Aumenta la presión sobre Maduro: decenas de países reclamaron una verificación imparcial de los resultados

Por otro lado, el documento hace un llamado urgente a “la aceptación y el respeto a la dignidad e integridad de todas las personas”, por tratarse de “los principios esenciales sobre los que se erige la convivencia entre nuestras naciones”. “Urgimos a que se respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos y, en particular, el derecho a manifestarse pacíficamente y a ejercer la libertad de expresión”, contrario a lo que ocurre por estos momentos en el país, donde las concentraciones opositoras son violentamente sofocadas.

“Expresamos nuestro profundo rechazo por la represión a manifestantes y por la violencia que ha costado la vida de muchos venezolanos en el contexto postelectoral. Hacemos un llamado urgente para que las autoridades venezolanas pongan fin a la violencia y liberen a todos aquellos que han sido detenidos, incluidos representantes de la oposición (…) Las denuncias de detenciones arbitrarias de venezolanos sin el debido proceso son alarmantes, por lo que requerimos su inmediata liberación”, insistieron.

En su lugar, remarcaron su historial de “diálogo y entendimiento para resolver graves conflictos en el pasado” y pidieron al régimen de Maduro que “hoy más que nunca, Venezuela honre ese legado para recuperar la convivencia pacífica, la seguridad pública y la estabilidad política que (…) están siendo amenazadas por las propias autoridades de seguridad venezolanas”. “El momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político”, que será apoyado por todo el grupo, suma el comunicado.

Por último, los países firmantes instaron a la dictadura chavista a que cumpla con las previsiones de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 de la que es parte, y expida salvoconductos para los seis opositores asilados en la residencia oficial Argentina en Caracas, así como el permiso para el “urgente regreso” al país de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -que fue expulsada por diferencias- y que se garanticen las condiciones para el pleno desempeño de sus funciones.