Alertas, detenciones y migrantes presos marcan segundo mandato de Bukele

Redacción.– Las alertas por «una escalada autoritaria», la detención de activistas de derechos humanos y el encarcelamiento de cientos de venezolanos, expulsados desde Estados Unidos sin proceso penal en El Salvador, marcan el primer año del segundo mandato consecutivo del presidente Nayib Bukele, acusado de ser inconstitucional.

Bukele asumió el 1 de junio de 2024 un segundo mandato consecutivo, prohibido por la Constitución, tras ganar a inicios de ese año unas elecciones también marcadas por denuncias de irregularidades por parte de la oposición.

Diversas organizaciones civiles advirtieron entonces que con la investidura de Bukele, que no fue cuestionada por ningún gobierno, se consolidó la «irregularidad constitucional», que comenzó en mayo de 2021 cuando su partido destituyó en el Congreso a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema sin seguir el debido proceso.

Esta acción derivó meses después en que los nuevos magistrados, cercanos al oficialismo, habilitaran la reelección presidencial inmediata, una decisión señalada en ese momento de inconstitucional.

Bukele cumple el domingo -1 de junio- el primer año de este segundo período y se prevé que brinde desde la sede de la Asamblea Legislativa un mensaje a la nación, sin que se conozca los temas a abordar o si hará algún anuncio.

Escalada autoritaria

Celia Medrano, quien fue candidata a ocupar la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y excandidata a la Vicepresidencia salvadoreña, indicó que es «importante no reproducir el discurso oficial de que se cumple un año de un segundo mandato de gobierno presidencial».

«Para asumir nuevamente la presidencia la misma persona se han violentado principios constitucionales y cometido irregularidades electorales, consumando una escalada autoritaria», indicó Medrano.

Para Medrano «no se trata entonces de un primer año de ejercicio del actual gobierno», sino que «se trata de un año de ausencia de una Presidencia legalmente constituida, alcanzada mediante el atropello de la ley».

Subrayó que el atropello de la ley es «una de las principales características de estados autoritarios, dictatoriales y fascistas», palabras que definen bien lo que El Salvador vive actualmente.

Detenciones de activistas

Los señalamientos de autoritarismo contra Bukele no son nuevos y comenzaron a tomar fuerza en febrero de 2020 cuando ingresó al Congreso acompañado de militares armados con fusiles de asalto para presionar por la aprobación de un préstamo.

Los más recientes se han dado tras la detención de al menos cuatro defensores de derechos humanos, entre ellos una reconocida abogada anticorrupción crítica del Gobierno, y el impulso de una Ley de Agentes Extranjeros.

«Estos no son hechos aislados, sino parte de una política sistemática que criminaliza y encarcela a opositores políticos, luchadores sociales, líderes comunitarios y organizaciones de la sociedad civil», apuntó el Grupo de Trabajo CLACSO Violencias en Centroamérica.

Los detenidos son:

• Ruth López, jefa Anticorrupción de Cristosal

• Fidel Zavala, portavoz de Unidehc

• Alejandro Henríquez, abogado ambientalista

• José Ángel Pérez, líder comunitario

Las detenciones del joven Henríquez y de Pérez se dieron tras una protesta pacífica la noche del 12 de mayo en las cercanías de una zona residencial donde habita el presidente Bukele.

Bukele acusó a ONG de «manipular» a los pobladores y envió al Congreso la Ley de Agentes Extranjeros, ya aprobada, que impone un impuesto del 30 % a donaciones, con multas y posible disolución para quienes no cumplan.

Venezolanos en limbo legal

El Salvador ha recibido a más de 200 venezolanos expulsados desde EE. UU., acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, y los ha encarcelado en una prisión de máxima seguridad para pandilleros.

Sin embargo, el Gobierno de Bukele no ha explicado la base legal de estas detenciones, lo que según expertos los coloca en una situación de desaparición forzada y sin comunicación con familiares ni abogados.

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