Pero las consecuencias de estos mecanismos van más allá de sus posibles errores. Para comprobar quién supera determinado límite de edad, las plataformas también podrían necesitar información de personas adultas, aunque no estén sujetas a las restricciones. De esta manera, servicios que actualmente no requieren acreditar la edad o la identidad podrían comenzar a exigir estos datos para permitir el acceso.
“Dejar rastros no equivale a tener que identificarse”, sostiene Derechos Digitales. Aunque navegar por internet ya genera información que puede utilizarse para rastrear la actividad de una persona, esto es distinto a exigirle que compruebe su identidad para acceder a una plataforma. El estudio advierte que los mecanismos de verificación de edad podrían extender este requisito a servicios que actualmente no lo exigen, con consecuencias para la privacidad de los usuarios.
Algunas iniciativas buscan reducir estos riesgos. En Argentina, por ejemplo, un proyecto presentado en junio propone desarrollar un sistema estatal que permita confirmar si alguien supera el límite de edad correspondiente sin compartir con las plataformas información como su número de documento, domicilio, imagen biométrica o fecha exacta de nacimiento.
Sin embargo, incluso este modelo plantea preguntas sobre el manejo de los datos. Aunque una red social reciba únicamente la confirmación de edad, todavía importa quién realiza la comprobación, qué información conserva y si los registros pueden relacionarse entre diferentes servicios para conocer la actividad digital de una persona.
A esto se suma la participación de empresas especializadas en comprobar edades. Los proveedores pueden acceder a información que, sin medidas de protección adecuadas, podría conservarse, combinarse con otros registros o utilizarse posteriormente para publicidad personalizada, creación de perfiles comerciales o vigilancia.
Las propuestas latinoamericanas ofrecen distintos niveles de protección frente a estos riesgos. En Perú, por ejemplo, un proyecto que se presentó este año exige alternativas a la comprobación con documentos oficiales y limita el uso y la conservación de los datos recopilados. Otras iniciativas analizadas no mencionan qué información podrán solicitar las plataformas, cómo deberán protegerla o qué ocurrirá con ella después de comprobar la edad.
Por eso, Derechos Digitales considera necesario evaluar si cada medida es realmente necesaria, qué riesgos busca resolver y si existen alternativas menos invasivas:
Las plataformas y sus algoritmos, bajo la lupa
Las restricciones de edad son una de las medidas más discutidas en América Latina, pero el estudio identifica otras propuestas que buscan cambiar directamente el funcionamiento de las plataformas. Estas parten de reconocer que algunos riesgos para las infancias también están relacionados con la manera en que se diseñan los servicios y con los negocios que dependen de ellos.
Entre las prácticas que han comenzado a recibir atención legislativa se encuentran los algoritmos que recomiendan contenidos para mantener a las personas conectadas durante más tiempo, las notificaciones constantes, la publicidad personalizada y los llamados patrones oscuros, diseños que influyen en las decisiones de los usuarios y pueden llevarlos a realizar acciones que no tenían previstas.












