Santo Domingo, Un presunto esquema de irregularidades y desvío de fondos opera afectando a sectores vulnerables, cuyos expedientes y solicitudes de asistencia son gestionados ante la administración pública. Cientos de ciudadanos de escasos recursos presentan sus requerimientos con la expectativa de recibir auxilio social; si bien numerosas ayudas son aprobadas y tramitadas mediante los mecanismos oficiales, existen denuncias recurrentes sobre casos en los que los fondos no llegan a los destinatarios finales debido a la presunta intercepción o cobro irregular de instrumentos de pago por parte de intermediarios no autorizados.
Esta situación evidencia los riesgos asociados a la utilización de métodos de entrega tradicionales, como la emisión de cheques físicos, los cuales pueden propiciar vulnerabilidades operativas.
Diversos sectores sugieren la implementación de mecanismos de pago más directos y trazables, como transferencias bancarias o depósitos en instituciones financieras oficiales, que garanticen que los recursos lleguen de manera transparente al beneficiario legítimo.
Asimismo, se han señalado desafíos derivados de la multiplicidad de dependencias estatales que ejecutan programas de asistencia social, lo que en ocasiones dificulta la fiscalización centralizada y ralentiza los procesos de entrega.
Ante esta realidad, se exhorta respetuosamente al presidente Luis Abinader a continuar profundizando los procesos de supervisión, unificación y saneamiento de los programas de asistencia social.
El objetivo principal debe ser optimizar la transparencia institucional, erradicar cualquier práctica indebida en el manejo de los fondos públicos y asegurar que la ayuda llegue con dignidad y eficacia a quienes verdaderamente la necesitan.
