El Inabie no sale de una crisis con los procesos de compras y contrataciones

Santo Domingo – Desde que el presidente Luis Abinader asumió el poder en agosto de 2020 y designó nuevas autoridades en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), la institución ha sido constantemente objeto de denuncias por corrupción, irregularidades en contrataciones públicas y manejos opacos de fondos millonarios destinados al bienestar estudiantil.

En abril de 2025, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) inició una investigación de oficio sobre tres licitaciones específicas realizadas por el Inabie para la adquisición de utilería escolar. Según el informe preliminar, nueve empresas vinculadas entre sí obtuvieron 27 contratos por un monto total que supera los 460 millones de pesos, un hecho que ha suscitado sospechas sobre un posible esquema de colusión empresarial.

Irregularidades en cadena

El caso más reciente no es aislado. En 2022, el entonces director del Inabie, Cecilio Antonio Rodríguez, fue destituido tras una serie de irregularidades detectadas durante su gestión. Posteriormente, fue citado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), donde negó categóricamente los señalamientos, calificándolos de «falacias». Sin embargo, su salida marcó el inicio de una vigilancia más estricta sobre el organismo.

Según las declaraciones del actual director, Víctor Castro, algunas empresas fueron descalificadas de la reciente licitación, pero no ofreció detalles específicos sobre las razones ni los criterios aplicados.

Además, hay una denuncia de carácter interno aún más grave: en la nómina del Inabie figuran personas que no asisten a trabajar, lo que se conoce popularmente como “nómina fantasma”. Este fenómeno representa una carga millonaria para el presupuesto estatal y una afrenta a los principios de transparencia administrativa.

El Programa de Alimentación Escolar bajo la lupa

En septiembre de 2024, medianas y pequeñas empresas denunciaron irregularidades en los procesos de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el período lectivo 2024-2025. Las denuncias se centran en que, a pesar del aumento del número de escuelas beneficiadas (de 3,480 en 2019 a 4,149 en 2024), la cantidad de raciones alimenticias licitadas disminuyó. Se ofertaron 813 porciones menos que en 2021, lo que genera dudas sobre la planificación y ejecución del programa, el cual tiene un impacto directo en la nutrición de los estudiantes del sistema público.

Falta de respuesta institucional

Entre el 24 de abril y el 27 de mayo de 2025, la DGCP notificó a los proveedores adjudicados que tenían derecho a ejercer su defensa. Sin embargo, de los más de 150 contratos en revisión, solo 12 adjudicatarios han respondido formalmente hasta la fecha. Esta apatía plantea interrogantes sobre la legalidad de las adjudicaciones y el nivel de compromiso de los proveedores con las normas éticas y administrativas del Estado.

Un patrón que no se rompe

El caso del Inabie ilustra un patrón que parece consolidarse a pesar de las denuncias públicas, los reportajes periodísticos y las investigaciones estatales. El manejo de miles de millones de pesos destinados a la educación y la nutrición de la población estudiantil más vulnerable ha estado marcado por una serie de escándalos que, hasta el momento, no han generado sanciones significativas ni una reestructuración efectiva del organismo.

A cinco años del inicio del gobierno del PRM, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil sigue siendo una muestra palpable de los desafíos que enfrenta la administración pública dominicana para erradicar la corrupción y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan: los estudiantes.