“Hoy hice el ejercicio de salir adelante en nombre de mi esposo Luis Galeano. Él está muy bien, les manda muchos saludos. Dice que no dejen de decir ‘firmes y dignos’”, afirmó Deykell Santamaría frente a las cámaras de Café con Voz, el programa que su esposo fundó en Nicaragua y que ella ha asumido mientras él permanece detenido por las autoridades migratorias estadounidenses.
La mañana del 14 de septiembre, la rutina laboral del comunicador se interrumpió abruptamente en Orlando, Florida. El periodista de 48 años, abierto opositor al gobierno de su país que buscó refugio en Estados Unidos en 2018, fue arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés), mientras laboraba como conductor de aplicación.
Tras su traslado al centro de detención de Baker, al norte del estado, Galeano logró comunicarse con su esposa para encomendar la búsqueda de defensa legal y pedirle que hiciera público su arresto.
La escena resume una situación que comienza a repetirse entre nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos después de denunciar haber sufrido persecución política: personas que huyeron para ponerse a salvo vuelven a vivir bajo la amenaza de ser detenidas y deportadas.
La detención de Galeano, quien además ostenta la nacionalidad española desde 2025 tras haber sido desnacionalizado en Nicaragua y acusado de “traición a la patria”, encendió las alarmas de organizaciones internacionales de libertad de prensa, como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Ambas entidades instaron a las autoridades estadounidenses a detener su deportación y a respetar la protección consular. Sin embargo, su arresto no es un hecho aislado, sino el reflejo de un patrón que cerca a la disidencia nicaragüense en territorio estadounidense.
“Las detenciones migratorias son de naturaleza civil, no penal en Estados Unidos, tener un permiso de trabajo y un asilo pendiente no te hace tener un estatus migratorio”, explica Jacinto Vázquez, abogado especializado en migración en Estados Unidos.
Según el experto, personas que ingresaron legalmente y posteriormente solicitaron asilo están siendo detenidas y colocadas en procesos de remoción mientras defienden sus casos.
Del exilio a la detención
Galeano comenzó su carrera periodística a finales de los años 90 y trabajó para medios como El Nuevo Diario, Associated Press y EFE.
En 2012 creó Café con Voz, buscando un hueco informativo para hablar de temas sociopolíticos que otros medios tradicionales no se permitían incluir en su programación. Rápidamente la audiencia comenzó a respaldar su emprendimiento periodístico, pero en 2018, cuando estallaron las protestas prodemocráticas reprimidas violentamente, se vio obligado a buscar refugio, al igual que otros 300 periodistas.
Galeano continuó informando desde Estados Unidos. En febrero de 2023, además, fue incluido entre los nicaragüenses a quienes el Gobierno de Ortega retiró la nacionalidad y calificó de “traidores a la patria”.
El CPJ pidió a las autoridades estadounidenses liberar a Galeano. “Esta detención se inscribe en un patrón preocupante en el que la administración Trump ha utilizado la aplicación de las leyes migratorias contra miembros de la prensa”, declaró José Zamora, director regional del CPJ.
“Es fundamental que los periodistas que han solicitado asilo en Estados Unidos tras huir de la persecución por su labor periodística sean protegidos, y no tratados como blancos de la aplicación de las leyes migratorias”, agregó en un comunicado.
Dos congresistas republicanos del sur de Florida, ambos críticos del Gobierno de Ortega, también reaccionaron al caso.
La representante María Elvira Salazar pidió revisar la situación y afirmó que el Gobierno estadounidense debe distinguir “entre un criminal y un exiliado político». Por su parte, otro legislador, Mario Díaz-Balart, señaló que Estados Unidos puede aplicar sus leyes migratorias y, al mismo tiempo, garantizar que quienes huyen de “regímenes represivos” no sean devueltos a ellos.
Reporteros Sin Fronteras España también pidió la intervención del Gobierno español. “España no puede permanecer al margen cuando un periodista perseguido por ejercer su profesión, que además es ciudadano español, se encuentra detenido en Estados Unidos y afronta el riesgo de ser enviado a un país del que huyó por la persecución contra su trabajo periodístico y donde le espera el peor de los destinos si es deportado”, aseguró Edith Rodríguez Cachera, Vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras España. Galeano tiene prevista una audiencia ante un juez de migración el 2 de octubre.
Cada vez más detenidos
Un estudio elaborado a partir de las cifras del Proyecto de Datos sobre Deportaciones revela que, a lo largo de un periodo de 15 meses, las autoridades migratorias de Estados Unidos arrestaron a 12.271 personas de origen nicaragüense, ejecutaron la expulsión de más de 8.000 de ellas y mantienen en custodia a cerca de 3.000 en sus centros de detención.
El abogado Vásquez explica que la estrategia de la fiscalía migratoria suele recurrir a herramientas procesales para truncar los juicios sin analizar el fondo de las denuncias por tortura o persecución.
“Los fiscales someten una moción llamada moción para pretermitir. Es decir, meten la moción para tratar de que el juez diga que el caso no califica. El juez acepta esa moción, no escucha el caso en la Corte de migración y emite una orden de deportación que puede ser a un tercer país, es decir, no hay una evaluación si existe el riesgo en ese tercer país. Esa orden de deportación también es apelable».
El especialista en migración y activista nicaragüense de derechos humanos Ronmell López advierte sobre el miedo generalizado que embarga a la comunidad y la incertidumbre de ser devueltos o transferidos sin garantías.
«Hoy hay mucho miedo. Hay personas que salen a trabajar o van a una cita de inmigración pensando: ‘¿Voy a regresar esta noche?’ Y obviamente existe el miedo de terminar en un centro de detención por todo lo que hemos visto en las noticias y en investigaciones documentadas: muertes bajo custodia, denuncias de golpizas, uso excesivo de fuerza, negligencia médica y otras condiciones preocupantes», advierte.
López enfatiza el contrasentido ético y legal de enviar a personas apátridas como Galeano, o perseguidas, hacia terceros países con los que no guardan ningún vínculo social ni legal.
“Haber sido perseguido y después desnacionalizado no puede convertirse simplemente en otro papel dentro de un expediente. La pregunta es: ¿realmente tuvo el tiempo y la oportunidad de defender su caso? ¿Esta persona realmente tuvo la oportunidad de ser escuchada antes de subirla a un avión?”, cuestiona.
En los últimos meses, más de 100 personas de distintas nacionalidades fueron enviadas por Estados Unidos a ocho países africanos, según medios. Tres nicaragüenses terminaron específicamente a la República Centroafricana.
Perseguidos y detenidos
La situación adquiere una dimensión particular en el caso de los presos políticos que fueron excarcelados por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En febrero de 2023, Managua expulsó a 222 disidentes detenidos y les retiró la nacionalidad argumentando que tramaban un “golpe de Estado” y “atentaban contra la paz” del país. Entre ellos había periodistas, activistas y figuras de la oposición.
Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, organizó y financió un vuelo chárter para trasladarlos a Washington D.C. y les concedió un permiso humanitario de dos años. La operación costó alrededor de un millón de dólares al gobierno estadounidense, según funcionarios, incluyendo el traslado y asistencia inicial.
Tres años después, algunos de aquellos exiliados han sido detenidos por ICE. Según reportó el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX). Entre los aprehendidos se encuentran Edwin Hernández Figueroa, Cristhian David Meneses, Marlon Antonio Narváez Franklin, Jairo Lenín Centeno Ríos y Denis Javier Palacios Hernández, este último arrestado en Virginia cuando se dirigía a su centro laboral.
A la fecha, cinco de los exprisioneros políticos permanecen privados de libertad a la espera de que se defina su situación en audiencias migratorias. De acuerdo con voceros del GREX consultados por EFE, únicamente Marvin Castellón Ubilla ha sido puesto en libertad, mientras la organización de exiliados mantiene el monitoreo de estos casos ante la incertidumbre procesal y el riesgo de deportación que enfrenta el grupo.
“Necesitamos que las autoridades norteamericanas, dimensionen correctamente, el peligro que los excarcelados políticos, los activistas políticos, periodistas independientes corren en Nicaragua, han venido a los Estados Unidos en búsqueda de libertad, fuera de la persecución del régimen totalitario de los Murillo-Ortega”, demandó la organización.
Para López, existe un contraste entre aquella operación de acogida y la situación actual, aunque subraya que se trata de administraciones estadounidenses diferentes.
“Yo lo veo de una manera sencilla: las prioridades de los gobiernos cambian. Puedes escuchar un discurso fuerte contra el régimen de Nicaragua y al mismo tiempo ver una política migratoria aquí que permite detener a un nicaragüense con un proceso pendiente. Y eso crea mucha incertidumbre en nuestra comunidad”, afirmó.
El miedo después de la cárcel
La detención migratoria puede adquirir además una dimensión emocional particularmente fuerte para quienes ya estuvieron presos o fueron perseguidos por motivos políticos. Vázquez señala que sus clientes que han pasado por estos procesos han sufrido consecuencias psicológicas después de salir de los centros de detención.
“Para cualquier migrante nicaragüense, cubano, venezolano o iraní que sufrió persecución en su país y enfrenta una detención en Estados Unidos, eso causa una revolución emocional severa en las personas. Hemos tenido clientes que han pasado por este proceso y no salen iguales, tienen que entrar a terapia, tienen problemas emocionales, no pueden dormir, etc. Es un impacto psicológico que les causa a los migrantes”, afirma.
Para alguien que ha perdido su país y su red de protección, llegar a un tercer territorio puede significar comenzar nuevamente desde cero, afirman los expertos. “Imagínate aparecer en un país que no conoces, sin idioma, familia, trabajo ni red de apoyo. Imagínate lo que esto significa para alguien que ya estuvo preso o fue perseguido en Nicaragua”, dice López.
El proceso de asilo tampoco ofrece una garantía automática contra la detención. Pero, según los especialistas consultados, la detención tampoco elimina por sí sola la posibilidad de defender un caso pendiente.
Vázquez señala que una persona cuya solicitud sea rechazada puede presentar una apelación dentro del plazo correspondiente y que, en determinadas circunstancias, la orden de deportación queda suspendida mientras la apelación está pendiente.
También recomienda mantener actualizada la información ante la Corte de Inmigración y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), contar con representación legal y dejar documentación en manos de un familiar de confianza en caso de una eventual detención.
Deykell Santamaría, esposa del comunicador Luis Galeano, transmitió un mensaje de fortaleza durante la emisión de este 16 de septiembre al asumir la conducción del programa. Frente a las cámaras, confirmó que el periodista se encuentra con buen ánimo desde su lugar de reclusión y compartió la petición explícita que este le hizo llegar a sus seguidores: “Decile a toda la audiencia que estoy bien, que los tengo en mi corazón”.
Con medios locales
