Suprema Corte ordena transición digital de tribunales en edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional

Santo Domingo. – El pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobó la Resolución 21-2025, que dispone el uso obligatorio de medios digitales para todos los tribunales civiles, contencioso-administrativos y tributarios que operan en el edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional.

La decisión se fundamenta en estudios de vulnerabilidad estructural realizados desde 2021 por la empresa Epsa Labco, los cuales advierten sobre altos riesgos para la seguridad física de jueces, servidores judiciales y ciudadanos debido al progresivo deterioro del inmueble ubicado en el Centro de los Héroes.

La resolución busca garantizar la continuidad de los servicios judiciales sin comprometer la integridad de los usuarios, estableciendo que todos los procedimientos incluyendo solicitudes, trámites, audiencias, notificaciones y comunicaciones se realizarán de forma digital. Las audiencias presenciales solo se permitirán en casos excepcionales y debidamente justificados.

Como parte del proceso de transformación, los servicios judiciales serán trasladados a la sede de la Suprema Corte de Justicia, mientras que las audiencias se realizarán temporalmente en el Registro Inmobiliario. Esta reubicación forma parte de los preparativos para la futura Ciudad Judicial del Distrito Nacional, actualmente en planificación.

Apoyada por la Ley 339-22, que respalda el uso institucional de herramientas tecnológicas, la SCJ también ha dispuesto que en situaciones de fuerza mayor o estados de excepción, las audiencias virtuales sean la vía principal e idónea para garantizar el acceso a la justicia.

La resolución contempla el fortalecimiento del soporte técnico y logístico en cada sede judicial, con el objetivo de asegurar el acceso digital a abogados y ciudadanos, respetando siempre el debido proceso y los principios legales vigentes en cada materia.

El documento fue firmado por el presidente de la SCJ, Henry Molina, y los demás magistrados del Pleno: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Pilar Jiménez Ortiz, Francisco Antonio Jerez Mena, Fran Euclides Soto Sánchez, Nancy Idelsa Salcedo Fernández, Justiniano Montero Montero, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Rafael Vásquez Goico, Vanessa Elizabeth Acosta Peralta, Samuel Amaury Arias Arzeno, María Gerinelda Garabito Ramírez, Moisés Alfredo Ferrer Landrón y Francisco Antonio Ortega Polanco.

Con esta decisión, la Suprema Corte de Justicia reafirma su compromiso con una justicia más segura, moderna y eficiente, alineada con los estándares internacionales de acceso, transparencia y protección de derechos fundamentales.