Dirigentes opositores de la RD refutan a Amnistía Internacional

Manolo Pichardo y Abel Martínez

SANTO DOMINGO.- Dirigentes de los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD),  las dos principales fuerzas de oposición de la República Dominicana,  refutaron la reciente acusación  de ejercer racismo contra ciudadanos haitianos que Amnistía Internacional (AI) ha hecho a este país.

Sobre el tema se pronunciaron este viernes el titular de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la FP, Manolo Pichardo,  y el excandidato presidencial del PLD, Abel Martínez.

FUERZA DEL PUEBLO

En un comunicado, a nombre de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Fuerza del Pueblo, Pichardo calificó de injustas las declaraciones de AI porque, a su juicio, pretenden presentar a la República Dominicana como racista y xenófoba.

«En ningún país del mundo ningún ciudadano es más hospitalario y gentil con los ciudadanos haitianos que los dominicanos, a tal punto que desde el vecino país son referidas y llegan miles de mujeres embarazadas a dar a luz en los hospitales de nuestro país en condiciones de irregularidad», dijo

LLAMA A COMUNIDAD INTERNACIONAL

Llamó a la comunidad internacional a conocer las cifras para que pueda expresarse «sobre la base del conocimiento en relación al país, puesto que en República Dominicana alrededor del 40% de los partos de los hospitales públicos corresponden a mujeres haitianas y cerca del 20% del presupuesto de Salud Pública lo absorben los nacionales del país vecino».

Dijo que hasta el momento más de 1 millón de nacionales haitianos han recibido servicios sanitarios, lo que representa más de 15 mil millones de pesos.

También la comunidad internacional debe enterarse de que  cerca de 5 mil niños dominicanos no lograron ser admitidos en las escuelas públicas del país porque, además de que no se construyeron las aulas necesarias para satisfacer la demanda, más de 173 mil plazas fueron ocupadas por niños haitianos a los cuales se les ha garantizado el derecho a la educación, añadió.

Consideró necesario indicar que el Estado dominicano está invirtiendo alrededor de 12 mil millones de pesos en los  nacionales del vecino país.

DERECHO A LA DEPORTACIÓN DE INDOCUMENTADOS

Pichardo, quien fuera presidente del Parlamento Centroamericano y la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina,  dijo que es inconcebible que Amnistía Internacional pretenda reclamar a nuestro país por el uso de su derecho a la deportación y devolución de extranjeros indocumentados, ya que ese reclamo puede interpretarse como un intento de vulnerar nuestra soberanía y autodeterminación.

Declaró que mientras se condena a  República Dominicana por realizar deportaciones respetando los derechos humanos y en estricto apego a nuestra Constitución y leyes, Estados Unidos deporta y trata a haitianos indocumentados como en los peores tiempos de la esclavitud, atrapándolos desde caballerías con lazos en condiciones humillantes e inhumanas frente al silencio cómplice de Amnistía Internacional.

ABEL MARTINEZ

El excandidato presidencial Abel Martínez dijo que la comunidad internacional debe ser consciente del desafío que enfrenta República Dominicana y del esfuerzo que ha realizado para manejar una situación que afecta gravemente su soberanía y estabilidad, como es el ingreso masivo y creciente de haitianos.

Expresó que esta situación ha sobrepasado  los límites tolerables y provocado un colapso en los servicios básicos, fundamentalmente  de salud, educación y seguridad.

Martínez, quien es miembro del Comité Político del PLD, señaló que “uno de los aspectos más alarmantes de esta crisis es el colapso del sistema de salud porque las maternidades y hospitales públicos están sobrepasados por la alta demanda de servicios de las parturientas haitianas, al punto de que en muchos de estos centros se registra un mayor número de nacimientos de haitianas ilegales que de dominicanas.

“Los efectos de esta situación son palpables. Los servicios públicos se encuentran desbordados y los sistemas de identificación nacional son ineficaces para abarcar a una población en constante crecimiento que no paga impuestos ni realiza transacciones comerciales de acuerdo con las leyes dominicanas. Esta falta de regulación no solo supone un golpe para la economía formal, sino que también plantea serios riesgos para la seguridad nacional. Se estima que la informalidad y la falta de control permiten que actividades económicas ilegales proliferen, afectando gravemente la economía local y aumentando la criminalidad”, expresó.

Martínez resaltó, además, que la presencia masiva de haitianos ha generado una degradación ambiental notable, a tal punto de que en muchas áreas del país los inmigrantes se han asentado en la ribera de los ríos e invadido terrenos boscosos, construyendo viviendas precarias que depredan los recursos naturales y contaminan el medio ambiente.

PESO DE UNA MIGRACIÓN DESCONTROLADA

A su juicio, el pueblo dominicano no puede cargar indefinidamente con el peso de una migración descontrolada que, además, no comparte nuestras raíces culturales, religiosas y tradicionales.

Martínez dijo que independientemente de estos males, hay un flujo descontrolado de inmigrantes haitianos debido a mafias que operan en la frontera así como emisión indiscriminada de visas, las cuales han contribuido a agravar la actual crisis.

Dijo que muchos de estos inmigrantes permanecen en la República Dominicana de manera irregular, formando comunidades que se perpetúan por generaciones, en un limbo legal que dificulta la planificación y la gestión de recursos por parte del Estado”.

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