Condenas de hasta 10 años para procesados por el Ministerio Público en Operación Gavilán

Santo Domingo. En un fallo unánime y contundente, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencias condenatorias de hasta 10 años de prisión a los integrantes de la red criminal desarticulada por la “Operación Gavilán”. Los acusados, que operaban a cambio de sobornos, alteraban y eliminaban registros de antecedentes penales de la base de datos del Ministerio Público.

La acusación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público fue acogida en su totalidad por el tribunal, que condenó a 10 años de prisión y multas de 100 salarios mínimos del sector público a Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, José Ramón Quezada Carmona, Víctor Giberto Mercedes Gómez y Luis Peña Cedeño. Este último, además, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por un período de cinco años.

El tribunal también homologó acuerdos de condena, sentenciando a Mártires Rosario Reyes a 7 años de prisión (3 años y 6 meses en prisión domiciliaria y 3 años y 6 meses suspendidos) y a Alfredo Mirambeaux a 8 años (6 años en prisión domiciliaria y 2 años suspendidos), ambos con multas de 5 salarios mínimos. Rubén Darío Morban y Luis Alfredo Astacio Polanco fueron condenados a 6 años de prisión (3 años domiciliaria y 3 años suspendidos), con la misma multa. Finalmente, Domingo Julio Santana recibió una condena de 5 años de prisión (2 años y 6 meses domiciliaria y 2 años y 6 meses suspendidos). Las condenas serán cumplidas en el centro de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres.

En cuanto a la empresa Nexcon Tecnology, el tribunal ordenó su disolución definitiva, en virtud de la Ley 155-2017 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Se acogieron criterios de oportunidad para Jancely Arias López, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva.

Por otro lado, Dilcia Argentina Núñez Santos, Romanqui Alexander Dotel Medina y Yokaira Quezada Carmona fueron absueltos.

Los fiscales Andrés Mena, Eduardo Velázquez y Miguel Crucey representaron al Ministerio Público. El fiscal Mena destacó que la sentencia es «una condena ejemplar que manda un mensaje claro contra los hechos de corrupción”, subrayando que los delitos se cometieron en una institución cuya misión es velar por la aplicación de la ley.

El Ministerio Público demostró la existencia de una estructura de cibercrimen que, mediante acceso ilícito, modificaba y borraba los datos de antecedentes penales, permitiendo a los delincuentes evadir la justicia y obtener documentos como pasaportes.

Las pruebas presentadas, incluyendo testimonios, peritajes y documentación, fueron valoradas por el tribunal, que consideró la participación de los acusados más allá de toda duda razonable. La lectura íntegra de la sentencia se ha fijado para el 4 de noviembre de 2025.