2025, cuando Trump asumió su segundo mandato, hasta junio de este año, Washington ha despachado 829 vuelos de deportación.
‘Gesto humanitario y no transaccional’
Este acuerdo, dijo el Gobierno liberiano, «no constituye una transacción basada en un ‘quid pro quo'», porque, explicaron, no han exigido ni recibido ninguna compensación ni promesa de recompensa a cambio de recibir migrantes.
Pero sus funcionarios aclararon que el país sí recibirá apoyo para ayudar a gestionar el programa y reforzar, en términos más generales, su sistema de migración. Este año, Estados Unidos otorgó cinco millones de dólares a Liberia para «actividades de gestión migratoria».
Explicaron que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la agencia de la ONU para los refugiados ayudarían a proporcionarles servicios, como ya ha ocurrido en otros lugares de África.
Washington ha defendido los acuerdos con terceros países como legales, aunque grupos de derechos humanos y defensores han afirmado que muchos de los deportados fueron finalmente repatriados.
El país también ha declarado estar dispuesto a aceptar a Kilmar Abrego García, el migrante cuya deportación a El Salvador se convirtió en un punto álgido de la represión migratoria de Trump.
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Abrego García ha obtenido una orden judicial que impide su extradición a Liberia por parte del tribunal federal de distrito de Maryland, según informó el 20 de agosto su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg.
Guatemala, un nuevo destino
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, reconoció el 19 de agosto que su país ha recibido unos 2.300 ciudadanos mexicanos que han sido expulsados de Estados Unidos, en lo que constituye un nuevo capítulo de los esfuerzos de disuasión de Washington para desincentivar la migración, y abre una nueva grieta con el Gobierno de México, que ha condenado la práctica.
«Llegan en aviones que transportan a guatemaltecos retornados, y lo que hemos hecho es traerlos en tránsito para que, en coordinación con las autoridades migratorias mexicanas, podamos devolverlos al territorio mexicano en un plazo de 24 horas desde su llegada al país», reveló Arévalo en una conferencia de prensa, en la que agregó que los costos de la operación están cubiertos por Estados Unidos y México.
A diferencia de Guatemala, Honduras ha negado que esté recibiendo a migrantes mexicanos procedentes de Estados Unidos, pero Arturo Trejo, un hombre de esa nacionalidad, dijo una entrevista al canal hispano ‘Telemundo’ que era parte de «varias docenas» que llegaron en esas condiciones a Tegucigalpa.
«No nos dijeron nada, solo que subiéramos al vuelo», relató Trejo.
Ana María Méndez, directora de Centroamérica en el grupo de derechos de los migrantes WOLA, advirtió de que «lo que estamos viendo parece formar parte de una tendencia más amplia hacia una política migratoria estadounidense muy severa, en la que buscan infundir terror y miedo en los migrantes a toda costa».
Con AP, Reuters y EFE
