Sin soslayar que los acuerdos de paz firmados en noviembre de 2016 redujeron en forma considerable la violencia tras más de cinco décadas de conflicto armado, Colombia sigue enfrentando un contexto «muy desafiante» diez años después.
Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo del país sudamericano en su informe ’10 años del Acuerdo de Paz: un compromiso constitucional con las víctimas y los territorios’, presentado este miércoles 11 de noviembre.
Según este organismo independiente de supervisión, en la actualidad, el 36% de los 1.103 municipios de Colombia enfrentan alertas por la actuación de los grupos armados ilegales: en 372 de ellos operan cinco disidencias de las FARC (desprendimientos de la extinta guerrilla que firmó el pacto con el Gobierno colombiano) y en otros 468 predomina el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, que tiene un origen paramilitar.
«La persistencia de la violencia armada constituye uno de los principales obstáculos para la implementación del Acuerdo Final (…) En numerosos territorios las comunidades siguen enfrentando amenazas, restricciones a su movilidad, desplazamientos, confinamientos y ataques contra quienes ejercen liderazgos sociales», afirmó la Defensoría.
La primera década de los acuerdos coincide con el mayor repunte de la violencia de este proceso por las disputas entre narcotraficantes y rebeldes por el control de las economías ilícitas, mientras el país rompe su propio récord mundial de producción de cocaína.
Una extensión de tu navegador parece estar bloqueando la carga del reproductor de video. Para poder ver este contenido, debes desactivarla en este sitio.
Estos grupos, según la Defensoría, son los mayores responsables del aumento de un 38,5% registrado el año pasado en los asesinatos de exguerrilleros firmantes del acuerdo. En total, desde la firma del pacto en el teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre de 2016, han sido asesinados 521 excombatientes.
Del mismo modo, entre enero de 2016 y junio pasado fueron contabilizados 1.743 homicidios de personas defensoras de derechos humanos.
Además, las víctimas de desplazamientos masivos pasaron de 12.841 en 2017 a 107.924 en 2025 y los afectados por confinamientos forzados crecieron de 18.603 a 128.825.
De acuerdo a la Defensoría, estos dos flagelos «y otros crímenes serios contra la población afectan la participación, debilitan los procesos organizativos y amenazan la sostenibilidad de los avances».
Por otra parte, la institución recabó importantes retrasos en los mecanismos de reparación colectiva. De los 1.367 sujetos reconocidos para ello, solo 63, es decir el 4,6%, han completado estos planes, orientados a compensar los daños causados a comunidades, grupos étnicos, organizaciones sociales y otros sectores castigados por la violencia.
«La paz necesita que las personas que dejaron las armas puedan continuar sus proyectos de vida sin amenazas; que las víctimas reciban justicia y reparación», señaló el reporte.
Leer tambiénColombia: ¿peligra la justicia del Acuerdo de Paz? Habla el presidente de la JEP
Avances considerables pero insuficientes frente a la desigualdad
Pese a las dificultades, la Defensoría del Pueblo colombiana destacó que, de los más de 14.100 excombatientes firmantes, 10.943 personas siguen ligadas al proceso de reincorporación, un 76% del total de miembros de las FARC acreditados al momento de su desmovilización, en noviembre de 2016.
«El balance identifica avances en educación, salud, proyectos productivos, acceso a tierras y participación comunitaria. Cerca de 7.000 personas firmantes han terminado el bachillerato y el 99 % se encuentra afiliado al sistema de salud. También se han desarrollado 6.206 proyectos productivos individuales y colectivos», agregó el texto.
Uno de los aspectos destacados por el organismo es la reducción de la pobreza en las zonas rurales y alejadas de los municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). En esos territorios, el índice bajó de 47,2% en 2018 a 26,1% en 2025.
En esas áreas también cayó el trabajo rural infantil del 13,8% en 2016 al 5,2% en 2025; y el déficit habitacional rural disminuyó 11,6% entre 2019 y 2025.
Asimismo, un 98% de las 99.097 familias que se integraron al plan de sustitución de cultivos de uso ilícito cumplieron con la erradicación voluntaria y la resiembra de coca fue inferior al 1 por ciento. Sin embargo, el total de área sembrada con este cultivo no ha disminuido y otros planes a largo plazo registran retrasos importantes.
Más allá de los progresos, la defensora del pueblo de Colombia, Iris Marín, recordó que «la desigualdad -que es territorial entre las ciudades y el campo, que también tiene rostro étnico, de género, generacional, que afecta más a los más discriminados»- es el problema que el país debe superar para salir adelante.
«Si no tomamos en serio el reto de superar la profunda desigualdad en el país, quizás no acabaremos las violencias del pasado y del presente», aseguró la funcionaria durante el foro organizado este miércoles para presentar el informe y reflexionar sobre los diez años del proceso de paz.
En este contexto, el reporte de la Defensoría también puso la lupa en que el 86% de los firmantes de paz viven fuera de los antiguos espacios territoriales, lo que «plantea mayores desafíos para la prestación de servicios, el desarrollo de proyectos y la implementación de medidas de protección».
Leer tambiénLos claroscuros de Petro: avances sociales empañados por el fracaso de la ‘Paz total’ y casos de corrupción
En ese sentido, el ente observador insistió en que «el cumplimiento del acuerdo requiere continuidad institucional, financiación, coordinación y evaluación de resultados» e instó al Ejecutivo actual a «asegurar la continuidad del proceso de reincorporación hasta 2031».
«Los cambios de Gobierno no deben interrumpir los procesos ni debilitar los avances alcanzados. La implementación exige responsabilidades verificables y una perspectiva de largo plazo», concluyó.
Los retos para la paz, bajo el Gobierno de De la Espriella
El futuro del acuerdo de paz enfrenta un duro obstáculo con la llegada al poder del presidente ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien se ha declarado contrario al pacto y se ha embanderado tras el lema «tumba o cárcel» para los grupos armados. En este contexto, la violencia de estas facciones se disparado en los tres meses de gobierno, con ataques en comunidades y contra fuerzas de seguridad.
Otro gesto desalentador es que el Ejecutivo se ausentó de la jornada organizada este miércoles por la Defensoría del Pueblo, de la que participaron los tres expresidentes encargados de implementar lo firmado: Juan Manuel Santos (2010-2018), Iván Duque (2018-2022) y Gustavo Petro (2022-2026).
Iris Marín indicó: «Extrañamos al Gobierno (actual), que hace parte de la discusión pese a no estar presente», pero destacó que «el acuerdo de paz atravesó tres gobiernos muy distintos ideológicamente y sigue en pie» y pidió «que ese debate se siga dando, pero dentro de la senda de la Constitución, teniendo en cuenta lo que necesita el país, los derechos humanos de la gente, especialmente los territorios que han estado más asolados por violencia».
La defensora del pueblo remarcó, asimismo, que «la violencia de hoy no es responsabilidad del acuerdo sino en gran medida del lento avance de la implementación» y subrayó que «hay deudas que hemos tenido antes del acuerdo y que tenemos después de él, principalmente con las víctimas y los territorios».
Por su parte, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenca, alertó que «persisten retos importantes, de sostenibilidad y acceso a mercados, retos como la estigmatización que impide que firmantes accedan a empleos (…) pero sobre todo persisten retos de seguridad».
Frente a esto, el enviado de Naciones Unidas sostuvo que «revertir esta situación debe ser una prioridad para todos» y reivindicó que «el acuerdo puso en marcha mecanismos para la prevención de la violencia», pese a que «su implementación ha sido poco articulada».
«Para consolidar la seguridad se requieren mejores condiciones de vida y oportunidades económicas, mejores servicios públicos y mayor presencia de las instituciones», sentenció.
Leer tambiénDe la Espriella derriba la «Paz total’ de Petro: «La opción del diálogo está completamente agotada»
Con EFE, AFP y medios locales
