La crisis de Ceuta ha entrado en una nueva fase. Más de un mes después de la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio, la principal pregunta política ya no es únicamente qué ocurrió en la frontera, sino si existieron o no alertas previas para el Estado español sobre la magnitud de lo que se avecinaba y qué conclusiones pueden extraerse de la presunta actuación de Marruecos en una crisis inédita en su dimensión, con la que la oposición aprovecha para poner al Gobierno contra las cuerdas y exigir, una vez más, su dimisión.
El debate se ha agudizado después de que el miércoles 2 de septiembre, un día antes de la comparecencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, trascendiera un informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), unidad dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, y remitido a la Audiencia Nacional. El documento, de alrededor de medio centenar de páginas —otras informaciones sitúan su extensión en 57 folios—, analiza imágenes, vídeos, información de redes sociales y material de días anteriores y posteriores a la crisis.
Su conclusión central es que la entrada masiva no fue un fenómeno espontáneo o accidental, sino un proceso planificado. Pero el alcance de esa conclusión es objeto de una disputa política y administrativa: mientras las informaciones sobre el contenido del informe señalan una implicación sobre el terreno de fuerzas marroquíes, el director general de la Policía, Francisco Pardo, ha comunicado al ministro del Interior que el documento no atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de la operación.
Ahí se encuentra la aparente paradoja: el informe apunta hacia Marruecos en sus indicios y descripciones, pero no formula una atribución institucional directa a Rabat.
¿Quién encargó el informe policial y por qué se mantuvo en secreto?
El documento no nació de una investigación política del Gobierno. Fue solicitado en el marco de unas diligencias judiciales abiertas por la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3.
La jueza pidió a la Policía que investigara si la llegada masiva de migrantes podía responder a “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”. Es decir, el encargo inicial no consistía formalmente en investigar a Marruecos, sino en determinar si detrás de los acontecimientos existía una estructura organizada.
Según la información publicada sobre el procedimiento, la magistrada reclamó además discreción a los investigadores durante la elaboración del informe. Esa reserva habría impedido que la información fuera trasladada a los superiores de los agentes encargados de la investigación, incluido el propio director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.
Esta circunstancia explica uno de los elementos más controvertidos de la crisis: el ministro del Interior Fernando Grande- Marlaska afirma que no conocía previamente el contenido del informe y que tuvo conocimiento de su existencia a raíz de las informaciones periodísticas.
El ministro reaccionó el 2 de septiembre enviando una carta a Pardo para pedirle que aclarara desde cuándo disponía la Policía de esa investigación y si realmente existía un documento que situara a Marruecos detrás de la entrada masiva. El titular de la cartera de Interior consideró especialmente relevante conocer el momento en que la Policía tuvo acceso a esas conclusiones por las posibles implicaciones para la seguridad nacional.
La propia Policía comunicó después que la jueza había autorizado a los investigadores a compartir el informe con sus superiores. Pardo sostuvo entonces que no existía ningún informe policial que atribuyera a las fuerzas marroquíes la planificación o ejecución de los hechos.
¿Qué dice realmente el informe?
El documento describe la entrada como un fenómeno planificado y organizado, y rechaza que se tratara simplemente de una movilización espontánea de personas que decidieron cruzar la frontera.
Uno de los elementos utilizados por los investigadores es el comportamiento de las redes sociales. La prensa local destaca que la Policía detectó en los días previos mensajes que anunciaban una posible entrada masiva. El CENIF emitió el 29 de julio una alerta sobre el riesgo de una “entrada masiva”, después de observar un aumento de las comunicaciones relacionadas con el cruce hacia Ceuta. El documento sostiene que los mensajes respondían a un patrón de difusión que se intensificó de manera extraordinaria el día de la entrada.
Entre los mensajes analizados aparece el aviso de que “han abierto la puerta esta mañana”, difundido simultáneamente en distintas aplicaciones, un elemento que los investigadores consideran incompatible con una movilización completamente espontánea.
El documento también divide el episodio en diferentes oleadas y analiza el perfil de quienes participaron. La primera estuvo protagonizada principalmente por jóvenes marroquíes; posteriormente se produjo una llegada importante de familias, mujeres y niños, una composición que, según la interpretación policial, podía contribuir a saturar los mecanismos de contención y limitar la posibilidad de utilizar determinados medios coercitivos.
La tesis de los investigadores es, por tanto, que la operación tenía una lógica y una secuencia y que no responde a una simple acumulación espontánea de migrantes ante una oportunidad de entrada.
El elemento más delicado: los agentes marroquíes
Es aquí donde el informe adquiere mayor trascendencia política.
El documento incluye fotografías y vídeos en los que aparecen gendarmes marroquíes uniformados dando indicaciones a los migrantes y guiándolos hacia la costa y hacia los puntos de cruce. También aparecen personas vestidas de paisano que, según los investigadores, parecen ejercer funciones de dirección, monitorización o liderazgo sobre la multitud.
La Policía habla de una actuación de las fuerzas marroquíes caracterizada, cuando menos, por una “total permisividad” durante las jornadas del 30 y 31 de julio. El informe sostiene que no observó una tentativa seria de dispersar o alejar a la masa del perímetro fronterizo.
Pero existe una diferencia esencial entre documentar la conducta de agentes marroquíes y demostrar que el Estado marroquí ordenó, planificó o ejecutó la operación.
La primera afirmación aparece respaldada por el contenido que han conocido los medios. La segunda es precisamente la que el director general de la Policía niega que figure como atribución formal en el documento.
Por eso, decir que “el informe demuestra que Marruecos organizó la invasión” va más allá de lo que permiten afirmar, por ahora, las posiciones oficiales conocidas. Lo que sí puede decirse es que el informe describe una planificación previa y una intervención o permisividad significativa de fuerzas marroquíes durante la ejecución, mientras deja abierta la cuestión de quién ordenó y coordinó en último término la operación.
La Policía tampoco encuentra a las mafias que buscaba
El informe contiene otro elemento que complica la explicación gubernamental inicial.
La investigación policial descarta que las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes radicadas en Ceuta fueran las responsables de promover o ejecutar la entrada. Según el documento, esas estructuras no tenían capacidad para organizar un movimiento de semejante dimensión.
‘LaSexta’ señala que el documento tampoco descarta por completo la posible intervención de otro tipo de organizaciones criminales, pero sí rechaza atribuir el episodio a las mafias locales de tráfico de personas. Tampoco encuentra en el informe una referencia que permita responsabilizar a Israel.
Eso deja un escenario especialmente incómodo para el Gobierno: la investigación judicial-policial cuestiona tanto una explicación basada en la espontaneidad como otra basada exclusivamente en las mafias locales, pero tampoco establece de manera concluyente quién ordenó la operación.
¿Y qué sabía el Gobierno antes del 30 de julio?
Esta es probablemente la cuestión con mayor recorrido político.
El Gobierno sostiene que ningún servicio de inteligencia anticipó la magnitud de lo ocurrido. Sánchez lo volvió a defender este jueves 3 de septiembre en su comparecencia ante el Congreso: “Nadie ha aportado pruebas al Gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva (…) fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes”.
El líder del PSOE también aseguró que ningún informe previo había anticipado ni la escala ni la probabilidad del episodio. Al mismo tiempo, reconoció que existían informaciones sobre el aumento de los cruces a nado y que el CNI había elaborado dos informes de situación en los que advertía del incremento de esos cruces, pero no en la magnitud en que ocurrió: según las cifras oficiales,entre 70.000 y 80.000 personas, la misma cantidad de habitantes de la ciudad, por lo que el número de personas allí se duplicó en cuestión de horas.
Según Sánchez, el 29 de julio se produjo además una comunicación entre la Delegación del Gobierno en Ceuta y la Guardia Civil sobre una convocatoria difundida en redes sociales para intentar cruzar a Ceuta al día siguiente. Pero el presidente insiste en que eso no equivale a haber anticipado que decenas de miles de personas iban a protagonizar una entrada masiva.
Aquí aparece otra diferencia relevante entre las versiones. La Policía señala que el CENIF detectó y alertó el 29 de julio sobre un riesgo de entrada masiva. El Gobierno sostiene que los avisos que llegaron a sus manos no permitían prever la dimensión del acontecimiento. El director de la Policía, además, ha calificado aquel aviso del 29 de julio como una alerta de riesgo rutinaria que no contenía una advertencia específica sobre una entrada masiva al día siguiente.
En su comparecencia este jueves, Sánchez ratificó que su Administración ha actuado con transparencia y como muestra de ello anunció la publicación de un dosier con los informes en cuestión, una medida que puede ser decisiva para aclarar esta contradicción. Moncloa ha isnsitido en que pretende hacer públicos los documentos, salvo aquellos que requieran un procedimiento de desclasificación.
Sánchez mantiene la defensa de Marruecos, aunque cambia el tono
Ante el Congreso, el presidente ha mantenido este jueves la línea que había defendido durante las últimas semanas: no hay, por ahora, “pruebas sólidas” o “evidencias concluyentes” de que Marruecos diseñara o ejecutara la entrada masiva.
Sánchez ha reconocido, no obstante, que queda por esclarecer qué ocurrió con el control ejercido por las autoridades marroquíes y si existió “incapacidad o inacción” por su parte. Es decir, el Gobierno admite que la actuación de Marruecos sigue siendo una incógnita, aunque se resiste a convertir esa incógnita en una acusación de responsabilidad estatal.
El presidente ha introducido además un matiz significativo sobre el futuro de la relación bilateral: “después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente”. Al mismo tiempo, ha defendido la necesidad de mantener una relación de buena vecindad con Rabat.
Sánchez también reveló que España convocó el 21 de agosto a la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich, después de declaraciones de ministros marroquíes reivindicando Ceuta y Melilla como un supuesto “derecho histórico y geográfico” de Marruecos.
La relación bilateral, por tanto, parece haber entrado en una fase más tensa, aunque el Ejecutivo siga evitando acusar formalmente a Rabat de haber organizado la crisis.
Entonces, ¿quién tiene la verdad?
A día de hoy, ninguna de las dos versiones ha cerrado completamente el caso.
La versión del Gobierno es que no existen pruebas concluyentes que permitan afirmar que Marruecos, como Estado, planificó o ejecutó la entrada masiva. El Ejecutivo distingue entre la permisividad —o incluso una eventual inacción— de determinados agentes marroquíes y una decisión institucional de Rabat de provocar la crisis.
La versión que emerge del informe policial es más incómoda: los investigadores consideran que la entrada no fue espontánea; detectan una preparación previa en redes; describen una respuesta marroquí extraordinariamente permisiva y documentan a agentes uniformados guiando a migrantes, junto con personas de paisano que parecen ejercer funciones de dirección y control.
Pero hay un límite importante: esos indicios no equivalen todavía a una prueba pública y definitiva de que el Gobierno marroquí ordenara la operación.
La cuestión central queda así desplazada. Ya no se trata simplemente de preguntar si “Marruecos estuvo detrás” de la crisis en un sentido binario. Hay varias preguntas distintas que deben responderse:
¿Quién planificó la movilización? ¿Quién difundió y coordinó los mensajes? ¿Quién permitió que decenas de miles de personas llegaran hasta la frontera? ¿Por qué algunos agentes marroquíes aparecen guiando a los migrantes? ¿Quién dio esas instrucciones? ¿Y por qué la investigación policial que analiza esos hechos permaneció fuera de la cadena ordinaria de conocimiento del Ministerio del Interior?
Son preguntas diferentes y requieren pruebas diferentes.
La verdadera tormenta está ahora dentro del Estado español
El escándalo político no deriva únicamente del contenido del informe. También de cómo circuló la información dentro del propio Estado.
Marlaska pidió explicaciones al director de la Policía después de conocer las informaciones periodísticas. Pardo respondió que los investigadores habían actuado bajo instrucciones de reserva de la jueza y que, por ello, la dirección policial no había conocido previamente el contenido del documento.
Sánchez, por su parte, ha cuestionado abiertamente por qué el CENIF no trasladó a sus superiores un informe que, en su opinión, contenía potenciales implicaciones para la seguridad del Estado.
Es una paradoja institucional: un informe solicitado por una jueza podía permanecer reservado para proteger la investigación judicial, pero sus conclusiones, de ser ciertas en los términos difundidos, tenían una dimensión geopolítica que afectaba directamente a la relación de España con Marruecos.
De ahí que el episodio haya abierto un segundo debate, además del relativo a la responsabilidad marroquí: el de los canales de información entre la Policía, la Justicia, el Ministerio del Interior, los servicios de inteligencia y el Gobierno.
Por ahora, la conclusión más prudente es también la más incómoda: el informe policial no permite cerrar definitivamente la autoría de la crisis, pero sí hace mucho más difícil sostener que lo ocurrido fue simplemente un episodio migratorio espontáneo y ajeno a la actuación de las autoridades marroquíes.
Sánchez pide pruebas antes de responsabilizar a Rabat. La investigación policial aporta indicios que apuntan hacia una actuación marroquí sobre el terreno. La dirección de la Policía niega que el documento atribuya institucionalmente a Marruecos la planificación o ejecución. Y la Justicia aún debe valorar qué alcance tienen esas conclusiones.
La respuesta definitiva, por tanto, no está todavía en el debate parlamentario ni en las declaraciones de uno u otro Gobierno. Está en las pruebas: en las imágenes, las comunicaciones, la trazabilidad de las órdenes y, sobre todo, en determinar quién decidió que la frontera permaneciera abierta mientras decenas de miles de personas avanzaban hacia Ceuta.
Hasta que esa cadena de responsabilidades pueda demostrarse, Rabat no puede ser declarado autor de la crisis sobre la base de este informe, pero tampoco puede darse por cerrado el papel de Marruecos simplemente porque el documento no formule una atribución institucional directa.
Esa es, por ahora, la verdadera historia que emerge del choque entre la versión del Gobierno y la investigación policial.
