Sonados casos de presunta corrupción han dejado sensación de impunidad en la sociedad

SANTO DOMINGO, RD.- El desenlace del caso Antipulpo excava en la memoria de los dominicanos la frustración y desconfianza que ha sentido la sociedad por las decisiones de los jueces en otros casos de presunta corrupción administrativa.

Los frecuentes fracasos del Ministerio Público frente a quienes acusa de enriquecerse a costa del Estado, siguen erosionando la fe de la sociedad en el sistema de justicia dominicano.

Uno de los desenlaces que ha dejado más sabor a impunidad ha sido Odebrecht, el mayor caso de corrupción en América Latina quedó sin castigo en el país.

En 2016, la empresa constructora brasileña reveló que para salir favorecida con los contratos millonarios de obras estatales pagó sobornos a funcionarios de 10 países latinoamericanos, incluyendo a la República Dominicana, donde dejó al menos 92 millones de dólares.

El caso comenzó con 14 imputados, pero solo seis llegaron a juicio de fondo. En 2021, las juezas del primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declararon la absolución de cuatro de ellos y condenaron solo a Ángel Rondón Rijo y a Víctor Díaz Rúa a prisión suspendida.

Pero la Suprema Corte de Justicia los absolvió al considerar que el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes. La promesa del órgano persecutor, sobre una nueva investigación denominada Odebrecht 2.0, nunca se materializó.

El caso Super Tucano… involucró a varios ex funcionarios de los gobiernos del PLD, que presuntamente recibieron sobornos por más de 3.5 millones de dólares de la empresa brasileña EMBRAER, para venderle al país ocho aviones Súper Tucano en 2007.

Los acusados fueron descargados por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, sin embargo, el Ministerio Público apeló la decisión logrando que se revocará la sentencia, lo que implica que se repetirá todo el proceso desde cero.

Otro caso que enardeció a la sociedad fue el conocido como Los Tres Brazos, según el Ministerio Público, los imputados desfalcaron al Estado con la venta ilegal de cuatro millones de metros cuadrados de terreno, un fraude con el que tenían la expectativa de ganar unos 5 mil millones de pesos.

Inicialmente, un juez decidió no enviar a juicio a los acusados, pero el fallo fue revocado por la Corte de Apelación, declarando la venta irregular e inconstitucional. El caso ha llegado a la Suprema Corte de Justicia.

Mediante la llamada Operación 13 llegaron al banquillo de los acusados el exadministrador de la Lotería Nacional Luis Maisichell Dicent y otros empleados imputados en un fraude de al menos 500 millones mediante la manipulación del sorteo del 1 de mayo de 2021, para favorecer al número 13.

El fallo judicial absolvió a Dicent y condenó a otros ocho imputados. En varios de estos caos los jueces argumentaron que los documentos aportados por el órgano acusador no lograron probar la culpabilidad de los imputados.

La suspensión de contratos a varias empresas que tenían la responsabilidad de fabricar los uniformes, ha dejado a más de la mitad de la matrícula de alumnos sin uniformes y otras herramientas para acudir a las clases.

El director de Inabie aseguró este jueves, en rueda de prensa, que pese a las consecuencias que podría acarrear, se acoge a lo dispuesto por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.

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