El gran espejismo del 4%

El autor es abogado. Reside en Miami.

POR JULIO MARTINEZ

Las calles de Santo Domingo en 2010 fueron testigos de un fenómeno sin precedentes: multitudes vestidas de negro con símbolos amarillos marchando por la educación. Lo que comenzó como una demanda por el 4% del PIB para la educación se convertiría en uno de los movimientos sociales más significativos de la República Dominicana.

Según datos oficiales del Ministerio de Hacienda y la DIGEPRES (Dirección General de Presupuesto), la inversión en educación desde la implementación del 4% ha representado un incremento histórico en el presupuesto educativo. El informe de ejecución presupuestaria 2023 confirma una asignación sostenida del 4% del PIB desde 2013.

En términos de resultados educativos internacionales, los datos son verificables a través del informe PISA 2018 de la OCDE, donde la República Dominicana enfrentó desafíos significativos en las evaluaciones globales. Según el Anuario de Indicadores Educativos del MINERD, los índices actuales de eficiencia interna del sistema muestran áreas que requieren atención.

La infraestructura escolar, según los informes de la Dirección de Infraestructura Escolar del MINERD, ha experimentado una expansión significativa. Los reportes oficiales detallan el número exacto de aulas construidas y rehabilitadas, aunque la demanda continúa superando la oferta en algunas regiones.

El Programa de Alimentación Escolar, documentado en los informes del INABIE (Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil), ha expandido su cobertura significativamente, aunque enfrenta retos en términos de calidad y distribución.

La calidad docente ha sido otro eje fundamental de la inversión. Los informes de la Dirección de Evaluación del Desempeño del MINERD muestran avances en la capacitación profesional, aunque persisten brechas entre la formación y su aplicación efectiva en las aulas. El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) reporta un incremento en los programas de formación continua, pero los indicadores de impacto en el aprendizaje estudiantil sugieren la necesidad de replantear las estrategias actuales.

Los datos del Sistema de Información para la Gestión Escolar de la República Dominicana (SIGERD) revelan disparidades significativas entre regiones educativas, tanto en recursos como en resultados. Esta brecha, documentada en los informes de seguimiento del IDEICE (Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa), plantea interrogantes sobre la equidad en la distribución de los recursos del 4%.

La transformación del sistema educativo dominicano requiere más que una asignación presupuestaria. Los informes de auditoría social realizados por organizaciones de la sociedad civil acreditadas señalan la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. El monitoreo independiente del gasto educativo sugiere patrones que merecen un análisis más profundo sobre la eficiencia en el uso de los recursos.

El aspecto económico de esta inversión histórica presenta múltiples aristas. Los informes de la Cámara de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria del sector educativo señalan áreas de mejora en la gestión de recursos. La creación de nuevos organismos y estructuras administrativas, aunque diseñadas para fortalecer la supervisión, han generado capas adicionales de burocracia que, según los análisis de eficiencia del gasto público realizados por organismos internacionales, podrían estar afectando la efectividad de la inversión.

Los datos de las evaluaciones diagnósticas realizadas por el MINERD revelan una realidad compleja: mientras algunos indicadores muestran mejoras incrementales, otros permanecen estancados o presentan retrocesos. El seguimiento longitudinal de cohortes estudiantiles, documentado por el IDEICE, sugiere que la calidad educativa no ha mejorado proporcionalmente al aumento de la inversión.

Un análisis profundo de los registros de contrataciones estatales revela una realidad inquietante: el 4% se ha convertido en un mecanismo sofisticado que ha beneficiado principalmente a sectores empresariales poderosos. Los datos de la Dirección General de Contrataciones Públicas muestran cómo grandes conglomerados empresariales han capitalizado esta iniciativa, convirtiendo lo que debía ser una transformación educativa en una oportunidad de negocio altamente rentable.

Lo que comenzó como un movimiento social respaldado por el clamor popular por una mejor educación, se transformó hábilmente en un vehículo para canalizar recursos públicos hacia intereses privados. Los registros de licitaciones y adjudicaciones evidencian cómo grupos empresariales dominantes han encontrado en el presupuesto educativo una fuente constante de contratos lucrativos, aprovechándose del sentimiento colectivo y las aspiraciones legítimas de la población por una educación de calidad.

Esta realidad se hace más evidente al examinar la estructura de las adjudicaciones de contratos: construcciones escolares, suministro de materiales, servicios de alimentación y tecnología han sido consistentemente otorgados a un círculo reducido de empresas vinculadas a sectores económicos tradicionalmente poderosos. Los informes de la Dirección General de Contrataciones Públicas revelan patrones de adjudicación que sugieren una distribución preferencial de estos recursos.

Mirando hacia el futuro, la evidencia acumulada durante esta década de implementación del 4% sugiere la necesidad de una revisión profunda de las estrategias de inversión educativa. Los estudios comparativos con otros países de la región, realizados por organismos internacionales, ofrecen lecciones valiosas sobre prácticas efectivas en la gestión de recursos educativos.

La transformación real del sistema educativo dominicano requerirá más que un compromiso presupuestario. Lo que comenzó como una noble causa social se ha convertido en un mecanismo refinado para la transferencia de recursos públicos a manos privadas. El movimiento del 4%, que capturó las esperanzas y aspiraciones del pueblo dominicano por una mejor educación, ha sido hábilmente aprovechado por sectores empresariales poderosos que encontraron en él una forma legal y socialmente aceptable de apropiarse de recursos estatales significativos. Esta realidad demanda no solo un replanteamiento de los mecanismos de supervisión y la eficiencia en la ejecución de recursos, sino también un cuestionamiento profundo sobre cómo las élites económicas han logrado instrumentalizar las causas sociales para su beneficio, mientras las verdaderas necesidades educativas del país permanecen insatisfechas.

Jpm