Este 25 de septiembre, la Corte Suprema de EE. UU. reactivó una base de datos de inmigración ampliada que, según la Administración del presidente Donald Trump, busca combatir el voto de personas que no son ciudadanas, pero que —según sus críticos— privará del derecho al voto a electores que cumplen con los requisitos legales.
Los magistrados accedieron a una petición del Departamento de Justicia para bloquear la orden de un juez que habría impedido a los funcionarios estatales utilizar números de Seguro Social y otra información para realizar verificaciones exhaustivas del estatus de ciudadanía de los votantes registrados, contrastándolos con los registros federales.
El acuerdo de intercambio de datos de la Administración forma parte de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno federal para aumentar su participación en los procesos electorales de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
La Constitución de Estados Unidos otorga a cada estado la autoridad principal para organizar y administrar las elecciones.
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El año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional rediseñó una base de datos federal conocida como SAVE (*Systematic Alien Verification for Entitlements* o Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios), utilizada para comprobar la ciudadanía y el estatus migratorio de una persona. La actualización permitió a los usuarios consultar múltiples registros simultáneamente y realizar búsquedas utilizando números de Seguro Social.
Varios estados gobernados por republicanos han comparado sus listas de votantes con esta base de datos y a algunos votantes señalados como posibles no ciudadanos se les ha cancelado el registro.
Los críticos afirman que estas acciones electorales de los republicanos no responden tanto a preocupaciones sobre la seguridad de los comicios como a un intento de obtener ventaja política restringiendo el electorado, lo que conlleva el riesgo de privar del derecho al voto a ciudadanos elegibles que, a menudo, tienden a votar por los demócratas.
En un fallo emitido en junio que bloqueaba la base de datos actualizada, la jueza federal de distrito Sparkle Sooknanan, de Washington D. C., señaló que el sistema había sido creado de manera improvisada y contenía datos poco fiables sobre la ciudadanía.
«En definitiva, el Gobierno federal ha vulnerado deliberadamente los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el sagrado derecho al voto (…) Este tribunal no puede permanecer impasible mientras eso sucede”, escribió Sooknanan.
El Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito del Distrito de Columbia se negó, en un fallo de 2 contra 1 emitido el 4 de septiembre, a suspender la decisión de Sooknanan, lo que motivó la solicitud del gobierno ante la Corte Suprema.
En un escrito presentado ante el alto tribunal, los abogados del Departamento de Justicia calificaron la orden del juez de «indefendible», argumentando que «amenaza la integridad» de las elecciones de mitad de mandato.
Afirmaciones falsas, temores reales
Trump ha hecho repetidamente afirmaciones falsas sobre un fraude electoral generalizado, incluso con respecto a su derrota en las elecciones de 2020 frente al expresidente demócrata Joe Biden.
Incluso según datos de la Heritage Foundation —organización afín a Trump que hace campaña contra el «fraude electoral»—, los casos de voto de personas que no son ciudadanas son muy poco frecuentes, y la mayoría se deben a errores más que a fraude.
Un análisis de 2024 realizado por el American Immigration Council sobre los datos de la Heritage Foundation reveló que el grupo había hallado «solo 68 casos comprobados de voto de no ciudadanos desde el año 2000, lo que representa menos del 0,0001 % del total de votos». La base de datos de la Heritage Foundation ha crecido desde entonces, sumando 21 casos adicionales.
Los grupos de defensa que presentaron demandas para bloquear el sistema SAVE revisado afirmaron que el nuevo enfoque ha provocado que personas identificadas erróneamente como no ciudadanas sean eliminadas de los padrones electorales. Argumentaron que la información de SAVE puede estar desactualizada y que los inmigrantes que posteriormente se han naturalizado como ciudadanos estadounidenses —y que, por tanto, tienen derecho a voto— son a veces etiquetados como no ciudadanos.
No se conoce públicamente la tasa de error general del sistema modificado. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia no facilitaron esa información cuando se les solicitó.
En su escrito ante la Corte Suprema, los grupos de defensa de los votantes citaron a un funcionario electoral del condado de Travis, Texas, quien afirmó que el 25 % de las coincidencias del sistema que señalaban a no ciudadanos correspondían a personas que ya habían acreditado su ciudadanía estadounidense.
Asimismo, mencionaron informes periodísticos según los cuales al menos el 81 % de las respuestas del sistema en el condado de St. Louis, Misuri, eran erróneas. La organización de defensa del derecho al voto *League of Women Voters* y el grupo de defensa de la privacidad *Electronic Privacy Information Center* presentaron una demanda en septiembre de 2025 para bloquear el sistema modificado de la Administración Trump. Argumentaron que dicha reforma infringía leyes federales de privacidad y otras normativas de Estados Unidos.
Texas, que intervino en el caso en apoyo a la Administración, ha refutado las afirmaciones de que el sistema no sea fiable.
Debido a un litigio independiente en Florida, el Gobierno de Trump ha podido seguir utilizando su sistema SAVE modificado en los estados de Florida, Iowa, Indiana y Ohio, gobernados por republicanos.
Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés
Con Reuters
