El autor es periodista. Reside en Santo Domingo.
¿Hacia dónde vamos como sociedad? Esta es una pregunta que muchos dominicanos nos hacemos ante la cantidad de hechos que ocurren con una frecuencia alarmante y que afectan directamente a nuestras familias.
Se trata de situaciones que las autoridades suelen englobar dentro de la llamada “violencia social”, aunque en realidad muchas de estas no son atribuibles a la delincuencia organizada, sino que se registran en los espacios más cercanos a la gente: el hogar, el barrio, la comunidad o incluso el entorno laboral.
Quienes, por nuestro trabajo, recibimos diariamente los informes de prensa del Ministerio Público, vemos cómo los tribunales condenan casi a diario a hombres —jóvenes, adultos y hasta ancianos— por abusos sexuales contra niñas.
Algunos de estos casos son especialmente alarmantes porque los responsables han convivido durante años con sus víctimas, incluso siendo sus propios padres. Las penas impuestas por los tribunales en estos casos oscilan entre cinco y veinte años de prisión.
Sin embargo, la reiteración de estos hechos en distintas partes del país indica que la severidad de las sanciones no ha sido suficiente para frenar este tipo de conductas. Es más, hay quienes se preguntan si estas penas, por sí solas, realmente disuaden o simplemente se convierten en una respuesta posterior que no resuelve el problema de raíz.
Un caso reciente en Santo Domingo Este involucró a un hombre condenado a diez años de cárcel por violar a dos niños. Este hecho en particular, por su gravedad, refleja el drama psicológico que viven las víctimas y el dolor que impacta directamente a sus familias.
No se trata de hechos aislados; cada vez es más común encontrar este tipo de casos en los registros judiciales. Sin embargo, las autoridades y los medios parecen centrar más su atención en los feminicidios, que si bien también representan un drama social profundo, no deben hacer que se descuiden otras formas de violencia igual de devastadoras.
Los feminicidios dejan a su paso familias rotas, hijos huérfanos, muchas veces sin el apoyo necesario por parte del Estado, lo que genera una cadena de consecuencias aún más complejas.
En paralelo, en los últimos días se han reportado desapariciones de menores, lo que ha generado gran preocupación en la población.
Las redes sociales han sido el canal para difundir muchas de estas denuncias, algunas confirmadas y otras no. Dos casos han captado mayor atención: la desaparición del niño Roldany Calderón en Manabao, Jarabacoa, y la de la niña Brianna Genao.
Ambos tienen apenas tres años. La angustia aumenta a medida que pasan los días sin noticias concretas de su paradero, lo que causa desesperación en sus familias y un temor generalizado entre los padres, que ahora refuerzan la vigilancia sobre sus hijos para no verse enfrentados a una experiencia tan dolorosa.
Frente a este panorama, estudios sociales advierten que estos comportamientos tienen raíces estructurales. Se repiten con mayor frecuencia en entornos donde hay poca educación en valores, deficiencias en salud mental, desintegración familiar, violencia normalizada y falta de acceso a servicios básicos.
Según especialistas, la violencia no se combate solo con castigos. Se necesita un enfoque integral que incluya educación desde las etapas más tempranas, fortalecimiento de la salud mental, acompañamiento comunitario, campañas de concienciación y coordinación efectiva entre instituciones del Estado.
Es momento de dejar de mirar estos hechos como casos aislados. Son síntomas de una crisis social que requiere respuestas más allá de la preocupación y la solidaridad. La realidad que vivimos es preocupante y debe movernos a la acción como sociedad.
jpm-am
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