El más reciente derrame de hidrocarburos en el golfo de México no puede calificarse únicamente como una emergencia socioambiental. El desastre revela también una crisis de transparencia y rendición de cuentas del gobierno mexicano, de acuerdo con Oceana, organización internacional dedicada a la protección de los océanos.
Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana, afirma que, hasta el momento, las autoridades federales no han comunicado con certeza la extensión del derrame, la fecha de inicio ni el tipo de contaminante relacionado con la fuga. Esta situación, además de impedir un cálculo preciso de su magnitud y posibles consecuencias, genera un contexto que incrementa las amenazas para las comunidades y los ecosistemas del golfo de México.
“Todo esto genera mucha desconfianza, pero también el caldo perfecto para que las personas, instituciones y empresas responsables puedan actuar con total impunidad”, señaló Terrazas en entrevista con WIRED en Español.
La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México publicó un mapa interactivo que recopila reportes actualizados en tiempo real sobre los sitios afectados, desde el norte de Veracruz hasta Tabasco.
La información oficial indica que, a inicios de marzo, habitantes y pescadores locales reportaron la presencia de chapopote (residuo derivado del petróleo crudo) en playas y lagunas del sur de Veracruz y el norte de Tabasco. El 14 de marzo, la Secretaría de Marina (Semar) activó el Plan Local de Contingencias con el objetivo de supervisar las labores de limpieza y el monitoreo en las zonas afectadas. La dependencia precisó que la estrategia se implementó en cumplimiento de protocolos internacionales vigentes para este tipo de incidentes.
Tres días después, el Gobierno de México informó que habían concluido las labores de contención del derrame, el cual se habría extendido a lo largo de aproximadamente 230 kilómetros, sin detallar el número de localidades afectadas. Posteriormente, Pemex reportó un avance cercano al 85% en las tareas de limpieza.
La semana pasada, las autoridades atribuyeron el derrame al vertimiento ilegal de un buque (de un total de 13 que se encontraban en la zona de fondeo de Coatzacoalcos, Veracruz), así como a dos emanaciones naturales, conocidas como chapopoteras, detectadas en las inmediaciones de esa localidad y del Complejo Cantarell, en Campeche. Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Semarnat, señaló que por ahora se descarta un daño ambiental severo. No obstante, adelantó que se realizará un análisis sobre la vulnerabilidad de los ecosistemas del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.
El informe más reciente de las autoridades federales indica que, ante “afectaciones focalizadas”, se mantienen más de 3,000 elementos del Estado, incluyendo personal de Marina, Pemex y diversas dependencias, en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas para reforzar acciones de atención, contención, saneamiento e investigación.
El reporte precisa que se han atendido 39 playas, un manglar y un estero. Hasta el 30 de marzo, se han recolectado 785 toneladas de residuos en playas y 40.6 toneladas en el mar. Por ahora, “el registro operativo de fauna afectada asociado a esta contingencia se reporta en ocho casos acumulados”.
