Proponen convertir municipios PR en santuarios para migrantes

SAN JUAN.- Luego de que el domingo agentes federales de múltiples agencias realizaran varios allanamientos en Barrio Obrero, San Juan, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, discutieron la posibilidad de que los municipios con alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) encaminen esfuerzos para convertirse en santuarios migratorios.

La reunión, celebrada en la Casa Dominicana de San Juan, tuvo lugar a pocos minutos del área donde se llevó a cabo la redada que resultó en el arresto de 47 personas, entre ellas ciudadanos de República Dominicana, Haití, México, Guatemala, Ecuador y Brasil.

“Voy a llamar al presidente interino de la Asociación de Alcaldes, Juan Carlos García Padilla, a ver si pueden considerar el asunto en la reunión de mañana. Tomando en cuenta que la reunión es para elegir al nuevo presidente, no sé si vayan a tener otros temas en agenda”, indicó Hernández, único aspirante a la presidencia del PPD.

Entre las peticiones planteadas en la reunión destacan la orientación sobre los derechos que protegen a las personas con estatus migratorio no definido, el ofrecimiento de ayuda psicológica y económica, y la protección de los migrantes en espacios como iglesias, escuelas y centros de trabajo.

“La orientación (sobre los derechos que los protegen) es importante. Ahí el gobierno central tiene muchos recursos que puede poner a disposición de la comunidad. Una cosa es tú decidir que no vas a obstruir, otra es tú decidir que vas a colaborar proactivamente y otra es decir que tú no vas a ayudar a la comunidad”, reiteró el comisionado residente, en posible referencia a las recientes declaraciones de la gobernadora, Jenniffer González. La mandataria había señalado que el gobierno de Puerto Rico no combatirá las órdenes migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar poner en riesgo el acceso a fondos federales.

Por su parte, Rodríguez informó que, debido a que Hernández forma parte del Comité de Seguridad Interna (“Homeland Security”) de la Cámara de Representantes, que supervisa agencias como la involucrada en las redadas, le solicitó que no se reviertan los esfuerzos logrados para la comunidad dominicana en la Isla.

“Aquí (en Puerto Rico) se aprobó la licencia de conducir, que no se les pidan papeles, la reforma de la Policía y que puedan abrir cuentas de banco. Entonces, la gobernadora está hablando de evaluar, como si quisiera eliminar lo que se ha logrado. Eso sería regresar al pasado”, expresó Rodríguez.

Ante interrogantes sobre qué recursos tiene la oficina del comisionado residente para ayudar a la comunidad dominicana en Puerto Rico, Hernández comentó que su enfoque está más orientado a la “acción efectiva” que a la “acción simbólica”.

“Lo más que nosotros podemos hacer es proveer orientación y, desde los comités correspondientes, ejercer la función congresional de supervisión. Naturalmente, podemos radicar resoluciones y legislación, pero con una mayoría republicana (en el Congreso), eso no va a prosperar”, manifestó el comisionado.

Por otro lado, tras conocerse que la designada secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra, solicitó información sobre el estatus migratorio de víctimas y testigos de crímenes, Rodríguez aclaró que, luego de una reunión con la funcionaria, esta ordenó que se les emita el documento necesario a las víctimas de violencia doméstica para que inicien el debido proceso y no sean deportadas.

“Se había comentado que ella (Parra) había pedido la información de las víctimas de violencia doméstica para delatarlas, eso no es cierto. Le llevamos el insumo de que no hay que esperar a que el caso termine para que ellas puedan comenzar el proceso de la visa U. Ella advino en conocimiento y ordenó inmediatamente que a las 50 víctimas que hay se les emita el documento para que empiecen su proceso migratorio y no sean deportadas”, reveló Rodríguez.

Ante preguntas de EL VOCERO sobre si ha entablado alguna conversación con el alcalde de San Juan, Miguel Romero, respecto a las redadas contra la comunidad migrante, Rodríguez alegó que el ejecutivo municipal ha negado conocerlo, lo que ha impedido un diálogo entre ambos.

“Es una persona que negó conocerme cuando yo me reuní con él antes y después de ganar (las elecciones). Yo le llevé una política pública para los inmigrantes y, en el foro para la alcaldía, negó siquiera conocerme”, expresó.

Rodríguez exigió una disculpa de parte de Romero antes de considerar una reunión.

“Me debe una disculpa pública a mí. Hasta que él no me pida una disculpa pública, yo no me reúno con él”, concluyó.