Por qué no tiene sentido histórico ni razón ética el acoso del nuevo nacionalismo contra el presidente Abinader

A propósito de la campaña del nuevo movimiento nacionalista identificado como Antigua Orden Dominicana para exigir mano dura contra la presencia haitiana en el país, procede la pregunta: ¿Por qué la reacción tardía y el enfrentamiento con el único presidente dominicano que sin apelar a un discurso de odio ha hecho cumplir con firmeza la ley de migración promulgada el 16 de agosto del año 2004?.

Y además: ¿Por qué en lugar de sumarse a las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno para fortalecer y ampliar los controles migratorios, que responden a sus recientes reclamos, la Antigua Orden insiste en llamar a nuevas protestas, intentando suplantar las instancias institucionales y debilitando el espiritu de unidad que debería proyectar el país en un tema de alto interés nacional?.

Resulta incomprensible, para no decir inconsecuente, que este grupo haya enfilado sus cañones contra el único gobernante dominicano, por lo menos desde la promulgación de la ley 285-04, que no ha cedido ni un palmo en su responsabilidad de defender la soberanía y la integridad del territorio nacional. Y que además, en cumplimiento riguroso de la ley, ha multiplicado la cantidad de extranjeros ilegales repatriados, en comparación con las anteriores administraciones.

Llama la atención que los que ahora se lanzan a la calle a demostrar su fervor patriótico, nunca se dieron por enterados que durante los cuatro períodos constitucionales previos a la gestión del presidente Luis Abinader, la ley de migración se convirtió en letra muerta o fue aplicada de manera discrecional, según las circunstancias.

Tampoco hay constancia registrada de que los voceros de este movimiento levantaran su voz para coincidir con la postura del Gobierno, cuando en diciembre del 2020, en uno de los momentos más críticos de la pandemia, el presidente Abinader declaró la decisión de reanudar la repatriación de haitianos ilegales, suspendida en febrero de ese mismo año.

O cuando en el año 2023, desafiando la presión de diversos organismos internacionales, el propio presidente Abinader llamó a los principales actores de la sociedad dominicana a participar en un Gran Pacto de Nación, “para trazar una política de Estado, firme, estratégica y uniforme frente a la amenaza que representa para el país el creciente descalabro socioeconómico que ha venido atravesando la hermana república”.
Acaso entienden que las protestas callejeras pueden reemplazar la autoridad legítima del Estado para enfrentar una problemática que ahora, como nunca antes, se encuentra bajo pleno control de las instancias responsables, sin riesgo de afectar la paz social y el posicionamiento del país como referente de institucionalidad democrática, como destino de inversión y como segunda potencia turística de América Latina; por cierto una actividad sumamente sensible al desorden y a la inestabilidad social.

Ayuda memoria

Conviene recordar que la ley 285-04 fue promulgada por el presidente Hipólito Mejía el 15 de agosto del 2004, pero el país debió esperar 7 años para que el presidente Leonel Fernández promulgara el reglamento 631-11 para su aplicación.
O sea, el Estado Dominicano perdió o desperdició 7 años para comenzar a poner orden en la casa en materia migratoria, dilatando el abordaje responsable de un problema que apuntaba a ser cada vez más complejo, dada la crisis económica y el desorden institucional que progresivamente ha venido tomando en Haití.

La falta de control migratorio en el tercer mandato de Fernández contribuyó, sin duda alguna, a facilitar el incremento del tráfico ilegal de ciudadanos haitianos hacia territorio dominicano, como lo muestran los datos de la Dirección General de Migración, que reportó solo 8 mil 636 repatriados hacia el lado Oeste en el año 2011.

En cuanto al presidente Medina, el 17 de enero del 2014 éste ordenó detener las deportaciones de haitianos ilegales en territorio dominicano, hasta tanto concluyeran las conversaciones en torno al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, sin dejar de reconocer que en aquel momento el Gobierno debió enfrentar una fuerte presión internacional por el impacto de la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional.
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De hecho, la mayor cifra de ilegales deportados por los gobiernos del Partido de la Liberación en un año completo, fueron los 67 mil 400 registrados por la administración del presidente Medina en el año 2019, cifra que ha sido amplia y progresivamente superada desde el año 2021.
La responsabilidad de Abinader
En el inicio de su gestión, en medio de la pandemia, el problema migratorio no parecía ser una de las grandes prioridades del país, pero en diciembre del 2020 el presidente Abinader dejó claramente establecido que haría cumplir a carta cabal la Ley General de Migración 285-04 y su reglamento de aplicación 631-11.
Y así ha sido desde el 2020 hasta ahora.

El Gobierno Dominicano ha puesto en práctica una política migratoria más respetuosa de la Ley y apegada a los derechos humanos -hasta donde se pueda esperar de una acción coercitiva- mientras ha dispuesto la repatriación de más extranjeros que en cualquier otra etapa de la vida nacional.

Por ejemplo en el año 2021 se reportaron 85 mil repatriaciones de ilegales, cifra que en el 2022 se elevó a 171,000; mientras que en el 2023 se registraron 174,602 ilegales deportados y 146 mil reconducidos de manera voluntaria en medio del conflicto surgido por la construcción unilateral en el lado haitiano del trasvase sobre el rio Masacre, y el cierre de los mercados fronterizos dispuesto por la República Dominicana.

Durante el año 2024, las repatriaciones de nacionales haitianos indocumentados fueron 276 mil 215 y ya para este 2025 el total acumulado al 31 de marzo fue de 86 mil 406 personas.

Una política de impacto integral

Pero la respuesta de la actual administración no se ha limitado a la persecución pura y simple de los ilegales y el encierro de miles de personas en el pequeño campo de concentración en que prácticamente había devenido el Vacacional de Haina.

Solo en los últimos dos años la Dirección General de Migración ha construido seis grandes centros de interdicción y procesamiento de extranjeros en Haina, Santiago, Dabajón, Jimaní, Elías Pila y Benerito-Higuey, mejorando y eficientizando esta labor y tratando a los detenidos de manera más respetuosa a su condición humana.

En cuanto a la Frontera el cambio ha sido radical, no solo por el reforzamiento militar de toda la franja fronteriza y la instalación de la verja perimetral inteligente en los puntos estratégicos de la línea divisoria con Haití, sino también por la voluntad del Gobierno de asumir el control de lo que parecía ser tierra de nadie y hacer cumplir el mandato constitucional que “declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza…”

Durante el período 2021-2024 la inversión per cápita en la zona se ha más que duplicado con relación al período 2016-2019. Además de los proyectos turísticos, viales y logísticos desarrollados en Cabo Rojo, Pedernales, Montecristi y Manzanillo, con una derrama hacia Dajabón y Santiago Rodríguez.

Al cierre del 2024 finalizaron por lo menos 42 intervenciones en 24 comunidades de seis provincias fronterizas Estas obras tienen que ver con el acceso a energía eléctrica, internet, vivienda, agua potable, saneamiento, nuevas oportunidades económicas y sobre todo en educación técnico profesional y a nivel universitario, especificicamente en Pedernales, Elias Piña, Dajabón y Santiago Rodríguez. (22 de abril 2025)