Sociedad civil debe seguir luchando por cambios en el Código Penal dominicano

Santo Domingo.- El director del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerados, Manuel Meccariello, afirmó que la sociedad civil debe mantenerse firme en su lucha ante el Tribunal Constitucional para lograr la modificación o eliminación de varios artículos del nuevo Código Penal, que, según él, no garantizan la protección de personas en situación de vulnerabilidad.

Meccariello advirtió que “este nuevo Código Penal, con ciertos artículos cuestionables, no puede ser un traje hecho a la medida para proteger abusos contra los derechos de grupos vulnerabilizados”.

Reconoció que el texto legal incluye avances como la tipificación de nuevos delitos, el fortalecimiento de sanciones contra la violencia sexual y de género, y la inclusión de figuras penales para combatir delitos tecnológicos. No obstante, también advirtió sobre retrocesos preocupantes, como la falta de una protección integral para mujeres y niñas, limitaciones a derechos reproductivos, y disposiciones que podrían restringir libertades fundamentales y aumentar la criminalización de ciertos grupos.

Enfatizó que “ningún artículo del nuevo Código Penal puede estar por encima de la Constitución de la República Dominicana ni de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país”.

“El rol de la sociedad civil es defender los derechos humanos. Este es un momento clave para impulsar cambios en el Código Penal. La ciudadanía debe revisar cada artículo cuidadosamente, con apoyo legal, y someter ante el Tribunal Constitucional aquellos que violen la Constitución o tratados internacionales”, añadió Meccariello.

Recordó que existe un plazo de 12 meses desde la promulgación del Código Penal para interponer acciones directas de inconstitucionalidad, abiertas a cualquier ciudadano u organización que considere que alguna disposición contradice la Constitución o compromisos internacionales.

Finalmente, hizo un llamado a las instituciones y a la población en general a movilizarse y usar los mecanismos legales disponibles para garantizar que el nuevo marco penal respete plenamente los principios constitucionales y los derechos humanos.

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