Chile comenzó este jueves 10 de agosto el primer juicio por el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, el exmilitar venezolano opositor a Nicolás Maduro que vivía como refugiado político en Santiago y cuyo cuerpo fue encontrado enterrado bajo una losa de cemento en marzo de 2024.
El único acusado en este primer proceso es Maickel David Villegas Rodríguez, un venezolano vinculado a Los Piratas de Aragua, una facción de la organización criminal Tren de Aragua. La Fiscalía pide 20 años de cárcel para él.
Villegas fue extraditado desde Costa Rica en noviembre de 2024. Según los investigadores, cumplió un papel importante en el operativo que derivó en la muerte de Ojeda. La Fiscalía sostiene que realizó tareas de vigilancia y cobertura, colaboró en el traslado de integrantes del grupo y grabó desde un vehículo el momento del secuestro.
«Sin la participación, a juicio nuestro, de Maickel Villegas, no podría haberse cometido este delito», afirmó el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros.
Según el Ministerio Público, Villegas fue quien grabó el video del secuestro que luego fue enviado a las altas esferas de la organización criminal. También habría recogido a algunos de los participantes después de que el vehículo utilizado en el operativo sufriera un desperfecto.
El proceso comenzó este jueves ante el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. La Fiscalía presentó 87 testigos, 28 peritos y más de 170 evidencias para intentar acreditar la responsabilidad de Villegas.
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Secuestrado por hombres vestidos de policías
Ojeda tenía 32 años cuando fue asesinado. Había escapado de Venezuela en 2017 después de ser acusado de conspirar contra el Gobierno de Maduro. A finales de 2023, Chile le concedió el estatus de refugiado político.
La madrugada del 21 de febrero de 2024, cuatro hombres entraron en su departamento de la comuna de Independencia, en Santiago. Los secuestradores estaban vestidos como agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y se llevaron al exmilitar en ropa interior.
Nueve días después, su cuerpo fue encontrado dentro de una maleta enterrada a 1,4 metros de profundidad y cubierta con cemento en un asentamiento irregular de la comuna de Maipú.
Desde las primeras etapas de la investigación, las características del crimen llevaron a la Fiscalía a descartar progresivamente las hipótesis de un autosecuestro o de un secuestro extorsivo. A diferencia de otros casos atribuidos al Tren de Aragua, la familia de Ojeda nunca recibió un pedido de rescate.
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La Fiscalía apunta a Diosdado Cabello
La Fiscalía chilena sostiene que el secuestro y asesinato de Ojeda no respondió a la actividad criminal habitual del Tren de Aragua, sino que fue un encargo realizado desde Venezuela.
Barros señala a Diosdado Cabello, una de las figuras más poderosas del chavismo, como la persona que habría encargado el crimen a la organización criminal.
«Actuó por orden, de acuerdo a los antecedentes que hemos recopilado en la investigación, de Diosdado Cabello, quien encarga el secuestro y el homicidio de Ronald Ojeda», afirmó el fiscal a finales de agosto.
Según la investigación, el Tren de Aragua habría actuado prestando un «servicio», con una modalidad diferente a la utilizada habitualmente por la organización.
La hipótesis se apoya, entre otros elementos, en declaraciones de testigos recopiladas por la Fiscalía. Uno de ellos aseguró que la instrucción habría partido de Cabello y llegado hasta Héctor «Niño Guerrero» Guerrero (máximo líder del Tren de Aragua para ese momento), para luego pasar por distintos niveles de la organización hasta ser transmitida a Los Piratas, la célula que operaba en Chile.
Barros indicó que los investigadores disponen de testimonios reservados y otras evidencias que apuntan a que Cabello habría negociado con la organización y realizado pagos para concretar el crimen.
El fiscal considera «poco creíble» que Cabello haya sido el único autor intelectual y afirmó que la investigación apunta a un encargo del gobierno venezolano.
La Fiscalía vincula la presunta motivación política del crimen con las actividades de Ojeda contra el gobierno venezolano. De acuerdo con Barros, el exmilitar había participado en acciones contra Maduro y, pocos meses antes de ser secuestrado, habría intervenido en un nuevo intento para derrocarlo.
Las autoridades venezolanas han rechazado las acusaciones que vinculan al Gobierno de Maduro con el asesinato.
Una causa con decenas de acusados
El juicio contra Villegas es el primero de una serie de procesos por el crimen.
La causa tiene a 32 personas individualizadas, de las cuales 26 se encuentran detenidas en Chile y otras seis tienen órdenes de detención vigentes. Además, Ángelo Castillo, que tenía 17 años cuando se produjo el secuestro, ya fue condenado a cinco años de reclusión bajo un programa de reinserción social.
El próximo 20 de octubre está previsto que comience un segundo juicio contra otros 19 imputados por su presunta participación en la muerte de Ojeda y otros delitos vinculados a Los Piratas de Aragua. Luego deberá realizarse un tercer proceso contra integrantes de la cúpula de la organización extraditados a Chile desde Colombia y Estados Unidos.
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El asesinato de Ojeda provocó fuertes tensiones diplomáticas entre Chile y Venezuela cuando la investigación comenzó a apuntar hacia el poder político venezolano. Las autoridades chilenas incluso entregaron antecedentes del caso a la Corte Penal Internacional.
Nacido en las cárceles venezolanas, el Tren de Aragua se expandió durante los últimos años por varios países de América Latina, entre ellos Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile, donde sus distintas células han sido vinculadas con secuestros, homicidios, extorsiones y narcotráfico.
Con EFE, AP y medios locales
