Guerra de declaraciones por Playa Encuentro: Inversionista acusa al Estado de bloqueo y comunidad defiende acceso público

Cabarete, Puerto Plata.  La reconocida Playa Encuentro, joya del turismo deportivo en la costa norte, se ha convertido en el epicentro de un agudo conflicto que enfrenta a un inversionista estadounidense con un amplio frente de organizaciones comunitarias. Ambas partes han escalado sus reclamos al presidente Luis Abinader, presentando declaratorias públicas con fallos judiciales que, aunque firmes, parecen chocar en la práctica, dejando en el aire el futuro de un proyecto turístico de US$400 millones y la garantía del acceso público a la playa.

La Denuncia del Inversionista

Por un lado, el empresario estadounidense Lance Lundberg, con una trayectoria de más de tres décadas y egresado de Harvard y Yale, denunció en una carta pública al presidente Abinader el «bloqueo ilegal» y el «desacato reiterado» de sentencias judiciales por parte de funcionarios del Estado dominicano. Según Lundberg, estas acciones han frenado la ejecución de su proyecto turístico en un terreno de 137 mil metros cuadrados adquirido en 2006.

El inversionista asegura que su derecho de propiedad fue ratificado en todas las instancias judiciales, incluyendo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en 2012 y una ratificación del Tribunal Constitucional en 2020. Sin embargo, denuncia que desde 2021 ha sufrido ocupaciones ilegales y obstrucciones directas de instituciones públicas, que incluyen:

• La destrucción de su verja perimetral con apoyo militar.
• La colocación de señalizaciones falsas dentro de su propiedad.
• La negativa a entregar un permiso de construcción ya aprobado y pagado en abril de 2024.

Lundberg señala que incluso el Tribunal Superior Administrativo ordenó a varios organismos gubernamentales, en noviembre de 2024 y mayo de 2025, respetar sus derechos, pero las decisiones no han sido acatadas. «La persistencia de estas entidades en incumplir fallos judiciales firmes constituye un precedente alarmante para el Estado de Derecho», advirtió, solicitando la intervención directa del presidente.

La Respuesta de la Comunidad

En respuesta a lo que califican como una campaña de desinformación, un conglomerado de organizaciones sociales, juntas de vecinos, deportistas y empresarios de Cabarete emitió hoy su propia declaratoria pública. En ella, aclaran que la controversia sobre el libre acceso a Playa Encuentro ya ha sido resuelta en múltiples ocasiones por los tribunales, siempre a favor del derecho colectivo.

Las organizaciones, lideradas por entidades como APRODELAPEN y ASOPROCASO, presentaron un contundente historial de victorias legales:

• Desde 2018, una sentencia de la Cámara Civil de Puerto Plata ordenó restituir el acceso, fallo que fue ratificado por el Tribunal Constitucional en 2019 (TC-016-19).
• El Constitucional volvió a fallar a su favor en al menos tres ocasiones más entre 2022 y 2025, rechazando recursos de empresas privadas.
• Incluso, una sentencia de diciembre de 2024 condenó a dichas empresas al pago de RD$970,000.00 por incumplir la orden de retirar los obstáculos.

Para la comunidad, el argumento de que la defensa del acceso público frena el desarrollo es «totalmente falso». Como prueba, enumeraron varios proyectos de gran envergadura en plena ejecución en la zona, como Icon (US$50millones),Travieso(US$20 millones) y The Wave (US$15 millones), demostrando un robusto dinamismo inmobiliario.

En lugar de ser un obstáculo, las organizaciones solicitaron al presidente Abinader que ordene el asfaltado y acondicionamiento de la vía que bordea la playa para garantizar «un acceso digno y acorde al valor turístico y deportivo que representa este lugar».

El choque de narrativas deja en evidencia un conflicto complejo donde el derecho a la propiedad privada, defendido por el inversionista, colisiona con el derecho colectivo al libre tránsito y disfrute de un bien público, defendido por la comunidad. Ambas partes, armadas con sentencias firmes, apelan ahora a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo para que se destrabe un impasse que pone a prueba la seguridad jurídica y el modelo de desarrollo turístico del país.

Inversionista estadounidense denuncia bloqueo a millonaria inversión turística en Puerto Plata