«No vuelo con Aeroflot… tampoco tomo té con desconocidos». Garry Kasparov siempre tiene listas varias respuestas para quienes le preguntan si teme que lo maten por enfrentarse a Vladimir Putin. Muchas veces devuelve la pregunta: «¿Serviría de algo preocuparme?».
Durante años, el excampeón mundial de ajedrez recurrió al humor negro para quitarle gravedad a una amenaza que conocía bien. Pero, este verano, las autoridades estadounidenses le advirtieron del peligro y recibió protección especial, por primera vez desde que se instaló en Nueva York en 2013, según fuentes de su entorno.
El FBI le dijo recientemente a Kasparov que debía ser “cauteloso y velar por su seguridad”. Su colaborador y cofundador del Foro Rusia Libre de Kasparov, Ivan Tyutrin, también estaba en la ‘lista de la muerte’, según las investigaciones. Vive en Lituania y aparentemente está incluido en la acusación como “Víctima-2”. Las autoridades lituanas le han dicho a Tyutrin que su vida corre grave peligro.
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Nacido en Bakú, entonces capital del Azerbaiyán soviético, de madre armenia y padre judío, Kasparov huyó de la ciudad cuando estallaron los pogromos antiarmenios en 1990. Ahora vive en Manhattan —cuando no está viajando para sus numerosas conferencias— y mantiene una regular presencia en Washington. Es conocido por su mal genio, pero normalmente se deja llevar por su estrategia: con ella ha ganado más de dos docenas de títulos mundiales de ajedrez. Por algo lo llamaron “el ogro de Bakú”.
Gran parte del activismo de Kasparov, de 63 años, se centra ahora en Estados Unidos, sobre todo a medida que el país se ha polarizado. Y no quiere que el país de acogida acabe como Rusia.
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«Por supuesto, entiendes que puedes ser un objetivo»
El asesinato de su amigo y compañero de oposición Boris Nemtsov, tiroteado junto al Kremlin el 27 de febrero de 2015, había multiplicado aquellas preguntas sobre su seguridad. Kasparov siguió respondiendo que había decidido hacer lo que consideraba correcto. Pero, conocer los detalles de un presunto complot para asesinar a opositores en el extranjero lo obligó a hablar públicamente del tema. La noticia, según ha comentado, no podía considerarse una sorpresa. Aun así, admite que resulta impactante para él.
En su comunicado incluyó a Ivan Tyutrin, afincado en Lituania. Ni él ni Tyutrin habían recibido confirmación explícita de que fueran las víctimas cuyos nombres aparecen ocultos en la acusación estadounidense. Lo que sí habían recibido eran advertencias de los servicios de seguridad de Estados Unidos y Lituania de que sus vidas corrían peligro y debían tomar precauciones. Y lo hicieron. Los asesinos, o por lo menos sus cómplices, andaban cerca.
Para Tyutrin, esas precauciones alteraron incluso las actividades más corrientes. En una entrevista con France 24 en Vilna, explica que asistir a una reunión escolar exigía que los agentes acudieran antes al centro para hacer comprobaciones. La protección también suponía una presión para las personas que debían recibirla. «Por supuesto, entiendes que puedes ser un objetivo», dice. Pero describe el efecto de escuchar que las autoridades tienen información sobre personas que quieren matarlo y buscan la oportunidad para hacerlo. El peligro deja entonces de ser una posibilidad asociada a su actividad política. «La amenaza iba creciendo», recuerda.
Llegaron a plantearle que colaborase en una operación para capturar a quienes lo buscaban. Le avisarían de que debía desplazarse en automóvil a un lugar determinado. Aquel dispositivo no llegó a ejecutarse. Tyutrin cuenta también que supo de la detención de un grupo relacionado con amenazas contra otros activistas, aunque reconoce que desconoce si aquel caso tenía relación con el suyo.
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Red de latinos para matar
La acusación divulgada el 15 de septiembre por el Departamento de Justicia estadounidense permite conocer cómo funcionaba una de estas redes. Los fiscales atribuyen a cinco hombres vínculos con los servicios de inteligencia rusos y planes para vigilar y asesinar a disidentes, además de organizar sabotajes en países que apoyan a Ucrania. Los cinco afrontan cargos por conspiración para financiar el terrorismo; tres están acusados también de conspiración para cometer un asesinato por encargo.
Entre ellos figuran Yuri Jrameev, antiguo coronel de los servicios de inteligencia rusos, y su hijo Kirill, oficial del Servicio Federal de Seguridad (FSB). Completan la lista los cubanos Oemis Romagoza Durruthy y Yaidel Delgado Suárez, conocido como «Vikingo», y el venezolano Ángel Eduardo Castro. La Fiscalía denomina al entramado «Red RIS» y sitúa su actividad al menos desde 2024.
El episodio estadounidense comenzó con una propuesta de Castro a un compatriota que vivía en Brooklyn: buscar a alguien de confianza en Washington, con hambre de dinero y pocos escrúpulos, para fotografiar determinados lugares. Según el escrito judicial, ofrecían entre 1.000 y 1.500 dólares por la vigilancia y 40.000 por el asesinato, no exento de riesgos en un barrio lleno de cámaras. El intermediario tomó fotografías y vídeos, pero rechazó matar al objetivo. Entonces le preguntaron si conocía a otra persona dispuesta a hacerlo. En algún momento, los cómplices entraron en un punto muerto.
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Los encargos llegaban con instrucciones minuciosas, casi caprichosas. Debían grabarse vídeos de al menos treinta segundos desde distintos ángulos, con una señal de la mano que permitiera comprobar que el material era propio y reciente. Las conversaciones utilizaban expresiones del mundillo de la arquitectura: “Medir un terreno» significaba ni más ni menos que vigilar; la «construcción» era el asesinato. Los organizadores también exigían borrar mensajes y actuar con discreción, porque no querían levantar sospechas.
En el caso del exdiputado ruso Ilya Ponomarev, como era probablemente el primer objetivo en Washington, los preparativos contra él estaban más avanzados. Ponomarev es un apellido que disgusta al putinismo: fue el único miembro de la Duma que votó contra la anexión de Crimea en 2014 y posteriormente se instaló en Ucrania. Allí ha vivido rodeado de escoltas, con visitas recurrentes a Washington, donde tiene dos propiedades. El escrito judicial reserva la identidad de ese objetivo y lo denomina «Víctima 1», sin confirmar públicamente esa identificación.
El segundo episodio descrito por los fiscales se remonta a junio de 2025 y conduce a Lituania. Kirill Jrameev habría reclutado a un ciudadano estadounidense para fotografiar la supuesta dirección de un opositor a cambio de 200 dólares. Después lo puso en contacto con su padre —un veterano del KGB que asegura haber trabajado con Vladimir Putin en su juventud— y que ofreció unos 25.000 por matarlo. El reclutado rechazó el asesinato. Yuri Jrameev le propuso entonces otros trabajos, como incendiar un almacén o atacar una subestación eléctrica. La identidad de este objetivo, la «Víctima 2», tampoco se hace pública.
La investigación conecta esos planes con sabotajes anteriores en Europa.
Romagoza Durruthy, un profesor de baile cubano residente en Rusia, habría organizado viajes y prestado apoyo a participantes en ataques en Praga y Lituania durante 2024, según ha documentado la investigación de la periodista lituana Indrė Makaraitytė. El propósito que los fiscales atribuyen a la red une ambas actividades: perseguir a los críticos de Moscú y agitar las volubles opiniones públicas de los países que ayudan a Kiev. El Kremlin sostuvo, tras conocerse los cargos, que no había motivos para comentarlos sin pruebas ni hechos creíbles. Rusia ha negado anteriormente organizar operaciones de este tipo en el extranjero.
El riesgo de hablar contra Putin
Kasparov conoce desde hace mucho el coste de desafiar al poder, pero le gusta decir que «la mejor defensa es un buen ataque”. En Rusia llegó a tener ocho guardaespaldas que transportaban su comida y su agua para evitar que consumiera alimentos expuestos en público, según le confesó a Masha Gessen en ‘The New Yorker’. En 2012, le había afirmado que una de las ventajas de viajar al extranjero era poder prescindir de ellos durante un tiempo. Un año después abandonó Rusia. Ahora ha tenido que reforzar su protección también en Estados Unidos.
La “cacería” va más allá. Menos de dos semanas después de que Estados Unidos revelara un complot ruso para asesinar a disidentes en Washington, el FSB anunció el inicio de una investigación penal por cargos de terrorismo contra Ksenia Maximova, líder de la Sociedad Democrática Rusa en el Reino Unido: “El FSB ruso continuará sus esfuerzos para neutralizar las actividades terroristas instigadas por Londres utilizando a expatriados rusos”.
Andrei Soldatov e Irina Borogan, analistas del Centro de Análisis de Políticas Europeas (CEPA), creen que el mensaje merece ser tomado en serio: “La última vez que la inteligencia rusa emitió un vídeo similar fue en octubre de 2023, cuando oficiales no identificados de la inteligencia militar rusa juraron encontrar y matar a Maxim Kuzminov, un piloto de helicóptero ruso que había desertado a Ucrania. De hecho, fue encontrado y asesinado en un aparcamiento en España en febrero de 2024”, explican en su último informe.
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«No voy a detenerme ni voy a esconderme»
Con frecuencia, Kasparov compara la política internacional con una partida de ajedrez donde las reglas actuales parecen no existir. “El mal siempre sobrevive, incluso bajo los escombros del Muro de Berlín. Solo la derrota del régimen de Putin en el campo de batalla traerá esperanza para Rusia», dijo Kasparov a France 24 en noviembre del año pasado.
Sigue en la brecha. En una entrevista publicada este 9 de octubre por ‘The Free Press’, a la que ya acudió acompañado de un guardaespaldas, expresó su convicción de que la responsabilidad alcanzaba a la cúpula del Kremlin: “Me sorprendería que el complot hubiera avanzado tanto sin una orden directa de Putin”. En su comunicado había reafirmado que seguiría promoviendo la ayuda militar y económica a Ucrania y las medidas contra Rusia. «Mi familia y yo no estaremos realmente a salvo mientras Putin siga en el poder», escribió. Su respuesta al peligro sigue siendo pública: «No voy a detenerme ni voy a esconderme».
