Control y fiscalización de los fondos públicos

El autor es abogado. Reside en Santo Domingo

Con mucha pena y preocupación, por no decir indignación, pude ver en estos días cómo la recién instalada Cámara de Cuentas se estrenó con la publicación, en la primera página de la gran mayoría de los medios escritos del país, de un informe de auditoría practicada por esa institución al Ministerio de Hacienda, durante el período comprendido entre el 1ro. de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

Aún no salgo del asombro que me causó el ver cómo, de decenas de auditorías realizadas por esa institución en los últimos cinco años a diferentes entidades del Estado, muchas de ellas con iguales o peores hallazgos e irregularidades, precisamente se prefiere publicar el informe de esa auditoría realizada hace casi siete años por otras autoridades que conformaban esa institución para ese entonces, que no eran, siquiera, las recién salientes.

Después del fiasco que resultó ser la elección del anterior pleno de la Cámara de Cuentas, la población se generó expectativas esperanzadoras con la elección, esta vez, de una nueva Cámara, que suponía que iba asumir su rol con mayor rigor y responsabilidad, pero con ese espectáculo que acabamos de presenciar, a decir verdad, el optimismo se desvanece.

Con ese accionar tan ligero y poco responsable mostrado por las actuales autoridades de la Cámara de Cuentas, no hay que ser un erudito para darse cuenta que el propósito esencial para el que fueron designados los recién miembros del Pleno de dicha institución, es el de reeditar la tenaz persecución política en contra de funcionarios de los gobiernos del PLD, sobre todo, los últimos años de Danilo Medina, iniciada por la Procuraduría General de la República hace cuatro años.

Ante ese accionar tan desacertado estaríamos ante una desnaturalización y distorsión de las atribuciones misionales de la Cámara de Cuentas. El pretender utilizar este organismo con el propósito exclusivo de gestar y preparar expedientes de corrupción, dejando de lado los aspectos misionales de este organismo que tanto está llamado a aportar al fortalecimiento de la institucionalidad en el Estado y al desarrollo del país.

No tiene nada que ver con la misión de la Cámara de Cuentas  investigar, per se, casos de fraude o de corrupción. Para eso existe la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), y el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

El rol esencial de éste órgano de control externo siempre será el de garantizar que la actividad económico-financiera del sector público se someta a los principios de legalidad, eficiencia y economía, así como el de controlar la ejecución de las cuentas de ingresos y gastos de la República Dominicana asegurando su correcta gestión financiera.

La auditoría externa que ejerce la Cámara de Cuentas no es una herramienta, ex profeso, para combatir la corrupción administrativa.

Con ella se procura, más bien, formular recomendaciones a los entes fiscalizados para mejorar sus sistemas administrativos, corregir deficiencias en sus controles internos, simplificar y reorientar algunos de sus procedimientos y prácticas operativas, mejorar la calidad de sus registros contables y presupuestables, prevenir daños al patrimonio público, fortalecer los procesos de compras, adquisiciones y obras públicas, y reforzar el cumplimiento de las disposiciones normativas correspondientes.

Estas habrán de ser siempre las funciones de primer orden que todo organismo de control externo, como lo es la Cámara de Cuentas, deben asumir. Lo contrario sería un verdadero atentado a la institucionalidad y al fortalecimiento de la función pública.

Puedo asegurar, con toda certeza, que gran parte de los problemas que viene arrastrando nuestra Cámara de Cuentas en los últimos años se debe, precisamente, al desenfoque que muestran sus miembros sobre el verdadero rol que está llamado a jugar este importante organismo de control externo.

Auguramos que el nuevo Pleno que conforma nuestra Cámara de Cuentas asuma con rigor y responsabilidad, y sobre todo, con honestidad y compromiso, el rol que les otorga la Constitución y las leyes, y que se enfoquen, más que a perseguir políticos opositores al gobierno, a contribuir con el fortalecimiento institucional de esa entidad y al desarrollo de nuestro pueblo.

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