Una transparencia opaca

El autor es abogado. Reside en Santo Domingo

Recientemente el presidente Luis Abinader creó, mediante Decreto 76-25, la Comisión Nacional de Transparencia y Anticorrupción (CPTA) con el objetivo de “integrar y coordinar las distintas estrategias gubernamentales de prevención, transparencia y acceso a la información pública”.

Debemos resaltar que al igual que esa iniciativa que hoy se anuncia, el gobierno central ha llevado a cabo múltiples acciones, y exhibe supuestos avances en vastos anuncios pagados en los diferentes medios de comunicación sobre transparencia, rendición de cuentas y apertura a la información pública.

Sin embargo, nos surgen las preguntas: ¿Es algo cierto, o solo mucha campaña mediática, demagogia publicitaria o populismo?  ¿No será que la creación de esa Comisión sea una señal de que las cosas no andan muy bien en materia de transparencia en el gobierno?

Uno de los elementos que más identifica a un gobierno moderno es la transparencia. Un gobierno transparente es aquel que proporciona información rápida, oportuna, confiable y entendible sobre lo que está haciendo el gobierno, sus acciones, ejecutorias y gastos.

Sin embargo, y aunque pueda parecer contradictorio, a veces la denominada transparencia se torna opaca, su finalidad no es la de generar espacios para que el ciudadano pueda conocer y controlar, sino más bien, dar la imagen de que el gobierno se apertura y genera fácil acceso, cuando en la práctica nos encontramos con una realidad que nos conduce a pensar todo lo contrario.

Falta mucho

En el país el gobierno ha mejorado en algo las informaciones, pero sólo de cifras e informaciones generales y selectas. Hay entidades que han mejorado considerablemente, y otras nada. La verdad es que aún falta mucho por hacer público y transparentar.

A nivel de transparencia y rendición de cuentas, estamos aún muy por debajo del promedio internacional sobre la materia. No existe rendición de cuentas real ni transparencia comparable con países organizados.

Los costos unitarios de las obras construidas (avenidas, escuelas, iglesias, polideportivos, acueductos, bacheos de calles) no se conocen con exactitud. No existen informes finales de costos de obras, ni cifras, ni presupuestos detallados publicados en la página web de Presupuesto o de la institución ejecutora.

Del manejo de los fondos públicos relacionados con el Programa Supérate, el INTRANT, AERODOM, EDEs, Educación (concursos para docentes), INAPA y los 140 millones de dólares en préstamos para ¨resolver¨ problemas del drenaje pluvial, se conocen también solo datos e informaciones muy vagos y generales.

Debemos ver con un alto grado de preocupación los contratos multimillonarios de alquiler realizados por la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC), y otras instituciones públicas, con cifras que superan los 2,000 millones de pesos, sin mostrar el más mínimo ejercicio de transparencia, acción que ha desatado controversia y rechazo en todo el país.

Todo es un misterio. Solo se conocen cifras generales ofrecidas en ruedas de prensa y “auditorias” de Contraloría que reflejan superficialidades, así como breves discursos, pero nada formal por escrito.

En general, para no entrar en más detalles, es obvio que en el país no existe una real y moderna transparencia y rendición de cuentas. El gobierno informa y exhibe lo mínimo con datos parciales. No hay informaciones económicas relevantes, informes de ejecución de obras con datos financieros y auditorías finales.

La ciudadanía y la sociedad demandan cada vez más una mayor información sobre las distintas actuaciones que se realizan desde los poderes públicos.

Debemos aspirar al libre uso de la información pública de una forma fácil y accesible, procurando conocer qué, quiénes, cómo, cuándo y cuánto gastan los responsables en las diversas políticas que ejecutan.

El éxito de las políticas de transparencia depende de que la información sea accesible y disponible para todos los usuarios. Una política pública es transparente si es comprensible, si la información está disponible y se garantiza el derecho de acceso a la información pública. No basta con discursos bonitos y creación de nuevos órganos.

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