Tras haber sido imputado formalmente el sábado en la causa por el desplome del Ueno Bank, el expresidente de Paraguay, Santiago Peña, cumplió su primera noche en prisión preventiva, mientras ciudadanos y organizaciones se mantienen en vilo, a la espera de la devolución completa de los ahorros retenidos desde la intervención del extinto banco digital.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra Peña por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor.
Por orden del juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, el exmandatario debe permanecer recluido en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), en Asunción, la capital del país, adonde fue trasladado el viernes, luego de que fuese destituido por el Senado tras declararlo culpable de «mal desempeño de funciones».
En ese sentido, el oficio firmado por Otazú el sábado estableció que Peña quede «bajo segura custodia, en libre comunicación y a disposición de este juzgado».
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En declaraciones realizadas este 8 de noviembre a ‘Radio Ñanduti’, el comandante del REP, el coronel José Dayub, explicó que esto implica que el presidente destituido tiene permitido recibir visitas y utilizar teléfono móvil durante su permanencia en el recinto, que no cuenta con celdas o habitaciones con rejas.
Dayub señaló que Peña está en «un dormitorio con una puerta normal, con llave», la cual es administrada por el personal de seguridad. Además, en el complejo no hay otras personas privadas de libertad.
Según la Fiscalía, los delitos que se le imputan a Peña, en su modalidad agravada, pueden ser castigados con hasta diez años de prisión, si es encontrado culpable.
Mientras avanza la investigación, el Ministerio Público y la Policía paraguaya continúan realizando allanamientos en distintos puntos del país, en los domicilios de los ejecutivos imputados y en instalaciones pertenecientes al Grupo Vázquez, propietario del Ueno Bank y del que Peña fue accionista hasta marzo de 2025.
Según los registros, entre los elementos decomisados hay 9 vehículos de alta gama valuados en 1,4 millones de dólares, encontrados en la vivienda de Miguel Vázquez, uno de los fundadores de Ueno Bank, así como un yate y dos aviones privados.
También se han recopilado hasta ahora documentos de diversa índole –cuyo contenido no ha sido revelado–, portátiles, servidores, teléfonos celulares, entre otros elementos, mientras se espera que las requisas se extiendan a más firmas vinculadas al grupo empresarial y a otras propiedades de los directivos de la entidad financiera, según medios locales.
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A la espera de que avance el proceso de devolución de los ahorros retenidos a casi tres millones de clientes tras el colapso de Ueno Bank, la preocupación y el enojo persiste entre la ciudadanía, que observa con recelo al sistema financiero y a la clase política.
Aunque el dinero que restituye el Estado paraguayo a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) se abona automáticamente en cuentas bancarias de otros bancos o abiertas para este fin, muchos ahorradores han preferido acudir en persona a las sucursales de media docena de entidades de todo el país, que han abierto sus puertas el sábado y el domingo en la capital Asunción y en otras ciudades.
El alivio de los cerca de 1,2 millones de usuarios que ya han recibido la devolución de sus ahorros contrasta con la tensión de quienes todavía están a la espera. Como Giovanni Catolino, quien hasta el viernes por la noche, cuando habló con la agencia AFP, no había recibido los «15.000 o 16.000 dólares» que tenía depositados en Ueno Bank y «son 16 años de trabajo perdidos».
«Mi esposa y yo abrimos una agencia de viajes en junio, con la indemnización por despido de mi anterior empresa. Nos llevó tiempo y dinero. Me dediqué por completo a ello, obviamente», explicó el hombre, que confesó querer «escupirle en la cara a ese idiota», en referencia a Peña.
Con el sufrimiento de los afectados en mente, el obispo Ricardo Valenzuela, en su homilía de la tradicional misa dominical en la Basílica de Caacupé, reclamó «la urgente devolución del dinero de todas las personas estafadas» y «soluciones reales y sinceras» para el pueblo paraguayo, golpeado por «este fraude monumental».
Si bien reconoció las «medidas correspondientes» adoptadas en el plano político, el prelado instó al nuevo gobierno de Pedro Alliana a encarar la «encomiable tarea y una oportunidad histórica para sanear la nación, de una vez por todas».
Y es que, además de devolver los fondos a los damnificados, distintas organizaciones apuntan a una labor más difícil y a largo plazo para reconstruir la confianza en las instituciones.
La Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas de Paraguay (Comampar) solicitó que se actúe «con urgencia y transparencia» para atender a los usuarios porque «detrás de cada ahorro, hay esfuerzo, trabajo y proyectos de vida», a la que vez que llamó a proteger las condiciones para el funcionamiento de la economía y el sostén de la estabilidad «construida durante años».
En tanto, la Asociación Rural (ARP) exigió «transparencia, investigaciones rigurosas y determinación de responsabilidades» para recobrar la credibilidad, además de «concluir con urgencia, mediante información clara y plazos verificables la reposición de los recursos de los afectados».
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Una señal de que el malestar tardará en mitigarse es que este lunes 9 de noviembre, los cuatro principales sindicatos docentes han convocado a una huelga y movilización para exigir que, mediante una ley especial, se garantice la restitución de los fondos jubilatorios depositados en el ahora extinto Ueno Bank.
Por su parte, según confirmó el medio ‘ABC’, la diputada opositora Rocío Vallejo también prevé presentar este lunes una denuncia aparte ante la fiscalía contra aquellas personas que hayan hecho uso de «información privilegiada» para retirar sus fondos de la entidad bancaria antes de que se conociera la intervención del Banco Central de Paraguay, el martes pasado.
Alliana busca pasar página
Luego de asumir la presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña, Pedro Alliana mantuvo este fin de semana sus primeros encuentros oficiales en la Casa Presidencial con miembros de su gabinete, al que todavía está dándole forma.
Este domingo 8 de noviembre, el ahora exvicepresidente ratificó en sus cargos a los ministros de Defensa, Óscar González, y de Justicia, Rodrigo Nicora.
En una comparecencia ante los medios de comunicación tras el encuentro, González indicó que la orden del mandatario fue priorizar la asistencia a sectores golpeados por recientes temporales en Paraguay, mientras a Nicora le encomendó fortalecer la vigilancia en los centros penitenciarios del país.
También se sostiene en el cargo el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, pese a los cuestionamientos que pesan sobre él por su fallida candidatura a presidir la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2025 y por su amistad personal con un socio de Fernando Cerimedo, el asesor de gobiernos de derecha en América Latina que está siendo investigado en Bolivia por el supuesto intento de asesinato de su expareja y por presuntos vínculos con el narcotráfico.
A través de su cuenta de X, la Cancillería paraguaya indicó el sábado que Ramírez «mantuvo conversaciones con Gobiernos de diferentes países para ratificar la continuidad de las líneas de la política exterior del Paraguay».
Un cambio significativo se dio en el Ministerio del Interior, ahora a cargo de Ariel Martínez, un abogado de profesión que ya ocupó ese cargo entre enero y agosto de 2018, durante el Gobierno del ahora expresidente Horacio Cartes (2013-2018), quien encabeza el gobernante Partido Colorado.
Por su parte, Rolando de Barros dejó la cartera de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para convertirse en el jefe del Gabinete Civil y secretario general de Alliana. Además, Juan Carlos Baruja pasará del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) al de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en reemplazo de Claudia Centurión.
En otras dos áreas sensibles, Economía y Salud, medios locales señalaron la continuidad de Óscar Lovera e Isaías Fretes, respectivamente, luego de que el sábado por la mañana participaran de reuniones encabezadas por Alliana para analizar el suministro de medicamentos y la situación de los clientes afectados por Ueno Bank.
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En otra muestra de la intención de dar por superada la debacle política y financiera, la Cancillería paraguaya aseguró en otro comunicado que el país sudamericano ha salido «fortalecido de esta crisis puntual», destacando que la respuesta «a la crisis financiero-institucional demuestra la capacidad de las instituciones para aplicar reglas, proteger el interés público y encauzar situaciones críticas dentro del orden jurídico».
Con EFE, AFP y medios locales
