Senador pide al Gobierno detener desalojos forzosos en barrios de Santo Domingo

Santo Domingo.- El Senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antonio Taveras Guzmán, presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al presidente Luis Abinader, declarar de utilidad pública los terrenos donde el abogado del Estado ejecute desalojos forzosos de comunidades y/o familias con hasta 40 años de residencia.

El Senador por Santo Domingo explicó que, aunque desde el Congreso Nacional se ha trabajado para dotar de titulación a más de 27 barrios en amenaza de desalojo, en muchos casos el proceso no ha podido avanzar por los entramados de corrupción que, en el pasado permitieron vender dichos terrenos del Estado a particulares, sin tomar en cuenta el desarrollo social y humano que ya existía.

Al tomar un turno en el hemiciclo de la Cámara Alta, el senador dijo que la declaración de utilidad pública favorecería a miles de familia de La Caleta, Santa Lucía, Barrio Libertad en Boca Chica, Los Coquitos de Mendoza, Brisas de Edén, Buenaventura de Mendoza, El Isabelita, El Valiente, Boca Chica, Los Humerales de Pantoja, Villa Progreso 1, 2 y 3 de Los Alcarrizos, La Grúa de Mendoza, Nueva Jerusalén, Loma Miranda en Los Alcarrizos, y otros barrios más que cumplen con los criterios establecidos.

“Hacemos un llamado al abogado del Estado a que pare esos desalojos, y al presidente de la República para que declare estos terrenos de utilidad pública y establezca una forma de pago”, expresó Taveras Guzmán.

El legislador sustentó su propuesta en nombre de “27 barrios de mi provincia, gente humilde, gente laboriosa y gente que tiene miedo como el padre Jorge de la iglesia de Santa Lucía, que no duerme porque cree que le van a derribar su iglesia católica en la madrugada”, dijo Taveras, visiblemente afectado por la situación.

El Senador recordó que la provincia Santo Domingo tiene una población de casi cuatro millones de habitantes, con un crecimiento enorme pero desorganizado. Gran parte de sus barrios, explicó, nacieron a partir de la ocupación de tierra del Estado, por lo que junto al presidente Luis Abinader su oficina trabaja hace más de cuatro años en soluciones de titulación para evitar los desalojos y garantizar el derecho a la vivienda de miles de familias.