Una nueva ofensiva judicial contra el exdirector del FBI. La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha reactivado sus esfuerzos para procesar penalmente a James Comey, exdirector de la Oficina Federal de Investigación (FBI), por una presunta filtración de información clasificada relacionada con la seguridad nacional en octubre de 2016. El caso salió a la luz el lunes tras la desclasificación de documentos judiciales que revelan una disputa legal sobre la validez de la acusación y el plazo disponible para presentarla.
El Departamento de Justicia presentó el escrito de acusación el 5 de octubre, coincidiendo con el décimo aniversario de la publicación periodística que dio origen a la investigación. Según las autoridades, la medida busca suspender el plazo de prescripción de diez años y permitir que el procedimiento continúe.
La defensa, sin embargo, considera que la maniobra no cumple los requisitos legales. Los abogados de Comey argumentan que la legislación exige una acusación formal (indictment) aprobada por un gran jurado dentro del plazo establecido, y que el documento presentado por la Fiscalía —conocido como criminal information o escrito formal de acusación–no puede sustituir ese procedimiento.
«Por tercera vez en poco más de un año, el Departamento de Justicia ha intentado imputar al señor Comey un delito federal», declaró su abogado, Patrick Fitzgerald, quien reiteró que su cliente sostiene firmemente su inocencia.
La defensa ha pedido a un juez federal que desestime la acusación. La solicitud aún está pendiente de resolución.
La disputa sobre el plazo de prescripción
El Departamento de Justicia defiende la legalidad de su actuación. Un portavoz de la institución afirmó que presentar una apara suspender el plazo de prescripción es una práctica reconocida en los tribunales federales y respaldada por varios tribunales de apelación. El funcionario añadió que la investigación continúa abierta y declinó hacer más comentarios.
Este tipo de escrito puede presentarse sin la aprobación de un gran jurado. La controversia reside en si ese mecanismo basta para preservar la posibilidad de procesar a Comey por hechos ocurridos una década atrás, cuando la ley aplicable exige, según la defensa, una acusación formal dentro de ese periodo.
En los documentos judiciales, los fiscales sostienen que los investigadores encontraron indicios de que Comey intentó corregir información que consideraba errónea y que había aparecido en la prensa, incluida Reuters, antes de la publicación de ‘The New York Times’ Según la Fiscalía, el exdirector del FBI instruyó a miembros de su equipo para que hablaran con un periodista del diario sobre la exactitud de los datos, lo que habría supuesto una transmisión ilegal de información clasificada.
Comey rechazó las acusaciones y cuestionó la actuación del Departamento de Justicia. «Bueno, han vuelto… otra vez», dijo el lunes en un vídeo difundido en redes sociales. También afirmó que sigue siendo inocente y expresó su confianza en la independencia del poder judicial federal.
Una investigación que se remonta a 2016
El nuevo procedimiento está relacionado con un artículo publicado por ‘The New York Times’ en octubre de 2016 sobre una orden judicial secreta que obligaba a Yahoo a rastrear correos electrónicos en busca de mensajes potencialmente vinculados a una organización terrorista extranjera. La información citaba a dos funcionarios gubernamentales que hablaron bajo condición de anonimato sobre una orden emitida por un juez del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, cuya existencia Yahoo tenía prohibido divulgar públicamente.
Las autoridades federales comenzaron a investigar la posible filtración a principios de 2017. John Durham, quien posteriormente examinó la actuación del FBI durante las pesquisas sobre los posibles vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Trump, redactó en diciembre de 2018 un memorando clasificado en el que recomendaba no presentar cargos penales contra ninguna persona por esa filtración, según los abogados de Comey.
En enero de 2019, la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia abrió una segunda investigación sobre el mismo asunto, denominada en clave «Tropical Vortex». El expediente se cerró en febrero de 2020 sin que se presentaran cargos.
La defensa sostiene que, en ambas ocasiones, el Gobierno concluyó que no debía procesarse a nadie. Por ello, considera que el intento actual de reabrir el asunto, diez años después de la publicación del artículo, carece de fundamento jurídico.
El tercer intento de procesamiento bajo la Administración Trump
La nueva acusación se suma a otros dos procedimientos penales contra Comey desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
El primero lo acusaba de haber mentido al Congreso en 2020 sobre cuestiones relacionadas con filtraciones a los medios de comunicación. Un juez federal desestimó ese caso al concluir que el fiscal que presentó los cargos había sido nombrado ilegalmente.
El segundo procedimiento se refiere a una publicación de Comey en Instagram en la que aparecían conchas marinas dispuestas para formar los números «86 47». Las autoridades interpretaron la imagen como una amenaza contra Trump, mientras que Comey ha intentado que el caso sea desestimado. Este proceso continúa pendiente.
El presidente estadounidense, preguntado por el nuevo expediente el lunes por la noche, aseguró que acababa de enterarse del asunto. «James Comey es un policía corrupto», afirmó, aunque añadió que no sabía mucho sobre el caso concreto.
Los procesos se inscriben en un enfrentamiento prolongado entre Trump y el exdirector del FBI, que se ha intensificado desde que el republicano volvió al poder. En las últimas semanas, el Departamento de Justicia también ha presentado una denuncia penal contra dos antiguos funcionarios del FBI, acusados de mentir al Congreso sobre su participación en investigaciones relacionadas con Hunter Biden, y agentes federales registraron la residencia en Washington de la congresista demócrata Ilhan Omar, de Minnesota.
Una relación marcada por la investigación sobre Rusia
Comey dirigía el FBI cuando Trump asumió la presidencia en enero de 2017. Había sido nombrado por el entonces presidente Barack Obama y anteriormente había ocupado un alto cargo en el Departamento de Justicia durante la Administración del republicano George W. Bush.
La relación entre ambos se deterioró rápidamente. Comey relató que Trump le pidió durante una cena privada que le jurara lealtad personal, una petición que le preocupó lo suficiente como para dejar constancia de ella en un memorando.
En mayo de 2017, Trump lo destituyó mientras el FBI investigaba posibles vínculos entre Rusia y su campaña electoral. La pesquisa pasó después a manos del fiscal especial Robert Mueller, cuyo informe concluyó que Rusia había interferido en las elecciones de 2016 y que la campaña de Trump había aceptado esa ayuda, pero no encontró pruebas suficientes para establecer una conspiración criminal entre la campaña y Moscú.
Desde entonces, ambos han mantenido un enfrentamiento público. En sus memorias, ‘A Higher Loyalty’, publicadas en 2018, Comey describió a Trump de manera muy crítica y lo comparó con un jefe de la mafia. Trump, por su parte, ha pedido reiteradamente que el exdirector del FBI sea procesado por traición y lo ha acusado de mentir.
La disputa también ha alcanzado a la familia de Comey. Su hija, Maurene Comey, fue despedida el año pasado de su puesto como fiscal del Departamento de Justicia en Nueva York. Un juez federal dictaminó este lunes que ese despido fue ilegal.
El nuevo caso contra el exdirector del FBI abre así otro frente en la confrontación entre Trump y uno de sus críticos más persistentes. Su futuro inmediato dependerá ahora de la decisión judicial sobre la petición de la defensa para anular una acusación cuya validez, una década después de los hechos investigados, constituye el núcleo de la disputa.
Con Reuters y AP
