El abismo entre diseñar e implementar políticas públicas

La autora es investigadora y analista de políticas públicas. Reside en Santo Domingo

POR EMELYN HERASME

En el 2024, el gobierno de la República Dominicana anunció el “Pacto por la Calidad”, plan que incluía el ambicioso proyecto de alfabetización digital. Prometía acceso equitativo a tecnologías, conectividad y formación docente para integrar herramientas digitales en la educación.

Sin embargo, en las escuelas rurales la conectividad es una ilusión, las computadoras no pasaron de la foto institucional y los talleres una promesa que se disolvió en discursos.

La pregunta no es nueva ni exclusiva de este caso: ¿por qué tantas políticas públicas, aunque bien formuladas, fracasan al momento de implementarse? históricamente, muchas iniciativas públicas se quedan a medio camino entre el diseño y la ejecución.

En el lenguaje institucional, “diseñar” políticas suele evocar tableros técnicos, indicadores y documentos oficiales. “Implementar”, en cambio, remite a la acción concreta: hacer que esa política ocurra en la realidad.

Son dos verbos con peso propio, pero que muchas veces se desconectan, como si fueran piezas de un rompecabezas que nunca encajan. Esa desconexión es el epicentro del fracaso de muchas iniciativas públicas.

La planificación de políticas públicas suele idealizarse como un proceso racional y ordenado. Inspirados en modelos tecnocráticos, se diseñan políticas como quien dibuja un plano perfecto.

Pero gobernar no es solo proyectar; es entrar en la complejidad de lo social. Y allí, los factores imprevisibles —los actores, los intereses, los contextos— transforman cualquier plan en un campo de tensiones.

Pensar la política pública como un continuo entre formulación e implementación exige revisar otra dicotomía clásica: lo público versus lo privado. ¿Quién define el interés público? ¿Y quién garantiza que la implementación no responda solo a intereses particulares?

Tomemos como ejemplo la construcción de viviendas populares: diseñada como política social, pero muchas veces capturada por intereses inmobiliarios que priorizan el lucro sobre el bienestar colectivo.

El abismo entre diseñar e implementar no es solo técnico: se ignora que detrás de cada política hay disputas de poder. Pressman y Wildavsky lo advirtieron hace décadas al señalar que cada paso entre la decisión y la acción es una oportunidad para el desvío, la reinterpretación o el bloqueo.

Por eso, no basta con tener “buenas ideas” si no se comprende la trama institucional y social donde esas ideas deben enraizarse.

Confusión

El mito del diseño perfecto ha generado una burocracia que confunde plan con acción. Una política no vive en el papel, vive en la calle. Y en esa calle hay trabajadores mal pagados, estructuras precarias, comunidades que desconfían, leyes contradictorias. El “fracaso” de una política suele ser, en realidad, el reflejo de un diseño que ignora las realidades del terreno donde debe aplicarse.

En este panorama, es necesario abandonar el enfoque simplista que culpa a los ejecutores o al contexto. El diseño debe incluir la mirada de quienes implementan, de quienes reciben, de quienes viven la política. Democratizar la implementación no es renunciar al rigor, sino devolverle a la política su dimensión más viva: la escucha, el conflicto, la adaptación.

Diseñar una política sin pensar en la implementación es como escribir una obra de teatro sin imaginar su puesta en escena. Una política pública no se mide por las promesas que anuncia, se mide por las transformaciones que logra.

Para ello, necesitamos menos planes impecables en teoría y más puentes reales entre la intención y la acción. Involucrar a las comunidades locales desde la etapa de diseño, garantizar recursos adecuados y monitorear los resultados con transparencia son pasos concretos hacia una implementación efectiva.

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