Pro-Competencia investiga a dos empresas por presunta colusión en licitaciones públicas

Santo Domingo, RD.- La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) ha iniciado una investigación formal contra las empresas Agroindustrias Coralis AGROCO, SRL, y Credi Med, SRL, por presuntas prácticas anticompetitivas en el marco de tres procesos de licitación pública llevados a cabo por los Comedores Económicos del Estado Dominicano.

La resolución que abre la investigación señala que hay indicios suficientes de posibles acuerdos colusorios entre ambas empresas, destacándose similitudes relevantes en las ofertas técnicas y económicas presentadas en los distintos procesos de compra, así como el uso del mismo notario público, a pesar de que ambas compañías están ubicadas en provincias diferentes. Este patrón podría revelar una coordinación ilícita entre las empresas participantes con el objetivo de manipular las condiciones de competencia y obtener ventajas indebidas en la adjudicación de contratos para el suministro de alimentos crudos.

«Estos indicios sugieren que ambas empresas podrían haber actuado como una unidad de control y dirección, con estrategias comunes orientadas a distorsionar la libre competencia en detrimento del interés público», se detalla en el documento.

No obstante, la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia aclaró que la apertura de esta investigación no implica prejuzgar ni constituye una presunción de culpabilidad. Se trata, más bien, de una etapa inicial dentro del debido proceso legal, cuyo propósito es esclarecer los hechos y reunir pruebas que confirmen o descarten la existencia de una infracción.

Notificación y derecho de defensa

Ambas compañías fueron formalmente notificadas sobre la apertura del expediente y cuentan con un plazo de 20 días hábiles para responder y ejercer su derecho de defensa, conforme al marco legal vigente. Asimismo, fueron informados el Consejo Directivo de Pro-Competencia, la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas y los Comedores Económicos del Estado, según precisa la Dirección Ejecutiva.

Posible infracción de la ley

Las acciones investigadas podrían constituir una violación del artículo 5 de la Ley General de Defensa de la Competencia (No. 42-08), que prohíbe expresamente los acuerdos entre empresas que limiten o distorsionen la competencia en los procesos de contratación pública, incluyendo la fijación de precios o condiciones de manera concertada. Esto conlleva una sanción que oscila entre multas mínimas equivalentes a 30 veces el salario mínimo y máximas equivalentes a 3,000 veces el salario mínimo.

Estas prácticas, de comprobarse, afectan directamente la eficiencia del gasto público y vulneran los principios de equidad y transparencia que deben regir las compras del Estado, aclara el organismo.