Las elecciones de mitad de mandato suelen ser un examen riguroso sobre la gestión del Gobierno federal en Estados Unidos y tradicionalmente esa evaluación ha devuelto una nota de reprobado para casi todas las administraciones.
Solo ha habido dos ocasiones en las que esa factura no ha sido cobrada: en 2002, al año siguiente del 11 de septiembre, y en 2022, cuando Biden logró retener la mayoría del Senado y cedió la de la Cámara de Representantes por una diferencia mínima
Desde la Segunda Guerra Mundial, el partido del presidente ha perdido en promedio 26 escaños en la Cámara Baja (que se renueva completa) y cuatro en el Senado (que elige a un tercio de sus integrantes en las midterms). Todo indica que la Administración Trump no será la excepción.
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La tendencia histórica significaría para él perder las mayorías que mantiene en ambas cámaras, que, a pesar de representar diferencias mínimas, le han servido para ejercer un poder sin contrapesos, sin control, sin regulaciones y sin rendición de cuentas, más allá de decisiones de tribunales federales que en muchos casos son luego revertidas o despojadas de sus efectos por la mayoría conservadora de la Corte Suprema, o simplemente desconocidas por su Administración.
El camino a estas midterms ha estado plagado de esfuerzos por parte del presidente para diseñar un entorno electoral a su medida: redistribuir distritos, cuestionar el voto por correo, intentar la exclusión de poblaciones enteras (al poner en duda la ciudadanía de 20.000 electores registrados en California), anticipar que impedirá la certificación de determinados candidatos, en caso de resultar ganadores (como la demócrata Mary Peltola en Alaska), o el intento fallido de lograr la aprobación de la ley SAVE, que planteaba pruebas de ciudadanía para votar.
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La perspectiva de que funcionarios de la Administración puedan ser citados u objeto de juicio político, o que donantes o socios personales de Trump que se han vinculado al Gobierno, como Elon Musk, puedan ser investigados, podría activar mecanismos de defensa que el mandatario ya sabe muy bien cómo usar.
¿Qué consecuencias puede traer un intento de Trump por ignorar resultados electorales? ¿Cuáles son las salvaguardas de las que dispone la democracia estadounidense para responder a un escenario como ese? ¿Cuál sería la posición de los republicanos, muchos de los cuales comienzan a resentir los efectos negativos de la creciente impopularidad presidencial en sus propias carreras políticas?
Sembrar la desconfianza
Las presiones en busca de resultados favorables, veladas o explícitas, han estado presentes en la retórica de Trump durante toda la campaña.
En Gastonia, Carolina del Norte, ató la ejecución de ayudas a través de la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) a una victoria de Michael Whatley para el Senado.
«Gastamos más de 2.000 millones de dólares en financiación de FEMA. Sabes, estás esperando financiación adicional y te la voy a dar a ti, Michael. Ahora, si Michael pierde, no lo envío», deslizó en un acto de campaña el 16 de septiembre, aunque luego aseguró que “es broma”.
La ayuda era fundamental para la reconstrucción de Asheville, un importante polo turístico en la cordillera de los Montes Apalaches devastado en 2024 por el huracán Helene.
Pero poco más de dos meses antes había ido muy en serio. Un acuerdo bipartidista hizo posible en junio la aprobación de la Ley del Camino del Siglo XXI a la Vivienda, un instrumento que relajaría las restricciones a los permisos de construcción y ampliaría el acceso a créditos hipotecarios, para tratar de paliar el enorme déficit habitacional que dispara el costo de la vivienda en Estados Unidos, pero la iniciativa quedó en un cajón de la Oficina Oval, sin su firma.
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Trump calificó la ley como “un bostezo” y afirmó que no la promulgaría “en protesta” porque el Senado no había procurado la mayoría necesaria para aprobar su ley SAVE, su gran apuesta para blindar el sistema electoral.
Era su jugada más ruda en ese tablero, luego de un primer pulso que hasta entonces se había limitado a la redistribución de distritos en varios estados, para reforzar las opciones republicanas, y esfuerzos frustrados por impedir el voto por correo.
Pero ahora el presidente parece dispuesto a forzar incluso más la barra. “Con Trump cualquier cosa es posible”, reconoce Mark Feierstein, exfuncionario de administraciones demócratas y consejero político.
“Sí es posible que mantenga su retórica (de calificar de amañados los procesos electorales), pero no va a importar porque los tribunales van a imponer límites y es posible que termine pasando lo que pasó en Brasil, donde hay un candidato proclamándose cosas, pero su partido no lo acompaña”, avizora Feierstein, en referencia a la discrepancia de posiciones entre Flávio Bolsonaro y el Partido Liberal tras el balotaje del 25 de octubre.
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“Ojalá que los republicanos tengan claro que los estadounidenses no quieren otro 6 de enero, que la gran mayoría rechaza la idea de que los procesos electorales no son justos”, agrega el analista. “Creo que los candidatos van a aceptar los resultados, salvo algunos casos, pero la mayoría va a reconocer que no es bueno políticamente poner en duda los procesos, como muchos de ellos lo han reconocido en privado”.
María Isabel Puerta, profesora de Gobierno Estadounidense en el Valencia College de Florida y miembro de la Red de Politólogas, no es tan optimista.
“Lejos de perjudicarlo, como se esperaba después de la insurrección en 2021, el comportamiento de Trump lo fortaleció frente a su base”, afirma Puerta. “No hay indicios de que el presidente se haya moderado, y sus amenazas apuntan a la misma práctica que lo ha caracterizado desde 2016: inducir al rechazo colectivo de los resultados electorales que le son adversos, sembrando dudas sobre el proceso”.
Federico De Jesús, analista demócrata y exportavoz del expresidente Barack Obama, apunta que Trump podría interpretar una tendencia histórica (la pérdida de escaños en las midterms para el partido gobernante) como una amenaza a su propio liderazgo.
“Este va a ser un referendo sobre las promesas rotas, sobre el costo de vida, sobre la guerra en Irán y la corrupción gubernamental, que algunas encuestas dan como el principal problema en la percepción del electorado”, apunta el analista.
“Hay que prestar mucha atención sobre a qué maniobras puede recurrir. Él no ha descansado en sus esfuerzos por interferir en las elecciones, incluyendo mandar agentes del ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y el FBI a lugares de votación, y -todavía no sabemos con qué intención- contratar una compañía de seguridad privada para colocar a sus efectivos en 55 estaciones de correo”, amplía De Jesús.
“Ojalá que estemos hablando de cosas que puedan ser revertidas rápidamente en tribunales y no de incidentes violentos o llevar gente armada a los centros de votación para intimidar, que es lo que muchos tememos, especialmente en la comunidad latina”, advierte el analista.
Los límites del presidente
Los tres analistas coinciden en señalar al sistema electoral descentralizado como una fortaleza para proteger a la democracia de una eventual crisis política en caso de que Trump se juegue la carta de no admitir los resultados. Para ellos, el hecho de que los comicios están regidos por juntas independientes por cada estado puede contribuir a preservar a las midterms de cualquier interno de subvertirlas.
“Las elecciones en este país escapan del control federal y son los estados quienes las conducen, y en todo caso, serán las cortes las que determinen aquellos casos donde haya dudas, pero no será el Ejecutivo quien se encargue de dirimir conflictos electorales, de producirse”, destaca María Isabel Puerta.
“Cada uno tiene sus propios procedimientos para aceptar quejas sobre los procesos y adjudicar resultados. No tenemos una sola elección, tenemos 50 elecciones”, agrega Feierstein. “Y sí es cierto que el Congreso juega algún papel en el reconocimiento y es posible que lo ejerza con un asiento o dos, pero el presidente no tiene ninguna autoridad para desconocer el resultado, aunque Trump es predecible y se sabe que algo va a intentar”.
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Feierstein no duda de que tanto organizaciones de defensa del voto y el propio Partido Demócrata se estén preparando para hacer frente a “muchísimos escenarios, incluso cosas muy severas como tratar de decomisar las boletas, porque ya aprendieron de lo que pasó el 6 de enero. La lección de ese día es que no tuvimos suficiente imaginación, porque nunca pudimos prever que un presidente y un partido político harían eso”.
De Jesús, por su parte, recuerda que en otras ocasiones Trump ha desconocido deliberadamente decisiones de tribunales, “desde lo más pequeño, como un campo de golf en Washington DC, donde una corte le prohibió talar árboles y él cortó 500 después de la orden judicial, hasta cosas mucho más graves como la salida de vuelos con deportados a pesar de que una corte dictaminó que los aviones no debían despegar”.
Ese carácter descentralizado limitará los efectos de cualquier esfuerzo de subversión por parte del presidente, según Puerta: “Se podrían retrasar algunas certificaciones si hay oficiales locales republicanos que quieran complacerlo, como ocurrió en 2020, pero eso se decidiría en las cortes porque el Ejecutivo no tiene ninguna competencia en materia electoral. En este escenario, obstaculizar y retrasar es a lo que están apostando, porque las otras estrategias de bloqueo a la participación han fracasado”.
La experta identifica salvaguardas mucho más allá del poder de las cortes de distrito, federales y de apelaciones para enfrentar el peso de la mayoría ultraconservadora de la Corte Suprema.
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“La sociedad organizada, el partido demócrata, las asociaciones y grupos civiles que tienen ya listos más de 15.000 abogados para responder a cualquiera de los intentos del gobierno por impedir las certificaciones de los resultados”, enumera. “La experiencia de 2021 ha obligado a todos los sectores que se oponen al presidente a prepararse para cualquier escenario”.
Trump, mientras tanto, tendrá de su lado un Departamento de Justicia que ha depuesto el cortafuegos tradicional que lo mantenía lejos de la influencia del Ejecutivo, así como la alternativa de un despliegue de tropas militares hacia los centros de votación.
Pero Puerta señala que esto podría tener un efecto contraproducente, al “arriesgarlo a un rechazo colectivo que termine fracturando aún más la coalición que le acompaña, ya sentida por su baja popularidad”.
“En este escenario, el presidente quedaría solo con su gobierno, excediendo su autoridad, promoviendo el desconocimiento de la voluntad popular -de nuevo-, pero esta vez no de un solo resultado, sino de cientos o miles de cargos de elección popular, y eso a diferencia de la insurrección de enero de 2021, sería mucho más peligroso para su gestión, a la que le quedan dos años más de gobierno. De tomar ese camino, haría insostenible su gobierno”, pronostica Puerta.
