Amnistía Internacional culpa a RD de acentuar «racismo» con políticas de salud que afecta haitianos

Santo Domingo. – Las nuevas medidas migratorias anunciadas el pasado 6 de abril por el gobierno del presidente Luis Abinader han desatado una oleada de críticas por parte de organismos internacionales de derechos humanos.

En particular, el nuevo protocolo para el acceso de personas migrantes a los servicios públicos de salud ha sido calificado por Amnistía Internacional como una política que “deshumaniza” y “pone vidas en peligro”.

 “El presidente Luis Abinader debe optar por medidas para fortalecer al sistema de salud. La implementación de un sistema que expone a las personas migrantes a la deportación tras recibir atención médica no solo viola el derecho a la salud, sino que deshumaniza a personas sin documentación y seguramente las disuadirá de acudir a hospitales, poniendo vidas en peligro”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El protocolo exige a las personas migrantes presentar identificación, carta de trabajo y comprobante de domicilio como condición para recibir atención médica. Quienes no cuenten con un estatus migratorio regular serán deportadas tras ser atendidas. Esto ha sido interpretado por Amnistía Internacional como una forma de castigo por ejercer un derecho humano básico: la salud.

La organización también subrayó que estas políticas profundizan la discriminación estructural contra personas haitianas, solicitantes de asilo, personas apátridas y dominicanas de ascendencia haitiana.

En especial, advierte que mujeres embarazadas y niños migrantes serán los más afectados, enfrentando no solo barreras burocráticas, sino también un entorno de creciente estigmatización.

Desde octubre de 2024, más de 180,000 personas han sido deportadas desde República Dominicana.

Amnistía Internacional ha calificado estas acciones como “expulsiones colectivas” prohibidas por el derecho internacional y ha lanzado una acción urgente para exigir su cese inmediato.

En un llamado directo al gobierno dominicano, la organización exigió la derogación del protocolo sanitario y el fin de las expulsiones colectivas: “Debe adoptar medidas concretas contra la discriminación racial, garantizar el acceso a protección internacional para las personas necesitadas y asegurar un entorno libre de estigmatización”, insistió Piquer.

Manifestó que las medidas del gobierno no solo contradicen obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, sino que también violan la propia Constitución dominicana, que garantiza el acceso gratuito y universal a la salud.