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La corrupción: causas, consecuencias y normativas de prevención y persecución (1 de 2)
POR JUAN DE LA ROSA MÉNDEZ
“Así como es imposible no probar la miel o el veneno que está en la punta de la lengua, así también es imposible manejar los fondos del gobierno sin probar, al menos, un poquito de la riqueza del Rey”. Artashastra Kautilya, Ministro jefe del Rey de la India, 300 años a.C.
Ese dicho lapidario, como una sentencia que define lo irrevocablemente juzgado, constituye una expresión que refleja no solo la dificultad para erradicarla, sino las complejidades de este mal que, siendo tan viejo, aún en estos días, afecta las principales administraciones y economías del mundo. La corrupción. Tan antigua como el hombre mismo, y a pesar de su longevidad sigue carcomiendo los cimientos de las sociedades y debilitando sus administraciones, la gobernabilidad y la democracia.
La corrupción administrativa o burocrática se refiere a la imposición intencional de distorsiones en la implementación establecida de leyes, normas y reglamentaciones para lograr ventajas destinadas a individuos dentro y fuera del gobierno mediante mecanismos ilícitos y turbios que desvían los fondos públicos a intereses particulares, personales y cuyo uso es contrario a los planes del gobierno diseñados para que la ejecución presupuestaria vaya a beneficiar a los integrantes de la sociedad.
Modalidades
Este mal tiene variadas modalidades de presentarse y ejecutarse. El soborno es un ejemplo típico. Corromper los funcionarios que tienen responsabilidades de administrar recursos públicos, suele ser tarea fácil para quienes ejercen el soborno, pero este mal no es propio de este único medio, sino que son muchas las formas en que se presenta y manifiesta. Las principales formas en que se manifiesta son: el soborno, el padrinazgo, el nepotismo y la captura del Estado.
El soborno consiste en el pago que hace un tercero a un funcionario para obtener ventajas tales como la obtención de permisos, la agilización de procesos fuera del alcance legal, la obtención de algún beneficio que, de no pagar, no hubiera podido conseguir. El padrinazgo y su primo el nepotismo consisten en el favoritismo demostrado por intereses estrechamente dirigidos por quienes están en el poder a cambio de recibir apoyo político.
El otorgamiento de favores personales, la concesión de contratos a única fuente, o nombramientos en cargos públicos de personas sin preparación ni méritos.
Una forma más perniciosa de corrupción la constituye la captura del Estado que se refiere a las acciones de individuos, grupos o empresas en los sectores públicos y privados, para influir en la promulgación de leyes, reglamentaciones, decretos y otras políticas del gobierno para su propia ventaja. Implica grandes pagos, grandes contratos y grandes transacciones.
Ante grandes actos con apariencia de legalidad donde se envuelven sumas exageradamente grandes, los montos que se lleva la corrupción son igualmente grandes y proporcionales a los actos que la originan.
La corrupción se ha convertido en el obstáculo más desafiante para el desarrollo económico. Sus actos tienen consecuencias nefastas para la el crecimiento económico, desincentivan la inversión extranjera y tienden a obstaculizar la disminución y erradicación de la pobreza. Sus variadas y disímiles manifestaciones son claros ejemplos de las complejidades que ella envuelve, de lo creativo que suelen ser quienes la practican, quienes la piensan y sobre todo sus ejecutores. Su identificación genera las dificultades propias que se encuentran en el camino de enfrentarla.
Su combate, requiere de igual grado de creación, suficiencia, firmeza y templanza, sin cuyas condiciones las acciones emprendidas no serían posibilidad de alcanzar el éxito, en tanto el espinoso camino que es preciso seguir para encontrar las vías idóneas de combatir ese mal ancestral de la historia de la humanidad, es de difícil transitar.
En República Dominicana, cada cierto tiempo aparecen preocupaciones sociales por las dimensiones que alcanza la corrupción, mismas que pasan al plano del olvido por años consecutivos en que la sociedad ni la recuerda.
El tema debe ser permanente, pero no es así. Se pone de moda cuando se aproxima, cada cuatro años, el proceso de escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas, cuando se apertura la inscripción de las candidaturas para los interesados en postular a formar parte del pleno de ese órgano de control externo de los fondos públicos, del patrimonio del Estado y de los procedimientos administrativos para su fiscalización. Desaparecen una vez seleccionados los miembros, por la desidia social que deja el uso de fondos públicos a la discrecionalidad de los funcionarios.
En la misma forma espontánea que aparecen, se ausentan las momentáneas reclamaciones sociales sobre el manejo que funcionarios dan a los recursos públicos, muchas veces desviados del beneficio colectivo a intereses particulares, obscuros y espurios que se dan con familiares y allegados de estos, y que se conoce como “padrinazgo”, una forma de corrupción muy común que pasa desapercibida para la mayoría de quienes forman la sociedad, incluso para quienes reclaman por otros mecanismos de desvío de fondos públicos a cumplir necesidades particulares.
Arrastramos ese mal de la corrupción por décadas, se podría decir, por siglos. Desde la creación de la República Dominicana el 27 de febrero de 1844, surgieron algunas formas de corrupción, la primera, corrupción legislativa, ocurrida en la proclamación de la primera Constitución el 6 de noviembre de ese año, donde fue preciso, por el cerco al que fue sometido el constituyente, incluir el artículo 110, mediante el cual se le dio poderes extraordinarios al Presidente. Otras siguieron en los gobiernos posteriores como el de Báez, cuando se toman los primeros empréstitos públicos.
Desde el Estado, no solo en la administración centralizada y descentralizada, sino desde los mismos órganos de control, tanto interno como externos, se ha desempeñado tradicionalmente un paupérrimo papel en cuanto al control y uso pulcro y transparente de los recursos públicos, llegando incluso a que las propias autoridades de control externo maquillen las auditorías realizadas a diversos entes, transformen los hallazgos del mal uso del erario por simulaciones y distorsiones, en las que se hacía creer contrario a lo real, un uso correcto en el manejo de fondos.
Una nueva modalidad de corrupción administrativa se inserta con ese actuar de los funcionarios del órgano de control que, desviando sus atribuciones para hacerse cómplices de los entramados formados para el saqueo del erario, se convierten en los inventores de una nueva corrupción legalizada por quienes tienen la facultad de descubrirla, auscultarla y desvelarla a través de sus informes técnicos en los que, si encuentran indicios de culpabilidad penal, deben remitir sin dilación a la Procuraduría General de la República, para fines de investigación. Esta gestación en cierne, es quizás la peor de todas las caras de la corrupción.
jpm-am
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