Retos y contradicciones en el Día del Trabajo

El autor es comunicador. Reside en Nueva York

POR LUIS M. GUZMAN

La República Dominicana conmemora el Día Internacional del Trabajo 2025 en medio de profundas tensiones laborales. Más del 56% de los trabajadores está en la informalidad, sin acceso a seguro médico, pensión ni estabilidad laboral, según el Ministerio de Economía y la OIT.

A pesar de algunas mejoras en empleos formales, la precariedad predomina. El desempleo juvenil y la desigualdad de género siguen sin resolverse. Esta realidad exige acciones urgentes que garanticen un trabajo digno como base de desarrollo nacional.

El Ministerio de Trabajo ha reiterado su compromiso con el diálogo tripartito y la protección de derechos. Sin embargo, la fiscalización sigue siendo débil y poco efectiva. Muchas denuncias de despido injusto, falta de prestaciones y acoso laboral no reciben respuesta.

En sectores rurales e informales, la ausencia institucional es evidente. La modernización tecnológica, personal capacitado y procesos transparentes son claves para fortalecer la presencia del Estado en el mercado laboral nacional.

Tareas pendientes 

El principio 80-20 del Código de Trabajo, que establece que el 80% de los empleados debe ser dominicano, se incumple en múltiples sectores. En construcción y agricultura, el empleo de mano de obra haitiana supera en algunos casos el 60%, según informes del Observatorio Político Dominicano. Esto ha generado desplazamiento del trabajador local. La falta de aplicación de sanciones ha convertido esta ley en letra muerta. Su cumplimiento efectivo es vital para equilibrar el acceso al empleo formal.

La discusión sobre la cesantía se ha reactivado. Empresarios abogan por su eliminación, alegando que limita la competitividad. Por su parte, los sindicatos defienden este derecho como una barrera mínima frente al despido injustificado.

La cesantía representa un colchón ante la inestabilidad laboral. Su eliminación sin garantías alternativas agravaría la inseguridad social. Una reforma al Código de Trabajo debe equilibrar eficiencia económica con justicia y protección para los trabajadores.

La informalidad afecta a más de la mitad de los trabajadores dominicanos. Esta condición impide el acceso a derechos laborales y sociales fundamentales. La mayoría trabaja sin contrato, prestaciones ni estabilidad. Según la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), esto golpea con mayor fuerza a mujeres, jóvenes y trabajadores rurales. Además de vulnerar derechos, debilita el sistema de recaudación y reduce la productividad. Formalizar el empleo es una necesidad urgente para la cohesión social y el desarrollo del país.

La exclusión previsional es uno de los dramas más agudos del sistema laboral. Millones no cotizan ni tendrán pensión. Incluso en el empleo formal, las pensiones futuras son muy bajas. El modelo de capitalización individual ha sido criticado por su baja cobertura y rentabilidad.

La Superintendencia de Pensiones (SIPEN) advierte que una gran parte de los afiliados recibirá pensiones por debajo del salario mínimo. Se requiere una reforma que garantice sostenibilidad financiera y equidad social.

Precariedad y desigualdad

En sectores como agricultura y construcción, la presencia de trabajadores haitianos es predominante. Estos, sin documentos, laboran sin protección ni afiliación. Los empleadores se benefician pagando menos y evadiendo derechos laborales.

Esto ha desplazado progresivamente al trabajador dominicano. Aunque su contratación puede ser legal en ciertos marcos, el incumplimiento sistemático genera tensiones sociales y fomenta un modelo económico basado en la explotación laboral.

Una de las quejas más comunes es que los migrantes haitianos utilizan servicios públicos como hospitales y escuelas sin aportar fiscalmente. Esta percepción de carga al Estado ha generado malestar en sectores populares. Sin embargo, el verdadero problema es la informalidad y la evasión empresarial. Al no registrarlos, los empleadores evitan contribuciones. La educación y la salud son derechos universales protegidos por tratados internacionales. La solución requiere regulación laboral efectiva.

La competencia con mano de obra migrante ha contribuido a estancar o reducir los salarios en sectores clave. La falta de fiscalización permite a empresas pagar por debajo del mínimo. Esto ha provocado que muchos dominicanos abandonen ocupaciones tradicionales.

El salario real es insuficiente para cubrir la canasta básica. Según el Banco Central, el salario mínimo real ha perdido poder adquisitivo desde 2021. Se necesita una política salarial indexada al costo de vida para reducir la desigualdad.

Desde el olvido laboral al futuro justo

El sector empresarial ha sido uno de los principales beneficiarios del modelo actual. Con una fiscalización casi inexistente, evaden contribuciones y reducen costos. Subcontratan mano de obra informal mediante intermediarios para evitar responsabilidades.

Este modelo, basado en la precariedad, debilita al Estado y empobrece al trabajador. Es imperativo implementar un régimen de consecuencias eficaz y transparente. Solo así se podrá restablecer el valor del trabajo digno en la economía nacional.

La falta de una política interinstitucional entre Trabajo, Migración, Salud y Educación perpetúa el problema. No hay una estrategia común para integrar a los migrantes al sistema formal ni para proteger al trabajador dominicano. Tampoco se fortalecen programas de capacitación técnica o empleos de calidad. Se requiere un plan nacional que articule políticas públicas inclusivas. Solo así se podrá fomentar un mercado laboral justo, competitivo y con sentido humano y social.

Este 1ro de mayo debe ser más que una celebración simbólica. Representa la oportunidad de exigir transformaciones profundas en el modelo laboral dominicano. Urgen políticas que combatan la informalidad, regulen la migración, garanticen salarios justos y aseguren una jubilación digna.

La justicia social comienza con dignificar el trabajo. República Dominicana necesita colocar al trabajador en el centro de su estrategia de desarrollo. Sin trabajo decente, no hay democracia ni futuro posible.

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